El juzgado mercantil ha iniciado la liquidación de Unió después de constatar que no tiene viabilidad económica, con lo que la formación pone "punto final" a 85 años de trayectoria, como ha admitido en una carta de despido el secretario general, Ramon Espadaler.

El Juzgado Mercantil número 4 de Barcelona decretó en septiembre pasado el concurso voluntario de acreedores y nombró a la consultora Deloitte como administrador concursal. Este proceso, sin embargo, ha acabado sin éxito, ya que se ha concluido que no es posible un plan de viabilidad, y se ha decretado la liquidación del partido. De esta manera, el juez ha abierto el proceso de liquidación, hecho que automáticamente supone el cese de la actividad y afrontar la disolución.

El juzgado ha dictado un auto de inicio del proceso de liquidación, que el comité de gobierno de Unió, reunido esta tarde, ha acatado. "La apertura del proceso de liquidación, en razón de quiebra económica y decretada por el juez mercantil, pone punto final a nuestra trayectoria como partido político", ha escrito Espadaler en la misiva de despido a la militancia

El último capítulo de Unió

"Estamos afrontando el último capítulo de Unió, cada uno desde su propio ámbito de responsabilidad" empieza Espadaler. "No siempre hemos sido del agrado de todo el mundo lo sabemos bien y lo hemos sufrido" lamenta, añadiendo que "cuando el matiz desaparece al servicio del blanco o el negro, nosotros sufrimos las consecuencias".

El secretario general del Comité de Gobierno de Unió denuncia haber recibido "la hostilidad de aquellos que, refractarios al diálogo, se sitúan en posiciones extremas e irreconciliables, alimentándose de la mutua confrontación". En este sentido Espadaler dice que si el partido se ha disuelto no es porque hayan caducado "los principios fundacionales", sino por la quiebra económica al perder presencia parlamentaría, agravada por la escisión de Demòcrates a mediados de 2015 y una reducción de cargos públicos.

Pedir perdón

Para los integrantes, es un "proceso ciertamente doloroso" que pone "punto y final" a la trayectoria del partido. En la carta, Espadaler pide perdón "a todos aquellos que considere que la gestión de este proceso no se ha hecho con la celeridad, pericia o el tacto exigibles" y se hace responsable de la situación.

Por último, Espadaler agradece a todas aquellas personas que se han mantenido leales a Unió hasta el final y los que seguirán "defendiendo nuestro ideario en ámbito local", que no se verá afectado por la disolución hasta 2019. "Sin esta cadena de compromisos personales, la dirección del partido no hubiéramos podido afrontar estos últimos meses con la fortaleza necesaria" concluye.

Una deuda de 22,5 millones

El juzgado mercantil decretó en septiembre que la formación tenía una deuda de 22,5 MEUR y admitió unos activos de sólo 5,8 MEUR. Una vez iniciada la fase de liquidación, el administrador concursal valorará los activos que tiene el partido para valorar qué parte de la deuda se puede pagar y qué parte no a los acreedores de la formación.

En el auto de septiembre, el juez recogía que le constaba documentalmente que la formación tiene, como propiedades, la sede central de la calle Nàpols de Barcelona, más alguna otra de la ciudad de Barcelona y la de Tàrrega. Según establece la ley, el plan de liquidación se tiene que presentar en los 15 días posteriores a la declaración de la fase, mientras que la ejecución no tiene un plazo concreto.

El comité de gobierno de Unió da por acabado su mandato después de rescindir la totalidad de los contratos laborales, desvincular la Fundació Coll Alentorn (INEHCA) -que plantea convertirse en partido- y garantizar la preservación del archivo histórico de la formación fundada en noviembre de 1931.