La salida de tono de un líder patronal fue noticia la semana pasada porque llamó "memos" a los jóvenes que piden la baja por salud mental de forma, considera, injustificada. "Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, sino porque le ha dejado la novia", dijo Ángel Nicolás, presidente de la organización de Castilla-La Mancha CECAM, adherida a la CEOE. Al día siguiente se disculpó.

La frase es ofensiva, fuera de lugar, desafortunada y exagerada, ya que no se puede generalizar que los jóvenes pidan la baja del trabajo por un desengaño amoroso. Pero la declaración sí que refleja una realidad ya innegable: el absentismo ha llegado a unos niveles muy difíciles de asumir para las empresas y me atrevería a decir que para la sociedad en general.

El alto absentismo, que se manifiesta principalmente con el crecimiento de las bajas por enfermedad, es ya un clamor en el mundo empresarial y también entre los economistas. Todos los líderes patronales se refieren a ello siempre que pueden, desde Antoni Cañete a Josep Sánchez Llibre, que ha hecho de la lucha contra este fenómeno uno de los grandes ejes del mandato que acaba de iniciar al frente de Foment del Treball. También hablan de ello los empresarios, aunque algunos solo lo hacen en privado.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, reclamó la semana pasada que la Seguridad Social asuma el coste de la baja los primeros quince días, en lugar de las empresas, dado que considera que el Gobierno de España no hace nada para combatir el absentismo. Ricard Penas, presidente del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona (COACB), añadió un elemento el viernes al recordar que los autónomos casi no se ponen enfermos.

Hay una realidad ya innegable: el absentismo ha llegado a unos niveles muy difíciles de asumir para las empresas y la sociedad en general

Veamos los datos, porque además de declaraciones, la semana pasada tuvimos cifras. Según un informe de Adecco, en 2025 el absentismo se situó de media en el 7,6%, cuatro décimas más que el año anterior. Y continúa creciendo, ya que en el último trimestre escaló al 7,8%, el nivel más alto de toda la serie histórica. Esto implica que cada día dejan de ir a trabajar en España entre 1,6 y 1,7 millones de personas, de las cuales casi 1,3 millones tienen la baja médica. El resto, ni eso. De media, cada trabajador pierde 10 horas de trabajo al mes.

Otro dato preocupante es que la industria es el sector que más absentismo sufre, como denunció la Cecot hace unas semanas, en la presentación de su Barómetro industrial 2026, con el 8,3%. Esto supone una dificultad más a la perseguida reindustrialización, ya que parece indicar que el mercado de trabajo no está preparado.

Estas cifras se traducen en dinero, y el resultado son pérdidas multimillonarias. Según la Airef, el gasto público generado por las bajas por incapacidad temporal ha pasado de 5.500 millones de euros en 2014 a 16.500 millones en 2024, el triple. Para las empresas, calcula un coste similar. La CEOE lo ha cifrado en 17.000 millones para las organizaciones empresariales y 34.000 en total.

Lo más triste de todo es que Garamendi tiene razón. No me refiero a la reclamación de que sea la Seguridad Social la que pague la baja de los trabajadores desde el primer día –o sí, pero la solución no debe ser repartir el coste, sino reducirlo, reduciendo las bajas–, sino a la queja de que los gobiernos no están haciendo nada para frenar la subida del absentismo. “Si usted no pone remedio, como mínimo, evíteme el coste”, dijo el presidente de la CEOE.

Es necesaria una respuesta transversal y efectiva, porque nos va la competitividad y, por lo tanto, el futuro

Me llama la atención que, mientras el absentismo se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los empresarios, los políticos prácticamente no hablan de ello. De hecho, nuestros gobernantes hablan muy poco de economía, y cuando lo hacen, es para sacar pecho de los buenos datos macroeconómicos, como el crecimiento del PIB y del empleo. Solo les ocupa la vivienda, por la crisis social que supone, con promesas de construcción que no se materializan –son medidas lentas– y medidas de control de precios que no están funcionando. Y, últimamente, en Catalunya, la industria, por el Plan Nacional firmado con los agentes sociales.

A nuestros políticos les falta tiempo para ir a inaugurar oficinas, “poner” primeras piedras y anunciar inversiones industriales, pero no parecen preocupados por una de las grandes pesadillas de los empresarios y directivos con quienes se fotografían y que afectan directamente la productividad y competitividad de las empresas y, por lo tanto, del país. Me cuesta entender esta actitud.

En parte, puede ser que algunos gobernantes, los más de izquierdas, como Yolanda Díaz, vicepresidenta española y ministra de Trabajo, hayan asumido el discurso de los sindicatos, que niegan el absentismo injustificado y culpan a las empresas del incremento de las bajas. Sin embargo, aunque lo hagan, podrían, y deberían, buscarle solución. Pero creo que el principal motivo por el que esquivan el tema es por las dificultades para afrontarlo y el poco rédito político que les puede dar.

El absentismo, como la vivienda, no tiene soluciones ni rápidas ni sencillas. Pero hay que ponerse con urgencia. Hay que sentar a todos los agentes, públicos y privados, y tomar decisiones. Patronales y sindicatos deben hablar sin ideologías y sin ningún otro apriorismo que los datos. Pero también deben sentarse la consellera de Salut, las organizaciones de médicos y las mutuas, porque hay que actuar sobre las causas, pero también en la gestión. Es necesaria una respuesta transversal y efectiva, porque nos va la competitividad y, por lo tanto, el futuro.