Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), la embotelladora que preside Sol Daurella, mantiene un conflicto con el regulador estadounidense. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) cuestiona la política contable de la compañía respecto a la inclusión de los contratos para embotellar los refrescos dentro de su balance financiero.
La empresa, que ha presentado este viernes unos resultados anuales con un beneficio neto de 1.669 millones de euros, destaca en el informe que la SEC está investigando los métodos de contabilidad de los acuerdos comerciales entre la embotelladora hispano-británica y The Coca-Cola Company (TCCC). Concretamente, analiza una serie de activos que la compañía define como "intangibles de vida indefinida" y que se elevaban a 11.874 millones de euros al cierre de 2022.
Al cierre de 2023, ejercicio cuyas cuentas están por auditar, la cifra asciende hasta los 12.395 millones. Un dato calculado sobre un activo total de 29.254 millones. Se trata de contratos que normalmente cuentan con una duración de diez años y que se pueden prorrogar por otro plazo del mismo periodo. No obstante, CCEP ha estado contabilizándolos como activos de larga duración, puesto que la relación comercial con Coca-Cola es prolongada y no ha visto la necesidad de ir amortizándolos cada ejercicio.
Podría tener que reevaluar sus estados financieros históricos
Es por ello que el regulador estadounidense cuestiona que el modo de hacer de la embotelladora sea el adecuado y podría hacer a la compañía remodelar su política contable para limitar la vida útil de estos activos intangibles. De ser así, la investigación de la SEC podría provocar que CCEP tenga que ajustar y recalcular sus estados financieros consolidados históricos y actuales, tal y como ha indicado la empresa en el informe anual.
"Si se reevaluara la política contable de la empresa para limitar la vida económica útil del inmovilizado inmaterial a los plazos contractuales restantes del embotellador con TCCC, los estados financieros consolidados históricos y actuales de la empresa tendrían que ajustarse para reducir la vida útil de los activos intangibles y los pasivos por impuestos diferidos relacionados, con un aumento equivalente del fondo de comercio efectivo a partir de las fechas de las adquisiciones", explica el documento.
Asimismo, la compañía admite que "sería reconocido un mayor gasto de amortización de los activos intangibles durante la vida pendiente de los acuerdos en vigor en el momento de la adquisición", aunque explica que todos los efectos en el balance y la cuenta de resultados "no serían en efectivo y no impactarían la generación y utilización de los beneficios distribuibles".