La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una propuesta para retrasar hasta un año y medio la aplicación plena de la Ley de Inteligencia Artificial, un texto que fue aprobado en 2023 y que ha comenzado a desplegarse de manera gradual este año. La decisión abre un intenso debate entre la necesidad de dar oxígeno a la industria europea y el peligro de ceder a presiones desreguladoras en un campo tecnológico clave. El ejecutivo de Ursula von der Leyen presenta la medida como una herramienta para "simplificar" el marco regulatorio y aliviar la "carga burocrática" que pesa sobre las empresas europeas.

El objetivo es claro: fomentar la competitividad de las compañías europeas de IA para enfrentarse a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y China. Sin embargo, el anuncio llega en un contexto político sensible, impregnado por las presiones de Donald Trump, y de algunos líderes europeos, hacia una desregulación agresiva del sector tecnológico. Desde Bruselas se defiende con firmeza que "simplificar no significa desregular", pero las críticas no se han hecho esperar.

La ley de IA europea se basa en un enfoque de riesgo, aplicando las obligaciones más estrictas. Es precisamente en este núcleo crítico donde la Comisión quiere actuar:

  • Retraso de las obligaciones de alto riesgo: Se propone aplazar hasta diciembre de 2027 (en lugar de agosto de 2026) la aplicación de normas clave para sistemas de IA utilizados en:
  • Moratoria en las sanciones: Paralelamente, también se pospondrían las potentes multas por incumplimiento de la norma, que podían alcanzar millones de euros, asegurando así un periodo de gracia adicional para las compañías.
  • Exenciones para las pymes: La propuesta incluye eximir a las pequeñas y medianas empresas de algunos de los requisitos más exigentes y de los controles previstos, además de simplificar la documentación necesaria. La Comisión cuantifica este alivio en unos ahorros de 225 millones de euros anuales para el tejido empresarial europeo.

La Ley de Inteligencia Artificial de la UE es un instrumento jurídico complejo que se ha ido implantando por fases. Algunas prohibiciones, como la extracción masiva de imágenes faciales para crear bases de datos de reconocimiento o el uso del reconocimiento de emociones en el ámbito laboral, ya son efectivas desde febrero. Por otro lado, desde agosto, las plataformas de IA generativa como ChatGPT deben adaptarse a estrictas normas sobre derechos de autor. La Comisión argumenta que este aplazamiento es necesario para que la ley se aplique "cuando existan las herramientas y los estándares técnicos" que permitan a los negocios cumplirla de manera efectiva. Señalan que se trata de añadir "un punto de realidad" y dar "previsibilidad legal"

Sin embargo, esta visión es rechazada con dureza por decenas de organizaciones de derechos civiles y digitales, entre las que se encuentra Amnistía Internacional. En un comunicado contundente, han acusado a la Comisión de "desmantelar de manera encubierta las protecciones más sólidas de Europa ante las amenazas digitales", calificando la iniciativa como "el mayor retroceso en derechos digitales de la historia de la UE". Los críticos alertan de que esta flexibilización podría perpetuar sesgos algorítmicos en áreas sensibles como la contratación o los préstamos, afectando a grupos vulnerables.

La propuesta sobre IA no es un hecho aislado. Forma parte de un paquete más amplio de simplificación regulatoria que también afecta a otras áreas digitales:

  • Fin de la "fatiga de cookies": Bruselas quiere poner fin a la inundación de banners de consentimiento. La idea es permitir a los usuarios aceptar o rechazar el rastreo con un solo clic, con una validez de seis meses, para evitar la "constante aparición" de estas ventanas.
  • Un solo punto para la ciberseguridad: Se propone simplificar y centralizar la notificación de incidentes de ciberseguridad, creando un único punto de contacto para las empresas, lo que en teoría agilizará la respuesta ante amenazas.

La propuesta de la Comisión no es definitiva. Tendrá que ser negociada y recibida por el Consejo de la Unión Europea y por el Parlamento Europeo. Se prevé un debate intenso, con países como Francia y Alemania, con fuertes intereses industriales, posiblemente favorables al alivio, y otros, más preocupados por los derechos fundamentales, presionando para mantener la ambición protectora de la ley original. La batalla entre la competitividad económica y la protección de los ciudadanos en la era de la IA se ha desatado en el corazón mismo de Bruselas.