El decreto antiapagones 7-2025 elaborado por el Gobierno con el fin de reforzar el sistema eléctrico puso de acuerdo, en contra, partidos tan distantes en la gran mayoría de asuntos como Podemos, Vox, Junts y PP. En cambio, en la otra cara de la moneda, también coinciden, pero al lamentar que no salga adelante, sectores tan alejados en otras ocasiones como sindicatos y patronales y también los ecologistas de Greenpeace. ¿Pero qué medidas exactamente había en el decreto y como afecta las empresas y ciudadanos?

Curiosamente, Podemos alegaba que decenas de entidades ecologistas los habían pedido votar en contra, por el excesivo poder que daba a las grandes empresas a la hora "de especular con renovables" y para no prever sanciones en caso de un apagón de la cual culpan a las compañías. Ahora bien, Greenpeace, aunque fue crítico con el decreto, reaccionó "lamentando" el rechazo, ya que "a pesar de carencias, habría supuesto mejoras claves para el autoconsumo y el despliegue de baterías". Comisiones Obreras ha pedido en el Gobierno que vuelva a llevar al Congreso el decreto y la patronal eléctrica Aelec alerta de que hay 200.000 millones de euros de inversiones amenazados, basándose en un informe que elaboró PWC.

¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la nueva ley fomenta la inversión en redes de transporte y distribución, que hay que renovar con el fin de mejorar la cobertura eléctrica ante la complejidad que crece con la proliferación de parques eólicos y fotovoltaicos, que multiplican los puntos de generación y, por lo tanto, los lugares desde donde se tiene que transportar la luz a fin de que llegue a los hogares, empresas e instituciones.

La "resiliencia" del sistema eléctrico, es decir, la capacidad de adaptarse a los cambios y variaciones, era el principal objetivo de este decreto y la principal carencia de la red que provocó el apagón con los datos que hoy se tienen.

Y una red más fuerte es también más resiliente, por lo cual el Gobierno fijaba la inversión de 931 millones de euros en redes y 600 millones para compensar el CO₂ de la industria, así como 500 millones de ayudas para la eficiencia energética.

El decreto tenía tres pilares: el refuerzo de la supervisión y el control de tensión, el almacenamiento y flexibilidad y, en tercer lugar, la electrificación.

El Gobierno ponía en manos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) un "informe de seguimiento de control de tensión de todos los operadores" y establece inspecciones y un plan de trabajo con propuestas de regulación y sistemas de estabilización de la red.

Se preveía que se concedieran nuevos puntos de conexión a red por sistemas pensados solo para mejorar la red y que haya restricciones técnicas a los sistemas que perjudiquen la red.

La apuesta por el almacenaje, una vez aprobado el marco legal de las baterías, es también clave. El almacenaje permite generar renovables cuando no sopla el viento, ni hay solo porque se ha guardado la energía que no se utilizaba. Y la ley, después de aprobar subvenciones de 700 millones para las baterías, el nuevo decreto aprobaba una agilización de los trámites, que sumaria flexibilidad en la red.

La nueva ley, y aquí está donde más afecta a los hogares, contenía también medidas para favorecer el autoconsumo tanto en los hogares como en las empresas y la aerotermia, sistema de climatización eléctrica que tiene que extenderse a los hogares, pero requiere una gran inversión inicial. Con respecto al autoconsumo, se amplía el radio hasta el cual se puede conectar un dispositivo a un autoconsumo, pasa de 3 a 5 kms, y crea la figura del agente independiente de autoconsumo que pueda facilitar el acceso del autoconsumo colectivo.

Y en cuanto a las aerotermias, se modificaba la ley de propiedad horizontal a fin de que los ayuntamientos puedan bonificar el IBI o el impuesto de construcciones y obras para proyectos de aerotermia, como ya se hace con el autoconsumo.