Con la aprobación por parte del Parlament de una resolución de Junts pel Sí y la CUP instando al Govern a convocar un referéndum sobre la independencia de Catalunya, como muy tarde en la segunda quincena de septiembre, se produce, seguramente, el mayor acto de desacato a las continuadas advertencias del Tribunal Constitucional durante los últimos meses. En un día repleto de actos del TC para demostrar su autoridad y, de paso, ejercer su evidente capacidad intimidatoria, el Alto Tribunal dio un primer aviso por la mañana anunciando que había pedido al fiscal que actuara penalmente contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y comunicó horas después que había tumbado diferentes artículos de la ley catalana de igualdad entre hombres y mujeres.

A este último fallo se suma el conocido la víspera respecto a la suspensión de la ley catalana que prohíbe las corridas de toros en todo el territorio. Simultáneamente, otro tribunal, el Supremo, anunciaba su intención de pedir al Congreso de los Diputados el suplicatorio de Francesc Homs por desobediencia al TC y prevaricación en la consulta del 9-N de 2014 cuando era conseller de Presidència, siguiendo así el mismo túnel judicial en el que se encuentran el expresident Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau. Todo este vendaval judicial, en tan solo 24 horas.

Aunque la aprobación de la resolución del Parlament no ha sumado más votos afirmativos a los de los 72 diputados independentistas, del bloque del no se ha desgajado Catalunya Sí que es Pot, que se ha abstenido, en un guiño de los comunes a los independentistas y en un esfuerzo por buscar una difícil equidistancia. En el no han quedado un total de 52 diputados de C's, PSC y PP, aunque técnicamente no han votado y, en consecuencia, se da la paradoja de que se ha aprobado el referéndum sin ningún voto en contra. La tensión de la jornada parlamentaria del 6 de octubre de 2016 quedó también reflejada en la contundente respuesta de Carme Forcadell al TC, acompañada de otros tres miembros de la Mesa: "No conseguirá detenernos, ni atemorizarnos".

La cuenta atrás hacia el referéndum se ha iniciado en sede parlamentaria y con un fuerte choque entre las dos instituciones catalanas -Parlament y Govern- y el TC. El vicepresident Oriol Junqueras y el conseller Romeva, como responsable de Participación, tienen ahora el encargo del president Puigdemont y el mandato del Parlament de organizar un referéndum que pese a que se pretende pactado todo el mundo sabe que no será así. Y de adoptar una serie de decisiones que serán progresivamente impugnadas por el Gobierno español y llevadas al Constitucional. Aunque faltan muchos capítulos, la partida final ha dado comienzo.