Diferentes sectores coinciden en el hecho que las trabas burocráticas, los retrasos fuera de plazo, la lentitud de sus acciones o la falta de criterios comunes afectan directamente en procesos que apuestan por las energías renovables. Tenemos ejemplos recientes: recibir una ayuda del Plan Moves puede suponer una espera de prácticamente dos años. Así pues, si se quiere favorecer la compra de un coche eléctrico, saber que aquella ayuda no la percibirás dentro de los días marcados por la administración no es una motivación añadida. De hecho, el ICAEN es el responsable de tramitarlo en Catalunya, como el resto de comunidades que gestionan los pagos, y ha admitido que asumirá los retrasos duplicando al personal administrativo para desencallar la situación.
Otra derivada es la lentitud al instalar puntos de recarga que ha denunciado la patronal de los fabricantes de automoción, Anfac. El compromiso del pasado 2022 era poner cerca de 45.000 por toda España, el año se cerró con 18.000 y muchos de ellos no funcionan por falta de potencia, entre otros problemas que la administración no ha previsto.
Hay que saber leer los porcentajes
Ahora, se suma uno nuevo: la instalación de placas fotovoltaicas. La Federación de Gremios de Instaladores de Catalunya, FEGiCAT, es una de las entidades que forma parte del Observatorio de Energías Renovables que acaba de publicar su último informe. El gran titular es que durante el año 2022 en Catalunya se instalaron más placas solares para el autoconsumo que en los últimos 20 años juntos. Así pues, durante el 2022 entraron en funcionamiento 39.118 nuevas instalaciones fotovoltaicas con una capacidad de 294 MW, un aumento del 307% respecto del 2021.
Sin embargo, FEGiCAT considera que la trayectoria es buena, pero lejos de alcanzar los retos que la transición energética marca. Un dato relevante es que tan sólo el 10,2% de la superficie de los tejados disponibles para llevar a cabo esta instalación está en uso en la actualidad. Si le damos la vuelta, "el 89,8% está libre para implementar estas instalaciones de autoconsumo", tal y como subraya el director general de FEGiCAT, Raúl Rodríguez.
Trabas burocráticas
A partir de aquí, se desgranan las barreras principales que frenan este cambio hacia la sostenibilidad en Catalunya, pero también en el resto del Estado. Nuevamente, el mantra de la falta de agilización de la administración se repite. Así pues, sostienen que hay barreras en la tramitación de las instalaciones de autoconsumo de los ayuntamientos. Todos ellos tienen prácticamente trámites que son diferentes para solicitar la licencia de obras. Un ejemplo directo: de los 60 municipios analizados por FEGiCAT no hay coincidencias de documentación en ninguna. Todas son sensiblemente diferentes. El director general de FEGiCAT, Raúl Rodríguez, lo tiene claro: "Es un desenfreno increíble en términos de autoconsumo tener procesos tan diferentes en la solicitación de estas instalaciones".
Pero también existen barreras entorno aquellas operaciones donde hay un cierto vacío en la normativa actual y que la compañía distribuidora que se encarga de gestionar y mantener la red, impone diferentes maneras de autoconsumo. Las empresas instaladoras se encuentran con criterios técnicos sin traducir en ninguna norma y, en paralelo, la compañía considera que se tienen que aplicar sin consensuar con el sector.
La falta de instaladores
Y un aspecto que es una lacra de muchos sectores, pero también depende de los gobiernos: la formación. En el 2022, en las ramas que forman parte de formaciones que habilitan para ser empresa instaladora, se han graduado 2.914 alumnos. Si eso lo analizamos respecto de las necesidades actuales de 18.000 trabajadores para este 2023 y el reto para el año 2050 de llegar a los 110.000 profesionales, el sector continúa con una problemática y, ahora, acumulada.
La respuesta de la administración se ha enquistado. Soluciones exprés para tapar agujeros, como ampliar de 15 a 30 trabajadores en el caso del Plan Moves. O justificarse los unos a los otros pasándose las responsabilidades, sobre todo desde el gobierno central en los respectivos gobiernos autonómicos, que se convierten en gestores técnicos. Y, sobre todo, en el campo de las renovables, sostener que los cambios son demasiado nuevos y hace falta más tiempo. Pero la agenda 2030 que marca la Unión Europea está a siete años vista y, esta y sus sanciones, no esperarán si no se cambian los objetivos actuales.