Este miércoles el Parlamento Europeo aprobó su mandato de negociación sobre la propuesta de la Comisión de ley europea de restauración de la naturaleza. Doce votos hicieron la diferencia. Que el Parlamento Europeo apruebe un mandato de negociación que inicia una negociación con el Consejo sobre una propuesta de la Comisión Europea no debería ser una noticia y, sin embargo, lo es por muchas y variadas razones.

La primera es el contenido mismo de la propuesta de la Comisión. La propuesta es ambiciosa. Su objetivo principal es que las ayudas para la restauración de los ecosistemas naturales dañados lleguen al menos al 20% de las zonas terrestres y marítimas de la UE antes de 2030, para seguir extendiéndose a todos los ecosistemas que necesiten ser restaurados, desde los bosques y las tierras agrícolas hasta los ecosistemas marinos, de agua dulce y urbanos, en 2050. También propone limitar el uso de plaguicidas hasta reducirlos a la mitad en 2030. Para todo ello, el texto prevé que los Estados miembros deberían asumir una serie de nuevos objetivos, jurídicamente vinculantes, que complementarían y ampliarían la legislación vigente.

La segunda razón es la oposición frontal a la propuesta por parte del sindicalismo mayoritario de agricultores y ganaderos. El COPA-COGECA considera que la propuesta debe ser puesta bajo el paraguas de la realidad, la viabilidad y la aplicabilidad. Argumentan que se trata de una expropiación parcial del uso de las tierras por los agricultores, sin ningún tipo de compensación. Además, el objetivo de reducción de pesticidas se ha fijado sin saber si hay alternativas viables. En una clarificadora imagen, un destacado sindicalista ha insistido que “uno no se cambia de zapatos sin tener unos de repuesto”.

La tercera razón es la oposición frontal a la propuesta que ha adoptado la dirección del Partido Popular Europeo (PPE) y esto a pesar de que la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, sea de este mismo partido. Ello explica el recorrido que esta propuesta ha tenido dentro del Parlamento. Su Comisión de Agricultura rechazó por amplia mayoría la propuesta el 23 de mayo. Pero la última palabra la tenía la Comisión de Medio Ambiente. Para asegurar el resultado, la dirección del PPE sustituyo a varios de sus miembros titulares de dicha Comisión por otros menos comprometidos con el medio ambiente y más seguros seguidores de las instrucciones de la jefatura. El 27 de junio, esta Comisión rechazó también la propuesta.

En cambio, no sin dificultades, el 20 de junio, los Ministros de medio ambiente de la Unión Europea aprobaron su mandato de negociación. Ello fue saludado por las organizaciones ecologistas, aunque lamentaban la reducción que calificaron como “significativa” en los objetivos anunciados y la introducción de numerosas excepciones.

La sesión plenaria del Parlamento Europeo del 12 de junio era decisiva. Un rechazo definitivo, por su parte, hubiera significado la muerte de la propuesta tal y como está, y la Comisión había avisado que no presentaría propuesta alternativa alguna. El voto favorable, a pesar de la oposición de las dos comisiones parlamentarias competentes, ha permitido que el Parlamento disponga de un mandato de negociación y que empiecen las negociaciones.

Un futuro incierto

A partir de ahora, o más bien después del verano, los trílogos pueden empezar. Los trílogos, tanto formales como informales, son reuniones de negociación entre los representantes de las dos instituciones con poder de decisión, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo, junto con la Comisión Europea, que interactúa como facilitador.

La pregunta del millón es si se alcanzara un acuerdo final a tiempo para que el actual Parlamento Europeo pueda votarlo antes de su disolución en el mes de mayo 2024. El tiempo apremia y cabe pensar que el PPE va a utilizar todos los recursos de los que disponen para alargar los plazos.

En el caso de que no se llegue a tiempo, la gran incógnita es cual será la futura composición del Parlamento Europeo que salga de las elecciones europeas de junio del 2024. Estas elecciones son a menudo utilizadas por parte de la población para manifestar su descontento no solo con la manera en que se construyen las políticas europeas, sino también en clave de política nacional. Además, la evolución del PPE hacia posturas que unos calificarían de “conservadoras” y otros de “prudentes” inquieta a los promotores de la ley.

Todo parece indicar que la Presidencia española de la Unión va a hacer todo lo posible para acelerar la negociación, pero parece improbable que un acuerdo sobre una legislación tan compleja pueda alcanzarse en unos pocos meses. De ser así, el texto aprobado tendría obligaciones y objetivos bastante menos ambiciosos que los inicialmente propuestos por la Comisión.

Si, como es más probable, la Presidencia española avanza, pero no concluye, Suecia ejerce la siguiente Presidencia durante el primer semestre del 2024, y cabe esperar un entusiasmo moderado al respecto por parte del gobierno conservador sueco.

Por lo tanto, el dilema real es una ley de conservación de la naturaleza descafeinada o ninguna ley.