Sant Mateu de Bages se encuentra en una encrucijada decisiva. A finales de 2026, este pequeño municipio del Bages está llamado a acoger una infraestructura que podría redefinir su tejido productivo y su huella ecológica: una planta de biogás destinada a procesar los miles de toneladas de deyecciones ganaderas que genera esta comarca con una densa presión ganadera. El proyecto, impulsado por Nortegas Renovables, la segunda compañía gasística del Estado, avanza en su tramitación urbanística mientras teje un complejo tapiz de expectativas, recelos y condiciones en el territorio, exponiendo las tensiones propias de una transición energética que debe conciliar la urgencia climática con las realidades locales.
La instalación se construirá en unos terrenos de cinco hectáreas dentro del término de Sant Mateu, pero físicamente adosada al polígono industrial La Pobla de Súria. Esta peculiaridad geográfica ha convertido el proyecto en una cuestión comarcal. Ricard Planas, director técnico de Grup Solucions, la empresa diseñadora de la planta, defiende que se trata de una "ubicación ideal". "Responde a la fuerte presión ganadera del Bages, alejada de núcleos urbanos, protegida visualmente y con acceso directo a la C-55", enumera. Los estudios de viabilidad confirman que, en un radio de 10 kilómetros, hay "tres veces más materia orgánica de la que consumirá la planta", asegurando el suministro de las casi 1.000 explotaciones ganaderas de la zona.
Sin embargo, este acceso directo a la carretera es también el punto neurálgico del conflicto vecinal. La previsión de entre 30 y 40 viajes diarios de camiones ha puesto en alerta al Ayuntamiento de Súria. Su alcalde, Albert Coberó, ha sido categórico: la condición sine qua non para dar su aquiescencia es que estos vehículos no circulen por las calles del municipio. La compañía ha asumido este compromiso, pero la polémica ha puesto de relieve cómo las infraestructuras, aunque se planteen como verdes, llevan ligadas una carga logística que no siempre es bien recibida por los vecinos.
De la oportunidad económica a la cautela logística
Los dirigentes políticos afectados ofrecen perspectivas que, si bien no son contradictorias, ponen el acento en aspectos diferentes. Para el alcalde de Sant Mateu de Bages, Jordi Borràs, el proyecto es una oportunidad multidimensional. En un municipio "con muy poca actividad industrial", la inversión de 14 millones de euros y la creación de unos 7 puestos de trabajo directos y entre 10 y 12 indirectos establecen un relanzamiento económico significativo. Más allá de los números, Borràs subraya el beneficio ambiental para el sector agrario: la planta permitirá a los ganaderos gestionar las deyecciones y obtener "un producto más limpio y con menos nitratos", un factor crucial para aliviar la presión sobre los acuíferos de la cuenca, históricamente afectados por la contaminación difusa por nitratos. Desde Súria, en cambio, la narrativa está dominada por la prudencia. El alcalde Coberó, sin oponerse al proyecto, ha centrado sus esfuerzos en asegurar que el impacto logístico recaiga exclusivamente sobre la infraestructura viaria principal, preservando la calidad de vida de sus ciudadanos. Esta negociación refleja el reto de gobernar en un territorio interconectado, donde las decisiones de un pueblo vecino tienen repercusiones directas.
Para agricultores como Jordi Carné, titular de una explotación de pollos, la planta representa sobre todo una herramienta de seguridad y diversificación. Su granja genera entre 300 y 400 toneladas anuales de estiércol de gallina, y la falta de tierras suficientes para absorber el nitrógeno lo convierte en un cliente potencial ideal. Actualmente, depende de un único gestor que hace de intermediario, un sistema que considera vulnerable. "Siempre es mejor tener más pretendientes que solo uno. Si un día el gestor cierra, nosotros nos quedaríamos colgados", señala. La planta de biogás se erige, pues, en una válvula de seguridad y una "alternativa" para no depender de un oligopolio en la gestión de residuos, un problema recurrente en zonas ganaderas intensivas.
No obstante, no todas las voces del mundo agrario lo ven con los mismos ojos. Unió de Pagesos, si bien valora positivamente las plantas de biogás como herramienta de gestión circular, ha levantado la voz de alerta sobre un riesgo concreto y grave: la posible entrada de lodos de depuradora en este tipo de instalaciones. El coordinador del sindicato en el Bages, Josep Guitart, es contundente: "Los lodos de depuradora contienen metales pesados que se acumulan en el suelo y pueden acabar afectando acuíferos y alimentos". Permitir su entrada, asegura, sería "una hipoteca para las tierras del país y para el consumidor". Su preocupación radica en que, si la planta no está correctamente "dimensionada" según las deyecciones locales y se construye con capacidad excesiva, podría abrirse la puerta a importar residuos "indeseables" de otras zonas para mantenerla rentable.
Más allá del biogás, un debate sobre el modelo de territorio
Francina Plazas, también miembro de Unió de Pagesos, profundiza en este riesgo. Explica que el "blanqueo" de lodos es más probable si la planta no dispone de un flujo constante de deyecciones frescas. Actualmente, muchos lodos reciben tratamientos insuficientes y su procesamiento avanzado "es posible, pero muy costoso", motivo por el cual acaban siendo depositados en vertederos, generando nuevos problemas ambientales. El temor es que una planta sobredimensionada se vea tentada a aceptar estos residuos más baratos y peligrosos para asegurar su viabilidad económica, desvirtuando su finalidad ecológica.
La planta de biogás de Sant Mateu de Bages es mucho más que una instalación energética. Se ha convertido en un microcosmos donde se debaten los dilemas de la Catalunya interior: cómo gestionar los recursos propios sin estropearlos, cómo atraer inversiones sin ceder a los riesgos ambientales, y cómo equilibrar las necesidades del sector primario con las aspiraciones de sostenibilidad. El proyecto promete transformar un problema crónico en una oportunidad energética, inyectando 54 GWh anuales de biometano a la red. Pero el camino hacia este futuro verde está lleno de interrogantes sobre el tránsito, la pureza de los residuos tratados y la distribución equitativa de los beneficios y las cargas. El éxito no se medirá solo en gigavatios hora producidos, sino en la capacidad de generar un consenso territorial que asegure que la revuelta verde no deja víctimas en su propio territorio. El reloj corre hasta finales de 2026, y el debate en las comarcas del Bages está más vivo que nunca.