Los 712 alcaldes citados a declarar, bajo amenaza de ser detenidos si no acatan la orden, se concentrarán este sábado a las doce del mediodía en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, convocados por la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Associació Catalana de Municipis (ACM). La concentración será otra muestra de rechazo a la actuación de la fiscalía. La reacción de los alcaldes soberanistas contra las amenazas de la justicia española ha arreciado el compromiso soberanista de todos ellos. Las amenazas casi siempre tienen un efecto bumerán cuando la presión es desproporcionada. Y el gobierno español, con la fiscalía y el TC como mano ejecutora, ha logrado compactar el colectivo de alcaldes y alcaldesas de ERC, el PDeCAT y la CUP, cuya determinación les convierte en representantes de la Catalunya rebelde. Hoy es más rupturista, pongamos por caso, Neus Lloveras, presidenta de la AMI y militante del PDeCAT, que Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona incapaz de arriesgar nada, en primer lugar por falta de convicción, pero, también, para preservar la alianza con el PSC.

Hay 712 alcaldes y alcaldesas soberanistas perseguidos por la justicia española, mientras otros pocos, oficialmente de izquierdas, como Núria Parlon, Àngel Ros, Núria Marín o Josep Fèlix Ballesteros, se alinean con el PP para reprimir lo que no está tipificado como delito en ninguna parte, que es facilitar al Govern legítimo de la Generalitat los espacios municipales para poder organizar el referéndum del 1-O. El PP ha indicado al TC y a la fiscalía cual era el camino de la represión. Por resumirlo a su manera, unos ponen la diana y otros disparan, fabricando el argumento jurídico represivo para evitar la negociación y el diálogo político. Y mientras tanto, Miquel Iceta ha impuesto al PSC una política reaccionaria que es cómplice de la derecha española más corrupta que está decidida a perseguir la libertad de expresión, reunión y manifestación. Iceta y los socialistas han quedado atrapados, abducidos, como diría el fiscal Maza, por Societat Civil Catalana y la pandilla de incendiarios que lideran una organización que se dedica a propagar el asedio a los soberanistas sin proponer ninguna alternativa.

El abuso policial y judicial cohesionará al Partit Demòcrata aunque el sacrificio pueda provocarles mucho daño, pero la complicidad de los socialistas con la represión de un Estado en manos del PP será su ruina

Iceta ha echado a miles y miles de militantes socialistas a golpe de intransigencias y de subordinación al PSOE y hoy no sabe qué oponer al referéndum, excepto pagar una campaña publicitaria contra el referéndum del 1 de octubre en la que pide a los ciudadanos que no voten. El abstencionismo socialista es compartido por Ciudadanos y PP, si bien, de momento, ninguno de los dos partidos de la derecha unionista se ha gastado un euro. Siempre hay quien quiere ser más papista que el Papa, e Iceta es una de esas personas. No he oído ni una sola palabra de condena de los alcaldes socialistas por el recurso a la fuerza por parte del PP y los tribunales, ni ante las sanciones gubernamentales contra los alcaldes soberanistas. Esta es la amenaza real contra los alcaldes y alcaldesas elegidos democráticamente y no los insultos dirigidos contra los ediles socialistas que se niegan a escuchar al pueblo. La comparación da risa, si no fuera que da pena. En este caso es evidente quien sufre una vulneración de sus derechos como cargo electo. El hashtag #DeixeuTranquilsAlsAlcaldesiAlcaldesses es más adecuado aplicarlo a los electos soberanistas que a los socialistas. Los socialistas pueden imprimir tranquilamente carteles contra el referéndum, mientras que, por el contrario, 100.000 carteles soberanistas son requisados de una imprenta de l’Hospitalet como antes lo hacían los grises. Al fin y al cabo ellos fueron los que crearon los GAL.

El PP está imponiendo una escalada represiva con el silencio cómplice de los unionistas. Lo justifican con la Constitución en la mano. Erdogan hace lo mismo en Turquía mientras expulsa funcionarios de la administración, encarcela periodistas y profesores universitarios e impone un estado de sitio en toda regla. ¿Cómo debemos entender la entrada de la Guardia Civil a El Vallenc o la persecución judicial de medios de comunicación como El Nacional, Vilaweb, El Punt Avui, Racó Català o Nació Digital para impedir que publiquen anuncios del 1-O? ¿Qué pretende Maza cuando pide a la Fiscalía Superior de Catalunya que cite a declarar al alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, al de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, al de Valls, Albert Batet, y a la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, por su condición de parlamentarios catalanes y que el Supremo haga el mismo con Ferran Bel, alcalde de Tortosa, por ser diputado a Cortes? Pues castigar al PDeCAT, porque en Madrid consideran que los demòcrates son los responsables de que el proceso soberanista haya llegado hasta aquí. En la capital española, Puigdemont es el demonio, más que Anna Gabriel, pero algo menos que Artur Mas, a quien se señala como responsable del incendio. El abuso policial y judicial cohesionará al Partit Demòcrata aunque el sacrificio pueda provocarles mucho daño, pero la complicidad de los socialistas con la represión de un Estado en manos del PP será su ruina. Quizás el PSC finalmente habrá conseguido cooperar en destruir su adversario de siempre, pero será a expensas de su propia autodestrucción.