Por más que desde hacía días ya se anticipaba que la resolución de la CNMC a la OPA del BBVA sobre Banco Sabadell sería favorable con condiciones, no dejan de sorprender algunas circunstancias.

La resolución se ha tomado sin escuchar ni dar audiencia a 79 asociaciones que habían pedido ser parte interesada en el expediente. Entre ellas, las principales patronales catalanas y gallegas (Foment, PIMEC, CECOT, Confederación de Empresarios de Galicia –CEG- y las patronales provinciales de esta misma comunidad). Tampoco se ha admitido la comparecencia del Consejo General de Cámaras de Catalunya o la Cambra de Comerç de Sabadell –entre qué funciones está la de representar en las empresas- o a una asociación de accionistas del mismo Sabadell. Algunas han presentado un recurso judicial que ha sido admitido a trámite. A la vista de eso, hubiera estado bien que la CNMC aclarara qué considera ella "parte interesada" o "interés legítimo" si no ha admitido ni siquiera a una asociación de accionistas ni a quien tiene por función corporativa –y establecida legalmente- la propia representación empresarial.

La CNMC asume en su resolución que la operación "supone una amenaza para la competencia efectiva" y reconoce la existencia de riesgos en el mercado minorista –tanto en el ámbito de particulares como de pymes y autónomos-, como también en el de medios de pago. Sin embargo, ha aceptado la OPA con los compromisos del BBVA orientados a paliar las consecuencias más extremas de la concentración. Ahora bien, todos estos compromisos tienen fecha de caducidad: tres años, prorrogables en el caso de pymes y por acceso a cajeros. La pregunta que surge es obvia: ¿La CNMC espera que al final de este periodo las condiciones competitivas del mercado serán diferentes? ¿Cree verdaderamente que los municipios o códigos postales donde se produce una situación de monopolio, duopolio o control del mercado con dos competidores más (168 municipios) esta situación mejorará? Es como si nos dijera que la situación de competencia puede mejorar con el tiempo, cuando la realidad es justamente la contraria: con el paso del tiempo la concentración se agudiza.

Ninguno de los compromisos establecidos evitará, en caso de que la OPA prospere, que las condiciones competitivas del mercado español de servicios financieros sean mucho peores en las de países europeos comparables por población (Alemania, Francia, Italia o Polonia). Tampoco evitará que la concentración bancaria en Catalunya llegue a unos niveles que la misma Comisión Europea entiende que cuestionan el funcionamiento competitivo del mercado. Todo eso ya se denunció a su día por la nota que hizo pública el Colegio de Economistas de Catalunya o el informe elaborado por el ACCO –Autoridad Catalana por la Competencia-, que también había pedido ser parte interesada.

La última palabra la tendrán el Gobierno y, después, los accionistas del Sabadell aceptante (o no) las condiciones de la OPA. Pero la CNMC, con su resolución, ha continuado con la misma tendencia histórica presente en el estado español desde hace decenios: la protección del statu quo bancario y de las grandes entidades bancarias tradicionalmente vinculadas al poder político del estado por encima de los intereses generales. Así se han acabado resolviendo todas las crisis bancarias: en favor del club de los de siempre, sin considerar la posibilidad de soluciones alternativas –quizás, transfronterizas- que habrían podido existir si se hubieran trabajado. De esta manera se habría preservado el nivel de competencia necesario en un mercado fundamental por el buen funcionamiento de todo el sistema económico. En este caso, en más, sin interceder una situación de crisis bancaria.

Más allá de los intereses del BBVA, respetables, pero que no tienen por qué ser los de la mayoría del país, no hay ninguna razón de interés común por aceptar esta operación y, mucho menos, desde el punto de vista de la competencia, que es el ámbito sobre el cual actúa la CNMC. Otra cosa estaría si la OPA se hubiera planteado en términos de entrada de un nuevo competidor en el mercado español o catalán, pero no es este el caso.

Alguien, también desde el punto de vista de la competencia, podría defender la operación por la aparición de los nuevos competidores tecnológicos –las fintech-. Es bastante sabido el escaso abanico operativo que todavía ofrecen individualmente estos operadores y el alto grado de especialización con lo que trabajan de manera que su impacto pro competitivo es limitado, por lo que no tienen lo bastante capacitado para absorber una parte sustancial del negocio. Hoy son competidores limitados. Eso sin considerar que una parte –no pequeña- de la población no tiene las habilidades ni la confianza necesarias para trabajar habitualmente con estos operadores.

Más allá de la competencia, hay otro punto de vista debajo el que alguien podría defender la operación como podría ser el de la necesidad de grandes campeones estatales por si algún día la Unión Europea quiere/puede abrir el candado de los mercados bancarios estatales y se producen operaciones inter-fronterizas. Ahora, claro está, este punto de vista nos está prohibido en los que no tenemos estado, por lo cual no hemos podido defender nunca la permanencia de nuestras instituciones bancarias –actuales o anteriores- en nombre de nuestros propios campeones.

La realidad incuestionable es que, si triunfa la opa, el 74% del mercado bancario catalán estará en manos de dos grandes entidades, o el 86% si contamos a la tercera –Santander.