La Comisión Europea ha reafirmado su compromiso con el calendario original del Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), desoyendo las crecientes presiones de gigantes tecnológicos, líderes políticos y hasta de algunos países miembros de la Unión Europea que solicitaban un aplazamiento. La decisión, comunicada esta semana por el portavoz comunitario Thomas Regnier, marca un momento decisivo en la política digital del bloque: “No habrá pausa, no habrá periodo de gracia y no se detendrá el reloj”, dijo tajantemente.

El Reglamento IA, aprobado formalmente en 2024, es la primera legislación integral a nivel mundial que regula el desarrollo, comercialización y uso de sistemas de IA. Su objetivo es establecer límites éticos y operativos para proteger los derechos fundamentales, fomentar la innovación segura y garantizar un uso transparente y responsable de estas tecnologías.

Aplicación progresiva del Reglamento IA

La legislación ya ha comenzado a aplicarse de forma progresiva:

  • Desde febrero de 2025, están en vigor las disposiciones generales.
  • A partir de agosto de 2025, se activarán las obligaciones para los modelos de propósito general, como los grandes modelos de lenguaje (LLMs).
  • En agosto de 2026, serán exigibles los requisitos y obligaciones, más estrictos, para los sistemas de alto riesgo (en sectores como sanidad, transporte, justicia o recursos humanos).

Resistencia desde Silicon Valley y Europa

Empresas como Alphabet (Google), Meta (Facebook/Instagram), y otras tecnológicas europeas como la francesa Mistral o la neerlandesa ASML han expresado públicamente sus dudas sobre el ritmo y el alcance del Reglamento IA. En una carta conjunta enviada a Bruselas, varias de ellas pidieron retrasar la aplicación “varios años” para disponer de más tiempo para adaptarse.

Estas compañías argumentan que el marco legal es demasiado rígido y que puede poner en desventaja a la industria europea frente a competidores de otras regiones donde la regulación es más laxa o inexistente. Además, temen que los requisitos técnicos —como la supervisión humana, la transparencia algorítmica o las pruebas de seguridad— ralenticen la innovación y aumenten los costes.

No obstante, la Comisión Europea ha insistido en que la protección de los derechos fundamentales y la garantía de un ecosistema digital seguro no deben quedar supeditados a la conveniencia empresarial. Eso sí, ha prometido presentar este año un paquete de simplificación normativa, centrado en reducir la carga administrativa para las pymes y facilitar el cumplimiento.

Bruselas rechaza presiones de Washington

Las tensiones han trascendido las fronteras de la Unión. Según información de POLITICO, durante conversaciones comerciales recientes con Estados Unidos —en el marco del retorno de Donald Trump al poder—, Washington habría presionado para que Bruselas flexibilizara o incluso congelara su normativa digital, incluyendo no solo el Reglamento de IA, sino también la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA).

Desde la Comisión, la responsable de política tecnológica Henna Virkkunen fue muy clara: “Estas leyes reflejan nuestros valores europeos. No forman parte de las negociaciones comerciales”. Las autoridades estadounidenses, y especialmente los directivos de grandes tecnológicas, critican que estas normativas dificultan la actividad de las empresas de EE. UU. en Europa y que incluso, en su opinión, podrían dar pie a formas de censura o competencia desleal. Bruselas, sin embargo, defiende que las sanciones previstas no constituyen aranceles  encubiertos, como dijo Trump, sino mecanismos para incentivar el cumplimiento legal, diseñados para proteger a los usuarios europeos.

Suecia y otros países se suman a la pausa

En un giro significativo, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, se convirtió esta semana en el primer líder europeo en pedir públicamente una pausa en la aplicación del Reglamento de IA. Durante una sesión con el parlamento sueco, calificó la legislación como “confusa” y alertó que su implementación precipitada podría derivar en fragmentación normativa, ineficiencias regulatorias y, en última instancia, en una pérdida de competitividad tecnológica para Europa.

Kristersson expresó su preocupación por la falta de estándares comunes armonizados, algo esencial para que las empresas puedan cumplir con la ley de forma coherente en todos los países miembros. También advirtió sobre la posible retirada de ciertos productos tecnológicos del mercado europeo, si las empresas no consiguen cumplir a tiempo con los requisitos exigidos. La eurodiputada conservadora Arba Kokalari, también sueca, apoyó esta visión y pidió que el Reglamento de IA se incorpore al próximo paquete de simplificación digital que prepara la Comisión. Otros gobiernos, como los de Polonia y la República Checa, han manifestado abiertamente su disposición a considerar retrasos o adaptaciones.

¿Vamos hacia una Europa dividida?

La firmeza de Bruselas choca con una realidad política cada vez más fragmentada. Si bien el proyecto de regulación de la IA ha sido celebrado por su carácter pionero, también se enfrenta al reto de mantener la unidad política entre los Estados miembros y evitar la fuga de talento y capital hacia entornos regulatorios más flexibles. A medida que se acerca agosto de 2025, cuando entren en vigor las obligaciones para los grandes modelos de IA, las instituciones europeas deberán equilibrar el impulso ético de su agenda digital con las necesidades y temores del tejido empresarial y político. El debate no es solo jurídico o económico: es, en esencia, una disputa sobre el modelo de sociedad digital que quiere construir Europa.