La prevención es la mejor forma de evitar las urgencias. No solo en materia de salud. En vivienda, los gobiernos de todos los colores, tanto en el ámbito de Catalunya como estatal, llevan años no solo sin aplicar la prevención, sino que, con el paciente mostrando evidentes síntomas de enfermedad, han mirado hacia otro lado. Cuando han empezado a prestar atención, miraban al hígado cuando el problema estaba en los pulmones, y cuando se han decidido a actuar sobre el problema, quizá ya es demasiado tarde y el tratamiento es claramente insuficiente.

El último tratamiento es el anuncio de Pedro Sánchez, del pasado jueves, de un PERTE de 1.300 millones para construir 15.000 viviendas industriales. Puede parecer una idea estrambótica, pero cuando hablamos de casas prefabricadas, no debemos imaginar barracones. Buena parte de la construcción industrial y logística ya se realiza de esta forma, con estructuras prefabricadas, y sus estándares de confort, resistencia y aislamiento son altos. Para uso residencial, es más habitual en otros países, y es una solución interesante porque permite construir más rápido y a un menor coste.

En vivienda, los gobiernos llevan años que, con el paciente mostrando evidentes síntomas de enfermedad, han mirado hacia otro lado

El problema de esta medida es otro. Es una tirita para tapar una hemorragia grave. Primero debe ponerse en marcha, y ya se sabe que la administración española no destaca por su agilidad. Después, poner suelo disponible y construir. Estos 15.000 para el primer año, ya veremos cuándo llegan. Y 15.000 más cada año hasta 2035 es un cálculo más que optimista, por no hablar de los 20.000 a partir de 2035, teniendo en cuenta también los cambios de gobierno que puede haber hasta ese momento y los giros en la política de vivienda que impliquen.

Pero supongamos que lo creemos y se construyen 150.000 viviendas prefabricadas en la próxima década. Ojalá se hagan, pero España seguirá estando muy lejos de cubrir las necesidades de vivienda. Incluso si sumamos todas las medidas anunciadas por el gobierno español: disponer de 30.000 pisos de la Sareb y construir 43.000 viviendas de alquiler social. Estaríamos hablando, por tanto, de más de 220.000 pisos asequibles o sociales; apenas suponen el 12% de lo que se prevé que necesitan las familias españolas en esta proyección de una década.

Se calcula que España necesita 1,8 millones de viviendas asequibles en diez años, mientras que las medidas de Sánchez prevén hacer 220.000

Según los datos del grupo Viso, un think tank que promueve la vivienda social y asequible, España necesita ya 814.000 pisos asequibles, y 1 millón más en la próxima década. Es decir, para que se entienda, que en el caso hipotético de que este año se consiguieran 814.000 viviendas asequibles y las necesidades quedaran reducidas a cero, cada año harían falta 100.000 más para cubrir nuevas necesidades. Por tanto, de cara a 2035, se requerirían más de 1,8 millones. Esos 220.000 de los que habla Sánchez son, como se dice vulgarmente, el chocolate del loro.

Esto muestra que el gobierno español no puede actuar solo, necesita que las comunidades autónomas y las administraciones locales también lo hagan. En Catalunya, Salvador Illa anunció en octubre 50.000 pisos de alquiler social hasta 2030. De nuevo, insuficiente. Un estudio de la cátedra Vivienda y Futuro de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE), estima en 313.000 las viviendas protegidas que necesita el país en los próximos 15 años, casi 21.000 cada año.

La buena noticia es que parece que los gobernantes han entendido que el problema principal era de oferta: no hay vivienda, ni protegida ni libre

La buena noticia de todo esto es que parece que los gobernantes han entendido, después de que el sector inmobiliario lo haya repetido durante años, que el problema principal era de oferta: no hay vivienda. Ni protegida ni libre. Y mucho menos de alquiler. Las políticas públicas se detuvieron tras la crisis financiera de 2008 y la falta de suelo y la desconfianza de las administraciones hacia el sector hizo que cuando se recuperó la demanda, no se pudiera generar suficiente oferta. Para acabar de formar el cóctel Molotov que ha explotado con la actual escasez y precios desorbitados de la vivienda, aparecieron los pisos turísticos, los alquileres de temporada, los inversores y los especuladores, que restringieron aún más la oferta mientras los gobiernos no hacían nada por incrementarla y la demanda crecía.

Han entendido que falta oferta, pero siguen centrados en intentar controlar lo que ya se les ha ido de las manos, y con medidas a menudo contraproducentes, como limitar los precios del alquiler. Volviendo al Govern de la Generalitat, desde el anuncio de los 50.000 pisos, todo lo que se ha puesto sobre la mesa han sido restricciones, vetos y medidas fiscales. No cuestiono la buena voluntad de las propuestas, pero sorprende que un Illa que se ha vendido como amigo del empresariado repita los errores de ERC o de Ada Colau de actuar sin diálogo con el sector, mostrando una desconfianza que no es positiva, ya que si tienes que hacer todos los pisos que los catalanes necesitan en la actual situación de emergencia social, tienes que contar con los promotores sí o sí, hablar con ellos, entenderlos y buscar el encaje para que sean parte de la solución.

Si tienes que hacer todos los pisos que los catalanes necesitan en la actual situación de emergencia social, tienes que contar con los promotores sí o sí

Esto no lo digo yo solo. El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, que agrupa al sector de la construcción y de las infraestructuras, pero también a Foment del Treball y al Col·legi d’Economistes de Catalunya, ha elaborado numerosos informes, el último hace un mes, en los que propone medidas para hacer frente a la falta de vivienda asequible y pide a las administraciones que cuenten con el sector.

En lugar de eso, Illa se ha enfrentado a los empresarios con quienes hasta ahora tenía buena relación. Sus declaraciones, este mes, defendiendo “intervenir” el mercado de la vivienda para ganarse a la CUP y la subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para algunos colectivos han sido la gota que ha colmado el vaso y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha estallado contra el Govern, al que ha acusado de perpetrar “el mayor ataque que se ha hecho a la propiedad privada y a la libertad de empresa en España desde la restauración democrática”. Palabras gruesas que muestran el distanciamiento de Illa respecto a los empresarios, así como del sector inmobiliario y de la construcción. Las víctimas, sin embargo, son las familias que tienen dificultades para acceder a una vivienda y las generaciones que deben emanciparse y se ven excluidas del mercado residencial.