El Gobierno no ve con buenos ojos la primera carta que ha recibido de Endesa e Iberdrola para alargar la vida útil de las centrales nucleares españolas. Fuentes del ministerio de Transición Ecológica confirman a ON ECONOMIA que han recibido esta carta, tal y como ha publicado Cinco Días, pero aseguran que la petición no cumple las tres líneas rojas del Gobierno con el fin de tramitar una petición formal: que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un coste más elevado para los ciudadanos.

Las mismas fuentes indican que la carta "no la firman ni Naturgy ni EDP, las otras dos compañías firmantes del protocolo de cierre de 2019" y recuerda que, "en varias centrales, Almaraz entre ellas, hay una comunidad de bienes que obliga a la unanimidad de los partícipes, con independencia de su porcentaje de participación."

Según el ministerio, "la carta es una declaración de intenciones, condicionada a modificar el vigente marco normativo de las centrales, en perjuicio de consumidores y ciudadanos, ya que reduce la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas".

Desde hace unos meses, las dos compañías eléctricas defienden la necesidad de ampliar la vida útil de las centrales nucleares españolas (Almaraz, Vandellós, Ascó, Trillo y Cofrentes), pues consideran que el sistema eléctrico no está preparado para prescindir y que aportan estabilidad a la red. Después del apagón del 28 de abril, incrementaron la presión pública con el fin de conseguir este alargamiento, pero esta es la primera carta formal enviada al ejecutivo. El caso más urgente es el de Almaraz, que tiene el cierre previsto para el 2028 y, en caso de que se tenga que cerrar se tendría que tramitar en el próximo año.

Con respecto a las centrales catalanas de Ascó y Vandellòs, en la provincia de Tarragona, generan más de la mitad de la electricidad que se produce en Catalunya y más de un 40% de lo que se consume y son las que generan más debate. Endesa tiene el 100% de Ascó I, el 85% de Ascó II y el 72% de Vandellòs, entre que Iberdrola tiene el 15% de Ascó II y el 28% de Vandellòs.

Lo que defienden las eléctricas es que la ampliación de la vida útil tiene que ir acompañada de una rebaja fiscal, especialmente en aquellas comunidades autónomas que tienen más presión fiscal que se añade a los impuestos estatales. En el caso de la Comunitat Valenciana, han conseguido que el gobierno de Mazón suprima el impuesto autonómico.

La carta ha trascendido justo el día que la Comisión Europea ha publicado los planes europeos para la energía nuclear, que tiene que complementar el papel clave de las renovables y requiere inversiones de 241.000 millones de euros hasta el 2050 tanto para la ampliación de la vida útil como para la construcción de nuevos reactores nucleares. Cada estado miembro tiene derecho a escoger su mix energético, pero siempre que esté comprometido con la descarbonización, la competitividad industrial y la seguridad de suministro.

En el camino opuesto al escogido por España y Alemania, hasta ahora el único país que ha decidido cerrar sus centrales nucleares, se prevé que la capacidad nuclear instalada pasé de los 98 gigavatios eléctricos actuales a los 109 en el 2050. Entre los países que más reactores están haciendo o quieren hacer está Francia, que prevé construir dos más y llegar a los ocho.