Si seguís —aunque sea en diagonal— la actualidad política europea, os habréis fijado que últimamente parece haber una cierta frustración en Bruselas. Los discursos, las expresiones e incluso las normas aprobadas, como la Industry Accelerator Act, denotan el estrepitoso fracaso de la política comunitaria para aterrizar los propósitos y principios rectores de alto nivel en forma de avances tangibles, reales. El diagnóstico es claro y ha ido subiendo de tono: del informe Draghi y el informe Letta a las declaraciones de personalidades políticas en medios, se ha ido asumiendo que Europa pierde competitividad. De hecho, pierde críticamente competitividad: el continente está inmerso en un callejón sin salida donde la industria peligra, se destruyen puestos de trabajo a un ritmo de decenas de miles al mes y el agujero que nos separa de Asia y Estados Unidos en términos de productividad, industria digital, innovación… no para de crecer. También se ha ido asumiendo que los excesos normativos tienen mucho que ver, que en Europa estamos todos atrapados en laberintos de normas de difícil o imposible salida y que es necesario urgentemente revertir esta situación. Pero nada de esto pasa. No nos salimos de ello.

Las razones son probablemente diversas. Por un lado, el exceso de capas de decisión es un problema ya conocido en el mundo corporativo: si entre el Consejo de Administración y la persona que toma una decisión hay cinco capas de directores, gerentes, jefes de sección y responsables de área, la probabilidad de ir distorsionando los objetivos y que llegue un objetivo totalmente diferente del que se había planteado es elevada. Incluso en las escuelas de primaria lo saben. Ellos lo llaman “el juego del teléfono”: se va pasando una frase de boca a oreja y si hay muchos eslabones, lo que llega al final no tiene nada que ver con la frase inicial. Entre la Comisión Europea y una empresa catalana hay ministerios, consejerías, diputaciones, consejos comarcales, ayuntamientos, delegaciones de los servicios territoriales en las diversas demarcaciones… es evidente que se diluyen los objetivos, no llega la sensación de criticidad y se acaba actuando con la inercia de siempre. Por otro lado, la mochila del corpus normativo es la que es, y si no se derogan normas preexistentes, no se puede pretender que los funcionarios las desobedezcan proactivamente, por mucho que el mensaje que llega desde los escalones más altos de liderazgo político sea apocalíptico. Pero derogar normas es una tarea titánica.

Solo en Catalunya —es decir, ámbito autonómico; habría que añadir todo lo que pertenece al ámbito nacional, y directivas europeas diversas; también las ordenanzas municipales— se han aprobado en las últimas dos décadas una media de 28 leyes y decretos ley cada año, lo cual equivale aproximadamente a dos normas cada mes. Cada década sumamos unas trescientas y ahora hay unas mil en vigor, por lo cual hacia 2035 serían 1.300 y en 2045 serían 1.600. Incluso si no entramos en fase de apocalipsis europea —que estamos en ella, porque en Bruselas ya empiezan a hablar de silencios administrativos positivos en urbanismo: es decir, que si no te dan el permiso de obras para tu industria, tú empieza a levantar las naves y por defecto será como si lo tuvieras— parece evidente que este ritmo de expansión normativa no puede ser infinito y habrá que pensar en mecanismos de higiene normativa: podar todo aquello que está obsoleto, que ya no es útil, que es anacrónico o que ha quedado de facto sustituido por otras consideraciones. Pero aunque conceptualmente tenga todo el sentido plantear esta cuestión, las dependencias cruzadas, referencias de normas inferiores a otras superiores y otros vínculos lo hacen difícil de ejecutar.

Parece evidente que este ritmo de expansión normativa no puede ser infinito y habrá que pensar en mecanismos de higiene normativa

Hace unas semanas apareció una iniciativa interesante llamada BetterEU, accesible desde la web bettereu.com. El experimento es el siguiente: se le pidió a un modelo de inteligencia artificial generativa (en este caso, Grok 4.1) que revisara uno por uno los textos de las 43.382 normas europeas en vigor y que emitiera un veredicto binario: “keep”, es decir, mantener la norma en vigor, o “delete”, es decir, derogar la norma. Se le suministra al modelo un archivo de instrucciones con determinados criterios a aplicar, los mismos una norma tras otra, para decidir cuándo debe mantenerse o cuándo debe eliminarse. Esta es la magia del planteamiento: podríamos discutir si los criterios aplicados en este experimento eran los más acertados y podríamos aplicar otros, pero de lo que se trata es de constatar que hoy en día tenemos la posibilidad sencilla de escalar una revisión normativa masiva con unos criterios, los que sean, consistentes y metódicos. Y que todo ello se haga en cuestión de horas. Las instituciones de los diferentes niveles, empezando por la Generalitat, podrían tomar nota.

Por cierto, para los curiosos: Grok 4.1, con los criterios definidos por BetterEU, decidió que el 89 % de las normas europeas se podrían eliminar.