Noviembre ha arrancado como uno de los meses más importantes en cuanto a avances regulatorios para el sector eléctrico en Catalunya. El 31 de octubre el Govern aprobaba con modificaciones el decreto de resiliencia eléctrica que debe simplificar los trámites para renovables e impulsar las baterías, que el Parlament debe aprobar por fin esta semana. El 3 de noviembre la Generalitat presentaba el Plater que debe hacer público el mapa con los terrenos disponibles para implantar renovables. Un día después, era el Consejo de Ministros quien aprobaba por decreto el paquete antiapagones que el Congreso tumbó en julio. Además, el 30 de octubre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia planteaba una mejora de la retribución a las redes que el sector exigía. Pero todo esto puede chocar con una red saturada sin espacio para nuevos puntos de conexión.
Se trata de tres avances normativos que deben ser claves para que Catalunya salga de su estancamiento en renovables, que hoy cubren solo alrededor del 20% de la demanda eléctrica, menos de la mitad del porcentaje que ha alcanzado de media España, donde el 50% de la electricidad proviene de fuentes limpias. La simplificación administrativa y una normativa más clara en cuanto a los terrenos agrícolas que se pueden ocupar deben marcar el ritmo de aceleración, y las primeras regulaciones de baterías apuntan a hacer de Catalunya una región líder en almacenamiento, compensando parte del déficit de generación.
El decreto catalán de resiliencia eléctrica establece que las instalaciones de almacenamiento eléctrico, básicamente baterías, son de utilidad pública e interés social y sin necesidad de cambiar la calificación cuando se instale en suelos industriales. El decreto rebaja la condición de interés público general que se quería aplicar a los parques de renovables para facilitar la aceleración de la implementación, porque Esquerra y Comuns entienden que es necesario que el territorio continúe teniendo voz.
Pero otorga competencias a los municipios para participar en las comunidades energéticas, agiliza la instalación de los autoconsumos de menor potencia (hasta 500 kW no se necesitarán permisos) y las placas fotovoltaicas que se quieran poner en pérgolas de aparcamientos. También promueve la energía agrovoltaica donde conviven placas elevadas con los cultivos e intenta armonizar la actividad agrícola con las renovables incorporando el consenso al que llegaron el sector fotovoltaico y las comunidades de regantes, para que no se puedan poner placas en tierras de regadío con algunas excepciones y se priorice la instalación en tierras de secano.
Desde el sector fotovoltaico, el portavoz de UNEFCAT, Salvador Salat, cree que con este decreto "Catalunya se coloca en una posición de liderazgo en la regulación de la autorización de proyectos de almacenamiento electroquímico con baterías tanto para la hibridación con la generación renovable como para la acumulación estacionaria". Celebra además que "se da un paso importante para el relanzamiento del autoconsumo" y con la regulación de las comunidades energéticas.
El decreto se tiene que aprobar esta semana en el Parlament y se ha trabajado y pactado con Comuns y Esquerra, pero fuentes del Govern alertan que "a veces hay sorpresas" y no lo quieren dar por hecho.
Salat, en cambio, no se posiciona ante el Plater, que delimita que Catalunya tiene 7.233 km² para instalar placas fotovoltaicas y 5.791 para parques eólicos, de los cuales solo necesitará 383 km² para instalar los 48.000 MW que necesita en terrenos naturales. Salat entiende que "el debate público que se iniciará con la presentación de los primeros datos del PLATER ayudará a hacer públicas y visuales estas zonas y contribuirá a la toma de conciencia de la muy reducida ocupación del territorio", pero recuerda que las delimitaciones ya están claras para el sector y que mientras se aprueba el Plater los proyectos no se detienen.
En el decreto antiapagones aprobado por el Consejo de Ministros se hizo con ciertas rebajas por el rechazo del Congreso. Prevé más control de tensión de la CNMC para prever apagones, inspecciones extraordinarias sobre las capacidades de reposición de suministro cada tres meses y abre la puerta a modificaciones normativas para compensar las oscilaciones de red. Para frenar el acaparamiento y la especulación de los puntos de acceso a red fija su caducidad al cabo de 5 años, así como obliga a que se declare qué actividad económica lo pide. Prevé además un objetivo de almacenamiento de 22,5 GW de cara a 2030, con prioridad para la hibridación en plantas ya existentes.
Salat expresa que con este decreto "se da rango legal a las medidas que permitirán la mejor gobernanza del sector eléctrico para hacerlo más adaptado a la futura creciente generación renovable, integrándola en la misma gestión del sistema" y celebra el impulso a las baterías con una vía "más ágil y efectiva".
Las redes, el próximo reto
Pero los avances normativos coinciden con una limitación que puede frenar las renovables: la saturación de la red y una retribución que el sector considera insuficiente. En Catalunya un 90% de la red eléctrica está saturada, por encima de la media española, con una descompensación entre la generación que proviene mayoritariamente del sur y el oeste y un consumo que se concentra en el área metropolitana de Barcelona, donde hay más peticiones de demanda, también saturada.
El ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha dispuesto en información pública su propuesta de planificación eléctrica de cara a 2030, que eleva hasta 13.600 millones las inversiones previstas y que las renovables integradas aumenten a 159 GW acompañadas de 22 GW de almacenamiento. Desde Unefcat, Salat alerta de que existe una "contradicción" por las capacidades reservadas a concurso o las que se dejan sin ocupar, que dan margen para corregir esta saturación. "España no se puede permitir invertir continuamente para dejar una reserva de capacidad ociosa en las redes. Es imperativamente necesaria la revisión de los criterios de estimación de las capacidades para acercar las capacidades reales a las capacidades que se calculan", añade.
Paralelamente, y atendiendo a las reivindicaciones del sector, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia mejoró la retribución a las redes del 6,46% al 6,58%, por debajo de entre el 7 y el 7,5% que pedía el sector. Desde Endesa, que controla la mayor parte de la red eléctrica de Catalunya, lamentan que se trate de una retribución "que no responde a los valores de mercado" y que dificulta las inversiones necesarias para el periodo entre 2026 y 20131.
La eléctrica compara la retribución con otros países de Europa, como Alemania, que paga un 7,4%, o Italia, que llega al 8,7%, con una media por encima del 7%. Fuentes de Endesa lamentan que la propuesta no tiene en cuenta los gastos en operación y mantenimiento.
Piden también una agilización de las tramitaciones para redes, que tardan de media 7 años en recibir los permisos, y liberar espacio con más requisitos para conceder accesos a red (avales, eliminar peticiones duplicadas) para que solo queden las peticiones de acceso realmente vinculadas a proyectos de inversión y no a especuladores. Es necesario, defienden, "limpiar" los proyectos que no se han puesto en marcha. Según la patronal eléctrica Aelec, en España hay 60.000 millones de inversión en riesgo.
En Cataluña, apuntan desde Endesa, solo 60 de los 354 nudos eléctricos existentes tienen capacidad disponible y apenas suman 1.086 MW. Sin una mejora de remuneración y una liberación de redes, alertan, de poco servirá que se agilice la tramitación de renovables.