La pretensión de una gestión catalana del aeropuerto del Prat se ha convertido, con los años, en un mantra que se repite de forma cíclica por una parte relevante de la clase política del país y para una no menos significativa representación de los agentes económicos y sociales. Hay bastante consenso en torno a la idea de una gestión próxima al territorio con una mayoría determinante catalana. Hay quien, incluso, se atreve a pedir un traspaso del aeropuerto barcelonés a la Generalitat, como si de esta manera, y a bote pronto, la gestión de la instalación tuviera que mejorar tanto que esta se situaría entre las mejores del Mundo, sin rival posible. El paso del tiempo y la tozudez de los hechos, sin embargo, han demostrado que el camino hacia una gestión catalana del aeropuerto es largo y empinado.

¿Qué queremos decir exactamente cuando hablamos de una gestión catalana del Prat?

Pero vamos por partes. ¿De entrada, qué queremos decir exactamente cuándo hablamos de una gestión catalana del Prat? ¿Nos estamos refiriendo a la explotación de las terminales? ¿Al mantenimiento de las pistas? ¿A hacer posible el día a día del funcionamiento de la instalación? ¿En definitiva, y para poner un ejemplo concreto, a cambiar las bombillas cada vez que se funden? Si esta es la pretensión de una gestión catalana del aeropuerto, vamos por el camino erróneo. Nos equivocamos totalmente. Mal les pese en algunos, Aena es insuperable en esta cuestión. La participación de las instituciones catalanas y de los agentes económicos y sociales del país debe ser más ambiciosa, tiene que ir mucho más allá. Sobre la mesa hay un buen puñado de cuestiones que condicionan de forma clara el futuro del aeropuerto. Desde su ampliación o, como se suele decir ahora, modernización, pasando por la redacción de un nuevo y necesario plan director o, desde un punto de vista más operativo, por la consolidación de una amplia oferta de rutas intercontinentales que transformen El Prat en un aeropuerto global, los retos planteados son mayúsculos. Son retos estratégicos, retos de futuro.

Es aquí donde la participación catalana se vuelve imprescindible. Está en juego la razón de ser de la segunda infraestructura más importante del país y es necesario identificar y diseñar una fórmula que nos permita tomar parte. En 2011, en el transcurso del frustrado proceso de privatización de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, se estableció una fórmula colegiada para hacer posible una participación catalana en la toma de decisiones estratégicas relativas a la infraestructura. El nombre elegido fue el de "Consejo Rector" del aeropuerto del Prat y estaba formado por nueve miembros, de los cuales cinco en representación de las instituciones catalanas. Fue la primera vez que se constituía un órgano que se situaba por encima de la gestión del día a día y que tenía vocación estratégica. Su creación, incluso, fue aprobada por el Consejo de Ministros del Gobierno del Estado, tan solo nueve días antes de las elecciones generales. Aquellas elecciones, que ganó el Partido Popular, pondrían punto y final al proceso de privatización de los aeropuertos de Madrid y Barcelona y también significarían el fin de la singladura del recién llegado Consejo Rector del Prat. Sin ningún tipo de duda, una oportunidad perdida ante las legítimas aspiraciones catalanas de participar en la toma de decisiones relativas a la instalación barcelonesa.

La respuesta a las aspiraciones de una gestión catalana del Prat, transformada en un mantra recurrente, queda pendiente

No muchos años después, en 2013, el Gobierno del Estado aprobaba un Real Decreto que establecía la creación de comités de coordinación aeroportuaria para cada comunidad autónoma, en Catalunya también. Se trataba de órganos colegiados, con la participación de las instituciones del territorio, que debían intervenir en la toma de decisiones relativas en los aeropuertos de cada comunidad. En Catalunya, sin embargo, el comité de coordinación aeroportuaria no ha acabado de funcionar del todo, entre otras razones por la defensa de una gestión individualizada de los aeropuertos, llevada a cabo por buena parte de las instituciones del país, y por la demanda expresa de una mayor implicación de las instituciones locales en su gestión. Sea como sea, este modelo no ha acabado de cuajar entre las instituciones, públicas y privadas, del país, y la respuesta a las aspiraciones de una gestión catalana del Prat, transformada en un mantra recurrente, queda pendiente. ¿Será capaz el nuevo Gobierno Sánchez de encontrar la respuesta a este rompecabezas histórico? Todo es cuestión de ponerse en ello.