¿Quis custodiet ipsos custodes? Fue el poeta satírico Juvenal quien ya hace 20 siglos pronunció esta sentencia que nos ha llegado hasta hoy. ¿Quién vigila al vigilante? La frase tiene muchas variantes interpretativas y aprovechadas, pero la más general está en términos de control de la gestión pública del qué administran políticos y funcionarios. La respuesta rápida en términos democráticos es que eso lo hacen los parlamentos elegidos por votación popular universal sin restricciones.

Su los mismos que estos días debaten y aprueban (o no) unos Presupuestos estratosféricos que ocupan miles de páginas que nadie se lee, ni siquiera los que los elaboran. Inercias de las cuentas públicas centenarias que nadie revisa, ni analiza ni critica. Solo conocemos los millares de páginas que suman o el número de bits que ocupan en un lápiz de memoria.

Del que nadie o muy pocos --y años después--, se ocupa es de saber que determinadas cantidades presupuestadas se gastan según el previsto, pero si encima se trato de las bagatelas (el loro no come chocolate, por si no lo sabían), todavía menos.

Pues tenemos ahora un hecho importante que, como|cómo corresponde, apenas pocos medios de difusión pública han hecho mención: el Congreso de los Diputados aprobó al principio de diciembre la (leed seguido) Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas de la Administración General del Estado, (podéis respirar). Bien, ya existió una Agencia Estatal durante el gobierno de Zapatero, pero languideció y desapareció años después.

¿De qué va? Bien sencillo: que a partir de que esta ley voluntariosa esté vigente, por primera vez en España habrá mecanismos de control de que determinados gastos públicos, aunque cuenten con el apoyo|soporte de los presupuestos aprobados por quien haga falta, serán evaluados en su eficiencia de gasto de las políticas públicas. Subrayo eficiencia.

Ley española y a la española. Se crea la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas (AEEPP). Como era previsible, ponen como referencia la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) sin reconocer en el texto de la ley que esta agencia se creó a instancias de la UE en el 2013 por exigencia de control a la España gobernada por el PP de Rajoy cuando las cuentas que presentaban eran totalmente irreales.

En síntesis, del qué va esta ley se de establecer mecanismos para comprobar si aquello que se ha presupuestado no es que se haya hecho o no, porque ya se encarga con dilaciones de hasta tres años, sí, ¡tres!, La Intervención del Estado y resto de Cuerpos del Estado. Del que va la ley, y es muy importante, es de saber si aquellos gastos programados y aprobados que tienen como objetivo, sobre todo, la atención social en los más necesitados, se han gastado como se había previsto. Hasta aquí, correcto. Pero hay más: saber si este gasto ha tenido los efectos necesarios en los grupos de población a los cuales iban destinados... y cómo se evalúan sus efectos.

La nueva ley responde a la concepción de siempre del qué es del Estado y sus competencias omnímodas. Ahora han descubierto que tienen que evaluar los efectos de determinadas políticas sociales y se ponen a la vieja manera, enviar al BOE de quien son las competencias. El texto es ampuloso y digno del adanisme centralista. Primero, establecimiento de ámbitos de análisis extensivos que incluyen incluso la despoblación, la igualdad de género...

Y al mismo tiempo también desconfía, y nos advierte que esta nueva tarea de la AEEPP no tiene que interferir en el qué hacen ya los Interventores, el Tribunal de Cuentas, las auditorías internas, etc. En este aspecto, se viene a decir que "cada bombero con su manguera" y alerta de no pisar la del otro. Lo harán.

Sin embargo, habrá que ver cómo se concreta la ley y sus instrumentos, porque al fin y al cabo es un gran paso: antes de poner un euro (ex ante) hay que asegurarse de que hay que hacerlo, pero ahora, además se añade el qué faltaba: ¿aquel gasto, ha cumplido los requisitos por los cuales se dotó (ex puesto)?

Ya hay precedentes

Aunque la ley española solo alude en la siempre previsible frase de la "coordinación cono laso autonomías", que de hecho se sumisión, cabe decir que en Catalunya existe desde el 2008 el Instituto Ivàlua, impulsado por el Gobierno Maragall. Hoy, además de su director, en Ivàlua trabajan 15 profesionales que hasta ahora han hecho 180 evaluaciones de políticas básicamente sociales de la Generalitat.

El presupuesto no llega a los dos millones anuales y tiene forma de consorcio entre la conselleria de Economía, la Diputación de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. En su consejo rector participan también el Consejo del Trabajo Económico y Social de Catalunya y el Consejo Interuniversitario. Visto el perfil, no cuesta deducir el cometido compartido: ayudar a los gestores públicos a seleccionar y evaluar determinados gastos públicos e informar si lo que se está gastando está bien orientado o no.

Ivàlua, cuando se le solicita ayuda, aporta experiencia y anima a los diferentes servicios públicos a hacerse preguntas básicas: ¿estoy respondiendo a las necesidades? ¿Los recursos están bien dimensionados? ¿Qué barreras me puedo encontrar? ¿Qué impacto tienen nuestras políticas? Al fin y al cabo, ¿Son eficientes estas políticas? A partir de eso, Ivàlua aporta la experiencia en metodología y tipo de evaluaciones.

Dos ejemplos. Primero, a raíz del debate sobre el impuesto sobre bebidas azucaradas, ¿valía la pena? ¿no habría más gasto para instaurarlo que lo que se quería evitar? ¿Recaudarán menos de lo que ha costado crear y gestionar el impuesto? Resultado, ya hecho público: pagar el impuesto es cuatro veces más beneficioso que sus costes de recaudación. Incluye tanto los gastos de la administración fiscal como las de etiquetado de fabricantes y distribuidores. Lo que se aporta de gasto de gestión se muy inferior a los beneficios que se obtienen en términos de mejora de la salud de las personas.

Segundo, quizás la parte más social y necesaria del modelo de evaluación: ¿sirven las aportaciones públicas para la lucha contra la pobreza? En Catalunya está la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que atiende en 227.000 hogares en situación de pobreza severa. Prácticamente de todos los analizados, el 98% la reciben justificadamente.

Hay pero dos distorsiones. Una, la existencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que dota la Administración Central, además de la RGC, que es anterior al IMV. Ambas sueño compatibles pero con los límites acumulativos previsibles. La ley estatal de largo nombre no lo regula.

El Efecto Mateu

La segunda precaución es más relevado. Por una parte que no se contempla lo bastante bien el número de personas que componen a un hogar, y esta distorsión afecta a la eficiencia. Y de la otra, que cuando se dice que el 98% de los hogares pobres reciben la RGC no quiere decir que la cobertura se casi total. Hay muchas más. Y aquí aparece el desafío, que en términos de ciencias sociales se denomina El efecto Mateu, término creado por Robert Merton en 1968.

Va del pasaje del evangelio de Mateu en lo que Jesús explica la parábola del señor que se tiene que ausentar una temporada y reparte entre los criados diferentes cantidades de talentos (moneda de plata de la época). Unos les hicieron rendir pero otro lo enterró esperando devolverlo al dueño sin ningún beneficio. La parábola lo maldice.

De esta imagen sale el efecto Mateu, muy importante en políticas sociales: ¿cuántos posibles beneficiarios no se enteran de la existencia de estas ayudas por qué los desconocen? Por eso sabemos que los que cobran la RGC tienen derecho, pero se desconoce cuántos se quedan sin para no saberlo. Aquí está la tarea principal de las conselleries de Derechos Sociales y de Economía y Hacienda. Porque lo que no han fallado son los métodos de investigación de Ivàlua.

El poeta Juvenal también tiene una sentencia memorable: "Vía domus amici nunquam longa este", el camino a casa de un amigo nunca es largo. Siglos después sigue siendo vigente, porque cuando se habla de medir (evaluar) la eficiencia de las políticas públicas, estas todavía tienen mucho camino por recorrer.