La noticia a estas alturas es conocida de todos: El gobierno galo ha alcanzado un acuerdo con los grupos de distribución y supermercados para que ofrezcan una cesta de productos básicos con un precio "lo más bajo posible". Todos los productos que se 'encuadren' dentro de esta medida especial tendrán que ir marcados con un logotipo con los colores de la bandera de francesa y una etiqueta con el mensaje de 'trimestre anti-inflación'. Además, el Ministerio de Economía publicará las cifras de los márgenes de beneficio que tienen distribuidores, agricultores y productores, unos datos que se darán a conocer en cada trimestre garantizando una mayor transparencia.

Este anuncio genera, ante todo, ciertas preguntas. ¿Primero, van a poner un logotipo con la bandera francesa a productos que no son de aquel país? Sería lo lógico, si el objetivo es publicitar el plan anti-inflación del gobierno. ¿Pero, no podría esto crear confusión en el consumidor? ¿Van entonces a exigir que el logotipo se limite a los productos franceses, explícitamente o por la vía de los hechos como acontece a menudo en la práctica?

¿Segunda tanda de preguntas, qué márgenes van a publicitar? Todos sabemos que, en las tiendas, el margen es distinto de un tipo e producto a otro (el seco, el pescado, las frutas y hortalizas, la carne, los productos ecológicos, marca del fabricante o marca del distribuidor, por solo poner unos pocos ejemplos) y que además varía de una tienda a otra en función de su ubicación y del público al que se dirige. Por lo que se sabe, se debería referir al margen de beneficio medio, teniendo en cuenta todos los productos y todas las tiendas de cada distribuidor. ¿Van a hacer lo mismo por cada industrial? ¿Y para los agricultores, un margen medio? ¿Cómo se va a definir el “beneficio”? ¿En el caso de la agricultura, cómo se va a valorar la mano de obra familiar, diferenciar los que trabajan sus tierras y los que las tienen (en todo o en parte) arrendadas, tener en cuenta el endeudamiento si han realizado por razones fiscales inversiones en maquinaria excesivas? ¿En todos los casos, como se va a discriminar si el margen más elevado se debe a una mayor eficiencia, una preferencia del consumidor o un posible engaño al consumidor?

Cada supermercado escogerá los productos que considere conveniente. En todo caso, el Presidente de Carrefour-Francia ya ha aclarado que la gran mayoría de los productos que estarán en sus ofertas serán productos con marca del distribuidor, sobre los cuales tienen más margen para fijar los precios.

Cara y cruz de la transparencia

Por supuesto, la mayor transparencia debe ser, en principio, bienvenida. Tenemos en España el renacido Observatorio de la Cadena Alimentaria que está recuperando una actividad, el análisis de la estructura de costes, que no es evidente. Por ejemplo, relacionar (con rigor, obviamente) el precio de la leche al ganadero con la multitud de productos que de ella se obtienen y ofrecen al consumidor es un reto metodológico nada sencillo de afrontar.

En cuanto al margen operativo o de beneficio de los distribuidores, ya hay información disponible. Muchos cotizan en bolsa y publican Memorias anuales donde estos datos figuran. En el caso del primer distribuidor en nuestro país, Mercadona (que no cotiza en bolsa), clara que la facturación fue en 2022 de 31.041 millones de euros, con un beneficio de 718 millones, o sea un margen de beneficio del 2.3%.

Hemos introducido al principio de este apartado la coletilla “en principio” porque toda medalla tiene sus dos caras. Me confesaba recientemente un industrial sus temores ante las exigencias de transparencia, diciéndome: A veces, para no perder un cliente importante, estoy obligado a hacer unas ofertas al límite. Si tengo que generalizar este precio a todos mis clientes, me voy a la ruina. La transparencia mal entendida (o mal atendida) puede también significar destrucción de valor cuando no hay un mínimo equilibrio de poder de negociación entre los operadores de la cadena.

Medidas como estas tienen consecuencias, por ejemplo, en el peso relativo de las marcas de los fabricantes y del distribuidor. También inciden en el equilibrio entre las distintas cadenas comerciales. Al lado de las 5 “grandes” (Mercadona, Carrefour, Lidl, Día y Eroski), coexisten 330 cadenas de distribución organizada (Retail Data, 2022). ¿Tendrán estas últimas la, misma capacidad negociadora con sus fabricantes que las 5 “grandes”? ¿Qué consecuencias pueden tener a medio y largo plazo sobre los niveles reales de competencia?

Una inflación esencialmente de costes

Estas medidas tienen todo su sentido si estuviéramos confrontados a una inflación esencialmente de márgenes y no a una inflación de costes. El error en el diagnostico puede tener consecuencias negativas para el tejido económico, en un momento en el que hablamos mucho de la reindustrialización de Europa en general, y de seguridad en el suministro alimentario en particular.

Si la inflación es de costes, la imposibilidad de repercutirlos a los clientes (además de ser ilegal en el caso de la cadena alimentaria por la ley que la gobierna) puede llevar a (entre otros) reducir la calidad de los productos, a reformularlos con ingredientes de menor valor, a redimensionar los embalajes, a limitar los sueldos a los trabajadores o a retrasar las inversiones tan necesarias si se toma en serio la sostenibilidad medioambiental. Otro posible efecto es el desabastecimiento de ciertos canales. Henry Dimbleby, conocido experto británico en alimentación y gastronomía confirmaba recientemente en The Guardian que el desabastecimiento de los supermercados británicos en frutas y hortalizas se debía a que estos han querido mantener estables los precios, independientemente de la oferta. El resultado ha sido que, ante una reducción de la producción, los comerciantes murcianos y almerienses han dado prioridad a los supermercados alemanes, más realistas.

Esta vez ha coincido un aumento de los costes de producción con una limitación (por causas naturales) de la producción y, por lo tanto, un aumento de los precios percibidos por los productores. Si la producción hubiera sido la normal, la presión sobre los precios percibidos habría sido terrible y las consecuencias sobre la sostenibilidad del tejido productivo muy negativas. Por muchas declaraciones políticas que se hagan, por muchas obligaciones legales que se pongan (y se impongan), ante un aumento de las tensiones en la cadena, esta se acaba rompiendo por sus eslabones más débiles, los productores agrarios en primer lugar y los pequeños industriales a continuación.

Unas propuestas para discutirlas

Por supuesto, las cadenas de distribución van a seguir con sus políticas, comunicando unas “precios siempre bajos” y otras sus ofertas de dos por uno, de la segunda unidad al 80%, de precios marcianos o de rompe-precios. No necesitan de la administración para esto.

Ante una situación tan compleja como la actual, no cabe pensar en solucionas mágicas y sencillas. Si se quiere ayudar a las familias más necesitadas, el existente mecanismo del Cheque-familia parece adecuado. Si se quiere limitar las subidas de precios al consumidor, en algunos casos como en el del aceite de oliva, solicitar a la Comisión Europea la puesta a cero de los aranceles de importación tiene también sentido para aumentar la oferta.

La potenciación del Observatorio de la Cadena Alimentaria y de la Agencia de Información de la cadena Alimentaria (AICA) y la continua mejora en la coordinación en cuestiones de control del cumplimiento de la ley de la cadena entre las administraciones central y autonómicas, son también necesarias y útiles.

A más largo plazo, favorecer la organización comercial y productiva de los agricultores y ganaderos, para reducir costes y mejorar su capacidad negociadora en la cadena alimentaria, tiene mucho sentido y es, además, uno de los objetivos explícitos del Plan estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027