Durante años se ha apretado a la empresa española con un discurso moral severísimo sobre la temporalidad. Había que acabar con la precariedad. Había que perseguir el abuso. Había que vigilar al empresario, especialmente al pequeño y mediano, como si la patología del mercado laboral español estuviera concentrada en el bar, en el comercio, en la pyme industrial o en la empresa familiar. Se reformó la legislación laboral, se estrecharon las causas del contrato temporal, se encareció su uso indirectamente y se lanzó un mensaje político muy claro: quien abuse pagará.

Pues bien, ha tenido que venir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 14 de abril de 2026, a decirnos que donde el abuso de la temporalidad sigue desbocado no es en la empresa privada, sino en el propio sector público español. 

La sentencia del TJUE, asunto C-418/24, es una desautorización de fondo al sistema español de interinidad pública. Dice, en esencia, que las medidas que España ha venido utilizando para “sancionar” el abuso no sirven de verdad para sancionarlo ni para reparar sus consecuencias. Ni el invento del indefinido no fijo, ni la indemnización tasada al final, ni los procesos de estabilización abiertos a cualquiera bastan para corregir el abuso en el encadenamiento de contratos temporales por parte de la Administración Pública española. El tribunal europeo no resuelve por sí mismo cada caso concreto, porque eso corresponde a los tribunales españoles, pero deja al Supremo una guía difícil de esquivar y deja al legislador frente al espejo. 

Lo más llamativo es el contraste. En la empresa privada, la reforma laboral sí produjo un ajuste visible de la temporalidad. Según el Ministerio de Trabajo, la tasa de temporalidad en el sector privado bajó casi 12 puntos y se situó en el 12,4% en 2024, mínimo histórico. El propio análisis del SEPE sitúa el punto de partida de esa caída en el entorno del 24%-26% en 2021, justo antes de que desplegara plenamente sus efectos la reforma de 2021-2022. Es decir: al sector privado se le exigió, se le apretó y respondió. Mejor o peor, con costes y con distorsiones como el mayor peso del fijo discontinuo, respondió. 

Ha tenido que venir la justicia europea a decirnos que donde el abuso de la temporalidad sigue desbocado no es en la empresa sino en el sector público 

¿Y la Administración? Ahí aparece la obscenidad del doble rasero. La Administración General del Estado presenta una temporalidad reducida, en torno al 4,7%, pero el problema explota en el resto del sector público: 35,8% en ayuntamientos y 40,3% en comunidades autónomas, según datos citados por el propio ministro de Función Pública el pasado otoño. Ahí se ha normalizado durante años lo que al empresario se le presentaba como una conducta poco menos que antisocial. 

Esto desmonta un relato entero. A la empresa se le exigía causalidad, rigor, inspección y sanción. La Administración, en cambio, ha podido encadenar interinidades, alargar vacantes, retrasar convocatorias y luego presentar como solución procesos de estabilización que Europa acaba de decir que fomentan la precariedad laboral. 

Hablamos de una incoherencia institucional de primera magnitud. El Estado legislando con dureza hacia fuera y siendo indulgente consigo mismo hacia dentro. El TJUE alimentará reclamaciones masivas. Ya había decenas de miles de procedimientos en marcha antes del fallo. Ahora habrá más. Muchos más. La sentencia es un incentivo para litigar. 

Pero la sentencia no convierte a todos los interinos en fijos. Ni resuelve por decreto cada situación individual. Ahora el reto es este: a ver cuánto tiempo puede aguantar el sistema judicial español una avalancha de reclamaciones. Ahí está el asunto. Si no se clarifica pronto el marco legal, los juzgados de lo social pueden entrar en una fase de saturación todavía mayor. Y entonces habrá que reformar de verdad el Estatuto Básico del Empleado Público o el régimen equivalente para cerrar una anomalía inaceptable. 

Es una incoherencia institucional de primera magnitud. El Estado legislando con dureza hacia fuera y siendo indulgente consigo mismo

Sería deseable, además, un poco de rubor. Un poco de vergüenza institucional. Porque no se puede dar lecciones cada mañana a quien crea empleo, asume riesgo, paga nóminas y soporta inspecciones, mientras la propia Administración mantiene durante años a cientos de miles de personas en una precariedad que la justicia europea considera sancionable.

Si había que combatir la temporalidad, había que empezar por casa. Y resulta que no se empezó. Se empezó por el de siempre: por el empresario.