Los dos grandes sindicatos de ámbito nacional, CC. OO. y UGT, han mostrado diferencias a la hora de valorar la aprobación este martes de la opa del BBVA sobre el Sabadell por el Consejo de Ministros, a pesar de las duras condiciones impuestas que veta durante tres años una fusión de ambas empresas, que podría irse a cinco años. El primero considera "insuficientes" las condiciones aprobadas por el gobierno español, ya que en su opinión siguen sin aportar garantías suficientes a nivel económico, social y laboral. Por su parte, el sindicato que lidera Pepe Álvarez ha declarado que “valora de forma positiva” la decisión del Ejecutivo, “en particular, destacamos y respaldamos las restricciones adicionales impuestas por el Gobierno, que responden en buena parte a las demandas planteadas por nuestro sindicato en defensa del empleo, del crédito a la economía productiva y de la cohesión territorial”.
Unas diferencias que se han hecho también palpables en los tiempos. A pesar de que la decisión se supo sobre las 14.30 horas de ayer martes, los sindicatos reaccionaron varias horas más tarde. Así, UGT remitió un comunicado a las 19.20 horas -después de que se retratase el secretario general en Catalunya, Camil Ros-, mientras que CC. OO. ha mantenido silencio hasta las 8.49 horas de este miércoles, a pesar de la demanda de los periodistas en la tarde de ayer. Las diferencias no solo se han dejado notar dentro del ámbito sindical: en el ámbito institucional de los consumidores, también se han posicionado de manera distinta.
UGT señaló este martes en su comunicado que “consideramos especialmente relevante que, en el marco de esta decisión, se haya garantizado —por un periodo mínimo de tres años, ampliable a cinco— la pervivencia de ambas marcas con balances y cuentas de resultados separados, así como la existencia de órganos de decisión diferenciados para cada una de las entidades. Esta medida preserva la diversidad operativa del sistema bancario español y actúa como cortafuegos ante el riesgo de concentración excesiva”.
CC. OO.
Por su parte, CC. OO. entiende que el plazo transitorio "solo contribuye a modular dichos impactos en un periodo temporal, pero sin impedirlos a medio plazo". Por este motivo, el sindicato exige que, en caso de que BBVA siga adelante con la opa y los accionistas del Sabadell la avalen, “se tenga un especial nivel de exigencia desde los reguladores y supervisores del sector financiero en torno a los informes periódicos y planes estructurales marcados para la operación, para limitar el impacto a nivel de concentración, exclusión y falta de competencia”.
Asimismo, pide un acuerdo laboral que proteja las condiciones y el empleo de las dos plantillas, con garantías de empleo que aporten estabilidad, además de mecanismos de relevo generacional con salidas voluntarias y creación de empleo, y la preservación y mejora de las condiciones salariales y laborales. Finalmente, solicitan un proyecto de grupo empresarial sólido, con viabilidad futura y arraigo en los territorios. "Seguiremos atentos al desarrollo de este proceso para incidir en la defensa de los intereses de las personas trabajadoras de ambas entidades, de sus clientelas y de la sociedad en general", concluye el sindicato.
UGT
En UGT destacan “con satisfacción” que las condiciones gubernamentales incluyan “compromisos claros” sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo y de la red de oficinas de ambas entidades, así como garantías en cuanto al acceso al crédito para pymes y autónomos, aspectos “esenciales para proteger el interés general”. Unas medidas que en opinión del sindicato “deberían llevar al BBVA a desistir de su intento de absorción”, al constatar que no existe margen para utilizar esta operación como vía de recorte, exclusión financiera o concentración de poder de mercado.
UGT subraya que este episodio pone de relieve la necesidad urgente de que entidades como el Banco Sabadell refuercen su autonomía y su solvencia estratégica, dotándose de los instrumentos necesarios para no aparecer como actores vulnerables en futuros intentos de concentración o toma hostil, que puedan perjudicar la competencia, el empleo o la oferta de servicios financieros esenciales.