El pasado 29 de julio, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto con una nueva línea de ayudas excepcionales de apoyo al sector agrario para compensar los daños no cubiertos por la indemnización del seguro agrario (por aplicación de franquicias y otros mecanismos contemplados en las condiciones de las pólizas) en las explotaciones aseguradas afectadas por la DANA en diferentes municipios.

Es un buen momento para volver sobre la importancia de los seguros agrarios en los mecanismos de apoyo existentes en nuestro país para la agricultura.

Llevamos unos años en los que las calamidades se acumulan. A la gran sequía del 2023 la han seguido unas DANAS y ahora incendios forestales. Algunos argumentan, con cierta lógica, que estas catástrofes son de tal magnitud que hay que ayudar, y mucho, a todos, hayan asegurado sus cosechas o no. Pero una actuación indiscriminada de los poderes públicos sería una bomba de relojería contra el sistema de seguros agrarios.

Lo que es asegurable no puede ser indemnizado. El no-asegurado no puede ser indemnizado. Estos dos principios son claves y deben ser esperados en toda la medida de lo posible. Siempre, en todo caso, tiene que haber una fuerte discriminación positiva para aquel que se ha asegurado. El día en que manifestarse sea una mejor manera de ser protegido que tomar el seguro, será el principio del fin (rápido) de los seguros agrarios en nuestro país.

Esto es exactamente lo que ha hecho nuestro gobierno en el Real Decreto que inaugura este artículo: unas ayudas adicionales para cubrir los daños que no cubre el seguro reservado únicamente a aquellos agricultores que han suscrito a tiempo las correspondientes pólizas.

Lo que es asegurable no puede ser indemnizado. El no-asegurado no puede ser indemnizado

Algunos dirán que soy juez y parte, ya que mi padre fue uno de los más entusiastas partidarios de incorporar los seguros agrarios a las negociaciones de los pactos de la Moncloa, en una curiosa pinza con el entonces ministro de Agricultura de la UCD, Jaime Lamo de Espinosa. Pero me he convencido de que nuestro sistema de seguros agrarios es una respuesta inteligente al desafío climático creciente al que está confrontado la agricultura de un país limítrofe con el desierto.

En mi comparecencia ante el Comité Económico, Social y Medioambiental francés, cuando preparó su informe sobre este tema, varios consejeros subrayaron que nuestro sistema de seguros agrarios es una de las claves de la competitividad y la resiliencia de la agricultura española. Les respondí que sí, que es verdad, pero que es la respuesta que hemos sabido darnos para mantener una agricultura activa sobre el conjunto del territorio, cuando tenemos rendimientos cerealistas, por ejemplo, 4 o 5 veces inferiores a los suyos.

Tuve la impresión de que, detrás de estos comentarios, había una cierta dosis de envidia ante la consolidación del modelo español. Mientras, en España, no faltan los que parecen dispuestos a tirar el niño con el agua del baño.

Un éxito indudable

El 17 de abril de 1980, un total de 25 entidades aseguradoras fundaron la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados. Hoy, tras un sinfín de operaciones societarias de concentración y un intenso proceso de especialización, reúne a 16 grupos aseguradores.

A lo largo de estos 45 años, el seguro agrario ha experimentado un gran desarrollo. El capital asegurado por el seguro agrario ha batido récords en hasta 35 ocasiones a lo largo de toda su historia, y desde hace una década lo hace de manera consecutiva, hasta rebasar los 18.000 millones de euros de valor de producción asegurada, cifra que representa la mitad de la renta agraria nacional.

Son casi 17 millones de pólizas y más de 20.000 millones de euros en primas, de las que el 50% han sido aportadas por las administraciones públicas (gobierno central y comunidades autónomas). En total, Agroseguro ha gestionado 31 millones de siniestros a lo largo de toda su historia, con algunos ejercicios especialmente severos, en particular un 2023 que cerró con 1.241 millones de euros de siniestralidad y daños en el 60% de la superficie asegurada total.

Una evolución necesaria

El seguro agrario es mejorable, por supuesto, y como instrumento de política agraria también. Cada año, en concertación con el sector, se hace un seguimiento de su funcionamiento y se realizan cambios.

Es verdad que el sistema ya incluye mecanismos de evolución que ajustan rendimientos, cuotas y coberturas en función del nivel de siniestralidad global o individual. Pero su aplicación automática puede dejar fuera del sistema a muchas explotaciones, perdiéndose el carácter general que tienen hoy los seguros agrarios. Por lo tanto, es necesario promover una progresiva adaptación de las explotaciones a la nueva realidad. Los seguros deben cubrir riesgos accidentales, no sistemáticos.

Por lo tanto, es necesario un acompañamiento especial para aquellas explotaciones que ya, hoy en día, generan siniestros sistemáticos. Esta necesidad se vuelve urgencia para un número reducido de explotaciones que están “abonadas” a las indemnizaciones. En cualquier seguro privado, este tipo de asegurados acabarían siendo excluidos por las compañías. Aquí, me parece más prudente un acompañamiento personalizado para analizar cuál es su situación real y cuáles las soluciones que se pueden aportar.

Si los años que vienen nos abren un horizonte de cierta estabilidad política, sería un buen momento para evaluar en profundidad su funcionamiento y promover mejoras que sean, a la vez pertinentes y consensuadas.