La Fiscalía General del Estado acaba de ordenar no seguir adelante con la investigación que llevaban a cabo las fiscales del caso Púnica contra el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular. La noticia, la acaba de revelar el diario El Mundo y la ha ratificado La opinión de Murcia. A la vez, ambos medios señalan que las dos representantes del Ministerio Fiscal que habían seguido todas las vicisitudes del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, se habían negado a firmar el informe y había tenido que ser una superior suya de la Fiscalía Anticorrupción quien al final lo ha rubricado. La noticia no deja de ser llamativa, cuando menos, ya que si bien es cierto que hay una jerarquía en la Fiscalía, el beneficiario de la decisión es un presidente del Partido Popular.

Aquí, en Catalunya, sabemos muy bien de qué va eso de la jerarquía en la Fiscalía aunque lamentablemente en sentido contrario. Los nueve fiscales del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decidieron por unanimidad que no había delito en la consulta o proceso participativo del 9-N y la Fiscalía General del Estado ordenó que se presentara una querella contra el president de la Generalitat Artur Mas y las conselleras Joana Ortega e Irene Rigau por los delitos de desobediencia y prevaricación. Claro está que, a la vista de lo oído  la semana pasada en las diferentes intervenciones del juicio contra el 9-N y el brillante alegato final del fiscal Emilio Sánchez-Ulled, cabría pensar que aquella decisión inicial de los nueve fiscales del TSJC fue poco menos que un calentón o un acto precipitado. Si no cuesta de entender para los profanos en la materia tamaño error de valoración de los fiscales del TSJC.

Desconozco por completo, más allá de lo que he leído, si son ciertos o no los delitos de que se acusa al presidente Sánchez, que tienen que ver con revelación de información reservada, fraude y cohecho en diferentes contratos con empresas. En cambio si sé que los delitos de desobediencia y sobre todo y de manera muy clara el de prevaricación, de los que se acusa a Mas, Ortega y Rigau, carecen de base sólida e irrefutable para que sean castigados. Así lo han señalado diferentes juristas no implicados en la causa una vez concluido el juicio de la semana pasada. Después habrá quien se queje del desprestigio de las instituciones, pero es que cuesta pensar que todo es debido a la casualidad.

Por cierto, aunque como principio general no tiene fecha, ni tampoco previsión, la sentencia del juicio a Mas, Ortega y Rigau sería deseable que los magistrados del TSJC la emitieran antes de que el Tribunal Supremo diera a conocer el fallo del juicio que llevará a cabo contra el diputado y exconseller de la Presidència Francesc Homs por los mismos delitos que se han juzgado en Barcelona. No es bueno el runrún que se ha instalado en la capital catalana de que existe un interés político para intentar retener el fallo hasta que se pronuncie el Supremo.