Un año más, el clímax de la temporada turística en Catalunya y España vuelve a hacer aflorar uno de los principales debates del país, de recurrencia anual: ¿estamos satisfechos con el modelo económico que tenemos? ¿O mejor dicho, la composición sectorial de las economías catalana y española es sana? La acumulación de turistas en determinados lugares, y la naturaleza de este turismo -en algunos casos, digamos, no particularmente sofisticado - genera evidentes preocupaciones sobre si las externalidades que genera, es decir, los impactos sociales y económicos, quedan realmente compensados por los ingresos en que nos aporta. Es decir, si se trata de un buen negocio o si al fin y al cabo nos sale a pagar. Es evidente que el peso del turismo sobre el PIB no es nada despreciable, y particularmente si sumamos el hecho (obvio pero complicado de modelizar) de que una parte de los servicios no turísticos, de la industria manufacturera y del sector primario cuelgan del turismo - no podemos pretender que se cultivaría la misma fruta con 15 millones a menos visitantes, o que se fabricarían los mismos jabones de lavar las manos. Se podría argumentar que es posible compensar una bajada del consumo interno por una disminución del turismo con mayor exportación, pero en un mundo que avanza hacia nuevos aranceles y que muestra una cierta tendencia proteccionista, esta pretensión no sería nada sencilla de ejecutar.

Así y todo, intentar descomprimir una posible burbuja turística de manera ordenada, concentrándose en el estrato de menos valor añadido - el llamado turismo low-cost, en el cual el coste-beneficio social y ambiental está particularmente en cuestión - es una causa noble. ¿Entonces, por qué no lo hacemos?

El primer escollo es que la Unión Europea no es la Unión Soviética. No tenemos - ¡afortunadamente! - un despacho centralizado en un gran edificio de hormigón desde donde se sienten, una vez al mes, un grupo de altos cargos del régimen para decidir qué negocios haremos cerrar y cuáles otros impulsaremos. En nuestra casa, hoy en día es generalmente libre constituir una empresa, excepto si esta formara parte de algunas actividades muy concretas como la distribución de medicamentos, la venta de tabaco o los servicios notariales. Y, evidentemente, el Estado no tiene la potestad de ordenarnos a nadie de nosotros el cierre del negocio, a menos que haya un incumplimiento gravísimo y flagrante de alguna normativa ambiental, urbanística o de lo que sea. En todo caso, no como respuesta a una visión determinada de la composición sectorial del tejido económico. Por lo tanto, cambiar el peso relativo de los diversos sectores económicos de Catalunya solo se puede hacer a través de incentivos, es decir, de forma indirecta, haciendo que las actividades hacia donde queremos avanzar sean fiscalmente más ventajosas y tengan todas las facilidades para implementarse. Hay que asumir que este sería un camino lento, porque las empresas tienen una pulsión de supervivencia. Un negocio no cierra en la primera piedra que se encuentre en el camino. Hacen falta muchos incentivos hacia los negocios no turísticos y muchas acciones desincentivadoras de emprender en el sector turístico antes no cierre un hotel. Cambiará de manos, se reformulará... pero destruir tejido económico es complicado.

El segundo escollo es que, por  mucho que queremos avanzar hacia una dirección determinada y nos esforzamos, en realidad no podemos parar de ir en dirección contraria. La composición sectorial del empresariado catalán es un juego de suma cero: si queremos que el turismo pierda dos puntos porcentuales del PIB, quiere decir que estos hará falta asignarlos a la industria, al sector primario o a los servicios no turísticos. Entonces, una vez convenida que la única herramienta que tenemos para interceder en esta composición son los incentivos, sería razonable pensar que si se quiere crecer en los sectores mencionados nos encontraremos con todo de facilidades y un buen acompañamiento. El mayor proyecto industrial de la década en Catalunya precisamente ha estado en un municipio severamente afectado por el turismo low-cost: Mont-roig del Camp, que acoge Miami Platja. Me refiero a la fábrica de electrofoil para baterías de coche eléctrico de Lotte Energy. Ha descarrilado por una guerra judicial emprendida por Unió de Pagesos. El mayor proyecto del sector agroalimentario de la década en Catalunya es el Agroparque de Almendro Origen: un ejemplo de integración vertical y de kilómetro cero; auténtica soberanía alimentaria. Ha descarrilado por exactamente los mismos motivos que el de Lotte.

Así las cosas, por mucho que repetimos el mantra de abandonar el turismo low-cost, no saldremos adelante si no lo acompañamos, por una parte, de reconocer las (pocas) herramientas de las que disponemos para interceder en la composición sectorial en una economía de libre mercado y, por otra parte, de una cierta madurez por estar dispuestos a dejar de boicotear los proyectos que tienen que permitir ganar cuota de PIB de sectores alternativos.