Estamos asistiendo a un encendido debate entre dos ministerios para reformar los subsidios por desempleo. En mi opinión, la posición del Ministerio de Economía de compatibilizar el cobro del subsidio con el salario si encuentras un empleo, está más cerca de mejorar la eficiencia en uso del dinero público y propiciar la igualdad de oportunidades, frente a la posición paternalista del Ministerio de Trabajo de proteger a toda costa abriendo en muchos casos el paso a la trampa de la pobreza (permanecer en el subsidio de forma permanente).

El problema de la propuesta del Ministerio de Economía está en confiar que con la actual legislación van a funcionar las políticas activas de empleo.

El acceso a un empleo que permita vivir de forma razonable y la educación son dos de los principales medios para mejorar la igualdad de oportunidades de las personas en una sociedad. La Red Europea de Servicios de Empleo (European Network of Public Employment Services) ha publicado recientemente un informe en el que no deja en buena situación el desempeño de los servicios públicos españoles. Desgraciadamente, la conclusión es cierta y el amplio margen de mejora es extensivo a casi todas las políticas activas de empleo: orientación e intermediación, formación e incentivos al empleo.

En España hay 2,7 millones de trabajadores en desempleo de los que algo más de la mitad son de larga duración. Adicionalmente, se observa un desajuste entre la oferta y demanda de empleo que se traduce en un número significativo de ofertas sin cubrir. Parece evidente la necesidad de disponer de políticas específicas que puedan ayudar a las personas y las empresas solucionando los problemas de ambos.

Se me ocurre hacer en voz alta una pregunta: ¿usted piensa que su paso por las oficinas de empleo le servirá para encontrar un empleo? La respuesta mayoritaria es "no". De hecho, el nivel de intermediaciones es muy reducido, inferior al 3% en promedio nacional. Es necesario hacer una segunda pregunta: ¿su empresa considera que trasladar su oferta de empleo le permitirá encontrar una persona adecuada? La respuesta vuelve a ser negativa porque no tienen ninguna garantía que la persona enviada cumpla con las condiciones del puesto de trabajo. Esta es la realidad, y es un verdadero problema porque los servicios públicos de empleo (en los que invertimos mucho dinero) deberían ser la principal herramienta para emparejar a oferentes y demandantes de trabajo (empleo).

¿Usted piensa que su paso por las oficinas de empleo le servirá para encontrar un empleo? La respuesta mayoritaria es "no". ¿Su empresa considera que trasladar su oferta de empleo le permitirá encontrar una persona adecuada? La respuesta vuelve a ser negativa

Para valorar su actuación merece recodar que los servicios públicos de empleo están descentralizados, de manera que en la práctica el Servicio Público de Empleo (SEPE) bajo competencia de la Administración General del Estado en toda España se dedica fundamentalmente a pagar prestaciones económicas, es decir, no desarrolla tareas de orientación e intermediación, competencia de los servicios autonómicos de empleo. Nos encontramos con una primera distribución de funciones un tanto desalineada en cuanto a incentivos compartidos: quien trata con las personas en los procesos de orientación e intermediación no es el encargado de pagar las prestaciones. Así, en el hipotético caso de rechazo de una oferta adecuada de empleo por un desempleado, puede en teoría trasladar propuesta de revocación de la prestación económica al SEPE, pero ¿qué interés puede tener un empleado público para hacerlo, que se debe enfrentar directamente a la persona encausada, cuando, además, la comunidad autónoma no asume el coste económico?

Los servicios autonómicos de empleo son los encargados de desarrollar las tareas de orientación a los desempleados para mejorar su empleabilidad, pero para que sea útil necesitan conocer en profundidad el tejido productivo de su territorio y de otras comunidades autónomas porque de otra manera no puedes asesorar a los desempleados sobre la situación del mercado laboral o de la formación que necesita para ampliar su empleabilidad. Me temo que en la práctica no es así, de forma que es muy difícil que sus esfuerzos sean exitosos. La deficiencia afecta aún más en el proceso de intermediación ¿qué vacantes de empleo se van a ofrecer si no hay relación con el tejido productivo? Una adenda en este capítulo, para que las empresas confíen en el servicio público es necesario que estos envíen a las personas con la actitud y aptitud adecuadas a las condiciones del trabajo ofertado, es decir, hay que dejar a un lado justificaciones presentadas como progresistas, pero que más bien caen en el paternalismo, y no dirigir a las ofertas de empleo a cualquier persona desempleada, menos aún a quienes tienen más antigüedad en el paro. El resultado es conocido, las empresas dejan de colaborar.

La formación para el empleo es un elemento capital para mejorar la empleabilidad de las personas siempre y cuando se ofrezcan los cursos adecuados a las necesidades del tejido productivo y se adapte a las capacidades de las personas. De no ser así, cabe la posibilidad de gastar el dinero en una repetición anual de cursos que no cumplen estas características. Este riesgo no es menor.

Los incentivos para el empleo habitualmente concretados en deducciones en el coste laboral tienen como objetivo ayudar a los colectivos con más dificultad de acceso al mercado de trabajo y/o los más perjudicados en los malos momentos del ciclo económico. Para desarrollarlas es preciso elegir bien los grupos objetivo no quedándose en los más fáciles (por ejemplo, centrarse en quienes tienen menor grado de incapacidad y no en los de mayor grado) y disponer de la información necesaria para afinar el diseño. En este último aspecto los datos de la Seguridad Social pueden ser claves y en la práctica no siempre estén disponibles por los servicios de las comunidades autónomas. Hay que recordar que todas las administraciones forman parte del Estado, de forma que la información debe estar disponible para quienes tengan competencias sobre una política y dejar de utilizar como burladero la Ley de protección de datos.

El anterior gobierno aprobó una nueva ley de empleo que recoge nuevas normas para los servicios públicos de empleo, pero que en la práctica se limita a dos cosas: crear una Agencia Española de Empleo que sustituya al SEPE sin explicar las ventajas de hacerlo, y un catálogo de servicios garantizados de empleo, elevándolos según los autores a derechos de ciudadanos.

El problema puede estribar en que no se tienen en cuenta de forma realista las posibilidades de cumplir con ellos a la vista del desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes (y usuarios). A los servicios públicos de empleo se les imponen obligaciones muy concretas a cumplir en plazos breves (un mes, en algún caso), mientras que a los usuarios, si bien se observa un avance al endurecer las posibles penalizaciones (modificación del texto refundido sobre infracciones y Sanciones del Orden Social), se describen en términos muy vagos las causas para la penalización (colaboración activa, ocupación adecuada, causa justificada, …) y, por tanto, son muy difíciles de aplicar en la práctica.

La norma tampoco soluciona la insuficiente dotación de recursos financieros y de personal con los que razonablemente se va a poder contar con el actual sistema de financiación, y hay una laguna insondable en cuantos a mejorar las amplias carencias de la administración pública distintas del número de empleados públicos (organización del trabajo, cualificación del personal y normativa asociada). 

Para orientar a los desempleados e intermediar entre la oferta y la demanda es imprescindible tener una estrecha relación con las empresas, algo muy alejado hoy en los servicios de empleo

La experiencia demuestra que la repetición de un deseo de forma hablada o escrita, la mejora de la empleabilidad de las personas y la productividad de la economía, no se convierte en realidad por el mero hecho de hacerlo, aunque se recoja en el BOE, si no se cuenta con los instrumentos suficientes y adecuados, incluido un entramado institucional sólido y colaborativo entre administraciones, que ayude a mejorar el tejido productivo y las oportunidades de las personas para acceder a una ocupación con la mejor remuneración posible, ya sea como asalariado o con un trabajo por cuenta propia. 

Como alternativa, merece la pena reseñar que una gran parte de las actuales deficiencias de las políticas activas de empleo podrían solucionarse sin cambios normativos, acometiendo una modernización de las herramientas utilizadas para acceder a y procesar la información existente sobre el mercado laboral a cualquier nivel territorial, mejorando la organización de los servicios de empleo y potenciando sus medios materiales y humanos, y con unos programas de formación e incentivos para el empleo ajustados a las necesidades reales del tejido productivo y las posibilidades de las personas.

Los empleados de los servicios públicos de empleo deben sentirse útiles a la sociedad dando buenas prestaciones a la sociedad que mejoren la vida de las personas. Para ello es necesario disponer de mucha información de las personas desempleadas y del tejido productivo; una información que pueda ser emparejada en un adecuado proceso de perfilado para enviar a las empresas las personas idóneas.

Me gustaría equivocarme, pero no creo que las nuevas normas ayuden a mejorar los servicios públicos de empleo al haber olvidado uno de los temas principales: para orientar a los desempleados e intermediar entre la oferta y la demanda es imprescindible tener una estrecha relación con las empresas, algo muy alejado de la realidad actual en los servicios de empleo.