Hace unas semanas escribía en estas mismas páginas que Catalunya necesita una política migratoria diferente y propia (o con capacidad para ejercer una influencia significativa). No porque la inmigración no sea necesaria —lo es—, sino porque reducir toda la política demográfica a incorporar más población es una simplificación que acaba escondiendo los verdaderos problemas estructurales del país.

Un reciente informe de EsadeEcPol sobre las transferencias intergeneracionales y el reto demográfico aporta ahora una base cuantitativa muy sólida que refuerza esta idea. El trabajo analiza cómo evolucionará la sostenibilidad del estado del bienestar español hasta 2050 bajo diferentes escenarios demográficos, educativos y migratorios. Y sus conclusiones son mucho más matizadas de lo que a menudo se transmite desde el debate público institucionalizado.

El envejecimiento es uno de los grandes retos económicos de las próximas décadas. Las generaciones del baby-boom se jubilan, aumenta la esperanza de vida y disminuye el peso de la población en edad de trabajar. Todo esto implica una presión sin precedentes sobre pensiones, sanidad y servicios sociales, en los veinticinco años próximos. Y esto sin considerar otras necesidades insuficientemente atendidas que cada día se hacen más evidentes (p. ej.: vivienda, defensa). Ante esta realidad, a menudo se afirma que la inmigración es la solución. Es cierto que una población más numerosa en edad laboral contribuye a financiar el sistema. Pero el informe de Esade muestra también los límites de este argumento.

Sus ejercicios de simulación son especialmente reveladores. En un escenario sin inmigración, el deterioro del saldo fiscal provocado por el envejecimiento sería muy severo; en 2050 se habría reducido la población española en 5 millones de personas y se llegaría a un déficit público anual totalmente insostenible del 8,5% del PIB. En otro escenario con un flujo migratorio equivalente a la media registrada entre 2000 y 2024 —unos 330.000 inmigrantes netos anuales—, este deterioro fiscal se reduce aproximadamente en 1,7 puntos del PIB (llegaría a un 6,8% del PIB) y la población aumentaría en 5,6 millones. Es una contribución importante, pero tampoco resuelve el problema.

El factor que más condiciona el saldo fiscal individual no es el origen de la persona sino su nivel educativo y, por extensión, su productividad

Sin embargo, cuando los autores simulan un escenario con una inmigración muy superior —550.000 personas anuales, equivalente a los extraordinarios flujos registrados entre 2021 y 2024—, la mejora adicional es sorprendentemente modesta: solo siete décimas más de PIB; el déficit público de 2050 se sitúa en un 6,1% del PIB con una población 10 millones superior a la actual.

La conclusión es clara: multiplicar los flujos migratorios produce rendimientos decrecientes sobre la sostenibilidad fiscal. Esto se debe a la composición educativa de la población nacida en el extranjero adicional, que presenta una proporción mayor de personas con estudios no superiores que la población nativa y, en consecuencia, perfiles fiscales con menor capacidad contributiva. Bajo el supuesto de que los nuevos inmigrantes presenten un perfil educativo similar al observado actualmente, el efecto positivo de una estructura de edades favorable queda contrarrestado en buena medida por dos fuerzas: el menor saldo fiscal per cápita asociado a su nivel educativo y el coste fiscal que supone durante los años de crianza el añadido de población infantil que llegaría con los flujos migratorios. La inmigración ayuda, pero no puede compensar, ni mucho menos, el impacto del envejecimiento.

El informe muestra que el factor que más condiciona el saldo fiscal individual no es el origen de la persona, sino su nivel educativo y, por extensión, su productividad, que, al fin y al cabo, es la cuestión clave. Entre los 30 y los 54 años (los tramos de edad más productivos), una persona con estudios superiores aporta, de media, casi 16.000 euros anuales más de lo que recibe en servicios y prestaciones públicas. Esta aportación es de poco más de 6.000 euros entre las personas con estudios secundarios postobligatorios y cae hasta los 2.500 euros entre aquellas que no superan la ESO. Es una diferencia enorme.

Esto indica que una de las principales fuerzas que compensarían parcialmente el envejecimiento sería el aumento del nivel educativo de las nuevas incorporaciones migratorias y las nuevas generaciones (en gran parte, hijas de inmigrantes), que sería la base necesaria para impulsar la productividad del país. Esta sería una componente necesaria, pero no suficiente.

La pregunta fundamental no es cuántos inmigrantes necesitamos, sino qué país queremos construir para que su aportación mejore nuestro estado del bienestar

Los autores, orientados al problema de la sostenibilidad fiscal derivado del envejecimiento, acaban proponiendo medidas que se centran en el sistema de pensiones: incrementar el empleo entre los trabajadores de mayor edad (los comprendidos entre 55 y 64 años que trabajan en menor proporción que la media de la UE y a mucha distancia de países como Suecia o Alemania), adaptar gradualmente la edad efectiva de jubilación al aumento de la esperanza de vida y reformar el sistema de pensiones para reforzar su sostenibilidad actuarial. En ningún momento presentan la inmigración como la gran solución.

Hace meses también escribía que el futuro Estado del bienestar no depende solo de tener más contribuyentes, sino sobre todo de tener contribuyentes más productivos. Esta es la diferencia entre afrontar el problema estructural o limitarse a aplazarlo.

Catalunya necesita inmigración. Su demografía lo hace inevitable. Pero también necesita una economía capaz de generar empleos de mayor valor añadido, salarios más elevados y empresas más competitivas. Necesita mejorar su sistema educativo, reforzar la formación profesional, impulsar la innovación y aumentar la productividad. En definitiva, necesita un modelo económico diferente.

La política migratoria debería ser una consecuencia de este modelo de país, no un sustituto de las reformas que seguimos aplazando. Porque la pregunta fundamental no es cuántos inmigrantes necesitamos, sino qué país queremos construir para que su aportación —y la de toda la población— sea la necesaria para sostener —y mejorar— nuestro estado del bienestar.