"¿El Verifactu? ¡Nos costará 3.000 euros!". Esta es la exclamación de la propietaria de un obrador con tienda, en un municipio de la demarcación de Barcelona, cuando se le pregunta por el nuevo sistema de facturación electrónica que debe cumplir dentro de un mes, el 1 de enero de 2026. Ella, como miles de pequeños comercios, restaurantes y empresas de servicios, ven el nuevo sistema de facturación electrónica de Hacienda con reticencia, incertidumbre y rechazo. Aun así, defienden los objetivos de transparencia fiscal que persigue la norma.
Las patronales y los gremios llevan meses informando de los pros y los contras del nuevo sistema informático que necesitarán para "cumplir con una nueva obligación", que no ven "qué aporta". Para la mayoría es un nuevo quebradero de cabeza y un coste añadido a una inversión en digitalización que ya habían hecho.
En el mejor de los casos, tienen un proveedor de servicios informáticos que dispone del software correspondiente y certificado por Hacienda, pero muchos otros acumulan facturas en papel y archivos.
Una encuesta reciente de Pimec lo corrobora: solo un 7% de los establecimientos ya dispone de un sistema de facturación adaptado a los requisitos del nuevo reglamento, mientras que un 17% se encuentra en proceso de adaptación y un 76% todavía no ha iniciado ninguna actuación para cumplir con la normativa, que entrará en vigor y con carácter obligatorio el 1 de enero de 2026 para las empresas, y el 1 de julio de 2026, para los autónomos.
Sobre el coste de adaptación, el 51% de los encuestados afirma que no ha podido valorar qué inversión deberá realizar. De los que sí lo han hecho, el 25% calcula un gasto de entre 1.000 y 6.000 euros, el 15% prevé una inversión superior a 6.000 euros y el 9% inferior a 1.000 euros. En relación con los obstáculos principales, el 31% identifica la falta de conocimiento, el 27% los elevados costes del software y el 26% considera que el problema principal es la falta de apoyo y de información clara.
La asociación Barcelona Comerç constata que será un detonante más para el cierre del pequeño comercio regentado por personas de edad avanzada y por aquellos que tengan que hacer una inversión importante, que puede llegar a costar más de 6.000 euros. El sistema debe adaptarse y hay actividades comerciales y de servicios que sufren carencias técnicas, costes elevados de adaptación y poca capacidad para asumir cambios tecnológicos en tan poco tiempo. Para poner un ejemplo, hay establecimientos que deben modificar las balanzas, los TPV, la pantalla que lo gestiona… Por ello negocios como los del gremio de la carne o del pescado y las charcuterías han puesto el grito en el cielo y piden al gobierno español un calendario flexible y gradual hasta 2028, con medidas de apoyo para que ninguna empresa se quede atrás.
Más excepciones y subvenciones
A la petición de una moratoria se han sumado muchas asociaciones, patronales y entidades. Desde Pimec se ha reclamado un plazo razonable -de dos años- que permita la implementación del Verifactu progresiva y ordenada, con medidas correctoras y una planificación gradual que tengan en cuenta la realidad de estos sectores de actividad económica. En este sentido, la entidad también propone, además de la moratoria, exenciones específicas para personas físicas mayores de 60 años sin personal contratado y la flexibilidad para colectivos vulnerables, con la posibilidad de prórrogas o ayudas específicas para empresas con baja capacidad tecnológica o económica.
En la misma línea, las patronales estatales Ceoppan -que agrupa los hornos-, Cedecarne -carnicerías y charcuterías- y Fedepesca -pescaderías- hacen valer que en el País Vasco, con la implantación del sistema fiscal propio TicketBAI -que comparte finalidades similares al Verifactu-, fueron sensibles y previeron flexibilizaciones, como que los mayores de 60 años que ejercían una actividad económica sin personal contratado quedaron exentos de la obligación y establecieron un período más amplio para su adaptación obligatoria.
Los representantes del comercio minorista han solicitado también deducciones fiscales en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades para hacer más atractivo el cambio y recompensar a los que se adhieran antes, y también ayudar a paliar parcialmente la inversión para la compra de programas informáticos y soporte técnico y formativo.
Pánico a cometer errores, al control y a las sanciones
Los proveedores de servicios informáticos han homologado el *software* correspondiente para que los clientes de sus consultorías no tengan problemas al hacer el cambio, porque el reglamento de sanciones que ha establecido Hacienda ante el incumplimiento de la norma es, como mínimo, importante. Es en el mismo régimen sancionador, vinculado al control de la nueva facturación electrónica, donde se determina que si se comete un error en una factura (la cantidad, el IVA o los datos del cliente) no se puede alterar la original, sino que se debe emitir una nueva factura rectificativa que corrija la situación.
Las infracciones por tenencia de sistemas no certificados se pueden sancionar con multas de 50.000 euros por cada ejercicio, mientras que la fabricación o comercialización de programas fraudulentos puede llegar a los 150.000 euros.
"Este régimen de control ha creado un cierto pánico, pero debe entenderse como todo lo contrario, porque Hacienda se focalizará más en supervisar la facturación de aquellos que no hayan adaptado el Verifactu, dado que por sí solo ya es un método de control", aclara Lourdes Pesado, asesora fiscal en Talenom, consultora de servicios integrales de gestión de negocio para pequeñas empresas y emprendedores.
Familiarizarse con el sistema
Pesado también recomienda adaptarse y usarlo "ahora mismo, antes de que sea obligatorio, para familiarizarse con el sistema, detectar qué errores se pueden cometer y aprender a solucionarlos". Para esta asesora, "el Verifactu debe entenderse como una oportunidad para avanzar en la digitalización en el caso de las empresas que ya han iniciado el proceso, y para introducir la digitalización, el resto que aún no lo han hecho". "Se modernizarán los negocios y se llevará un control interno de la facturación más exhaustivo y, por tanto, más beneficioso", añade.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, también es del mismo parecer: empezar cuanto antes mejor, aunque no estén obligados hasta el 1 de julio. ATA ha recordado que, mientras no entre en vigor la norma, porque durante los siete meses que tienen por delante no se tendrán en cuenta los posibles errores fruto de la adaptación al nuevo sistema. La vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, ha manifestado que "independientemente de que haya exclusiones en Verifactu, ante la duda, se debe adoptar siempre". Al mismo tiempo, ha reclamado que "la Administración no debe olvidar que se está obligando al autónomo a asumir un coste por dar cumplimiento a una normativa y debe buscar todas las vías posibles para que se subvencione, ya sea mediante un nuevo programa como el Kit Digital, o cualquier otro".
No obstante estas recomendaciones, Pesado reconoce que hay profesionales poco avezados al uso de herramientas informáticas a quienes se les hace más difícil. En línea con esto, el presidente de Barcelona Comerç, Próspero Puig, alerta que en el caso de comercios regentados por personas de edad avanzada y cercanas a la jubilación, la nueva normativa “acelerará el cierre” porque la inversión que deberán hacer para adaptar todos los dispositivos electrónicos “no les saldrá a cuenta a corto plazo” y apostarán por bajar la persiana.
Quizás por eso, Lourdes Pesado, desde la asesoría fiscal de Talenom recuerda, que no solo la Agencia Tributaria española ha puesto a disposición de los contribuyentes una aplicación gratuita de facturación electrónica, sino que además, pymes y autónomos -acostumbrados a presentar las facturas en word o en excel- pueden acogerse al Suministro inmediato de información (SII) para la remisión electrónica de los registros de facturación, los 4 días naturales desde la expedición de la factura o desde la fecha en que se produzca el registro contable de esta.