La caída del decreto de prórroga de los alquileres no es tanto una derrota política como una enmienda a una manera de hacer. Una enmienda a esta tentación persistente de querer responder a problemas estructurales con decisiones aparentemente efectivas, pero en el fondo superficiales e insuficientes. Durante meses, el debate se ha articulado alrededor de un relato seductor en su simplicidad: contener precios para proteger al inquilino. Sin embargo, tras esta premisa se esconde una realidad mucho menos confortable, porque la intervención no aborda las causas del problema y, en lugar de resolverlo, se limita a trasladar el coste hacia una parte muy concreta del sistema.

El decreto, en esencia, no aportaba ninguna solución de fondo. No incrementaba la oferta disponible, no facilitaba la promoción de vivienda, no reducía las trabas administrativas ni generaba un entorno de confianza. Su alcance era mucho más limitado: intervenir el precio y redistribuir el problema. Y hacerlo, además, con una asimetría difícil de justificar si no es desde una lógica estrictamente política.

Porque mientras se fija un tope del 2% en el aumento de los alquileres, no hay ningún límite para el euríbor. Nadie plantea ningún mecanismo equivalente para quienes vemos cómo nuestra cuota hipotecaria se encarece con cada revisión, en función de un índice que no controlamos y sin ningún tipo de protección. Se decide regular el ingreso de unos, pero se ignora deliberadamente el gasto de los otros, como si una parte fuera merecedora de cobertura y la otra tuviera que absorber cualquier impacto. ¿O es que pagar una hipoteca nos convierte automáticamente en privilegiados frente a quien paga un alquiler? Que nadie se engañe: mientras hay deuda, nadie es propietario de nada.

Esta asimetría no es anecdótica, sino reveladora. Se ha consolidado con demasiada facilidad un relato que identifica al propietario como el culpable perfecto, como si detrás de cada contrato de alquiler hubiera una posición de privilegio. Pero la realidad es mucho más compleja y, sobre todo, mucho más incómoda para este discurso simplista. La mayoría de los propietarios no son grandes tenedores ni actores especulativos, sino particulares que han invertido ahorros, que han asumido riesgos y que operan en un entorno de incertidumbre creciente. Hablamos de familias que no trabajan con márgenes ilimitados, sino con costes al alza y con unas reglas del juego que pueden cambiar de manera unilateral.

La mayoría de los propietarios no son grandes tenedores ni actores especulativos, sino particulares que han invertido ahorros

El debate, así planteado, evita deliberadamente una parte esencial de la ecuación. Se construyen medidas de protección necesarias, pero se hacen recaer sobre otra figura, a quien se presupone una capacidad de absorción ilimitada. En ningún caso se trata de negar la vulnerabilidad de quien paga un alquiler, sino de señalar que el sistema no se puede diseñar a partir de una mirada parcial que solo tiene en cuenta una parte de la ecuación.

Y es precisamente en este punto donde se hace comprensible el rechazo al decreto. No como una negación del problema, sino como una crítica a la manera de abordarlo. No se pueden restringir ingresos privados sin desplegar, a la vez, mecanismos públicos que compensen este desequilibrio. Si se decide intervenir el mercado y acotar la capacidad de trasladar el encarecimiento del coste de la vida, es la administración quien debe asumir parte de este impacto. Esto implica articular incentivos fiscales, desplegar ayudas directas o impulsar medidas que reduzcan los costes estructurales, porque lo que no es sostenible es concentrar todo el peso sobre una sola parte del sistema.

Este tipo de intervenciones tampoco son neutras en sus efectos. Cuando se ponen topes a los ingresos en un entorno de costes al alza, el resultado suele ser una contracción de la oferta. Menos vivienda disponible, más dificultades de acceso, criterios de selección más estrictos y un mercado progresivamente más tenso. Aquello que se presenta como una solución inmediata acaba generando, a medio plazo, nuevas distorsiones que agravan el problema inicial.

El núcleo de la cuestión no radica en la confrontación entre quien alquila y quien ofrece vivienda, sino en un desequilibrio estructural que se manifiesta en forma de escasez. Y este desequilibrio no se resuelve conteniendo el mercado, sino ampliándolo. Requiere una estrategia sostenida, orientada a facilitar la actividad, reducir las barreras, movilizar recursos y generar un entorno de confianza que permita incrementar la oferta. Sin este elemento, cualquier política de acceso queda inevitablemente limitada.

Lo que ha caído no es solo un decreto. Es la comodidad de seguir haciendo ver que el problema es quien alquila y no quien no construye

Y mientras nuestros políticos, perfectamente enfundados en corbatas y atrapados en el “y tú más”, nos regalan espectáculos lamentables —y me abstengo de citar nombres—, el debate sobre la vivienda continúa encallado y se gestiona a golpe de titular.

Lo que ha caído no es solo un decreto. Es la comodidad de seguir haciendo ver que el problema es quien alquila y no quien no construye. Y si la única respuesta es recortar ingresos privados mientras la administración no hace su trabajo, el problema no desaparece: solo cambia de bolsillo.