Catalunya cuenta con 1.454 polígonos de actividad económica repartidos por todo el territorio, que concentran más de 42.600 empresas y ocupan cerca de 533.000 personas, el 14% del total del empleo catalán. Estos espacios acogen una parte esencial del tejido industrial, clave para el desarrollo económico del país: la industria representa el 18,6% del valor añadido bruto de Catalunya. A pesar de este peso en términos generales, los Polígonos de Actividad Económica (PAE) presentan una gran heterogeneidad en cuanto a características físicas, calidad de infraestructuras, servicios disponibles y modelos de gestión, hecho que genera retos relevantes para su desarrollo.
Esta es la situación que recoge el estudio Explorando una posible regulación de los Polígonos de Actividad Económica en Cataluña: retos y escenarios, elaborado por la consultora Daleph e impulsado por el Departamento de Empresa i Treball de la Generalitat y el Pacto Industrial de la Región Metropolitana de Barcelona, cuyas conclusiones se presentaron en junio de 2025.
Ante los resultados obtenidos, una de las salidas que da el estudio a la actual situación de los polígonos industriales en Catalunya, en la que se observan muchas carencias y falta de mantenimiento, se defiende la creación de una nueva ley específica, diseñada desde cero, que permita establecer una clasificación clara de los polígonos según los servicios e infraestructuras disponibles, definir un paquete mínimo de servicios básicos, prever sistemas de incentivos para su modernización, promover la creación de entes de gobernanza, determinar una distribución clara de competencias y garantizar la gestión actualizada de los datos a través del Sistema de Información de Polígonos de Actividad Económica (SIPAE), una herramienta vigente del departamento de Empresa y Trabajo.
La necesidad de disponer de una ley específica de polígonos industriales, como tienen otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana y Andalucía, es una larga reivindicación de las formaciones políticas en Catalunya, pero que no acaba de salir adelante. Este año se ha hecho un avance importante al incluirla como una de las prioridades del nuevo Pacto Nacional por la Industria 2026-2030, validado por el Govern, patronales y sindicatos, y que también cuenta con el apoyo de una gran parte de los ayuntamientos catalanes.
Carencias y obsolescencia
Todas las administraciones y los agentes sociales coinciden en el diagnóstico: las zonas industriales, muy dispersas por el territorio, son a menudo pequeñas, no tienen conexión con los nodos básicos de movilidad, no están dotadas de infraestructuras y las que las tienen ya se han quedado obsoletas. La radiografía es abrumadora porque resta competitividad a la industria que está instalada en estos polígonos, por lo cual es necesario un plan y una ley ambiciosos que impulse la modernización de los polígonos con carencias claras, que fomente las Áreas de Promoción Económica Urbana (APEU) -que son zonas geográficas delimitadas donde el tejido comercial urbano y la administración local trabajan, de manera conjunta, para promover y dinamizar el área industrial- y que desarrolle nuevos polígonos en las comarcas del país con potencial industrial, entre otros aspectos.
Mientras tanto, el Govern quiere activar las más de 14.000 hectáreas de suelo destinado a actividad económica que hay en Catalunya. La iniciativa quiere ordenar las áreas industriales pendientes de urbanizar y dar respuesta a una demanda creciente de empresas internacionales que quieren instalar sus centros logísticos en Catalunya.
Asociaciones de gestión conjunta
Pero lo que reclaman los agentes sociales y entidades como la Unión de Polígonos Industriales de Catalunya (UPIC) -integrada por diversas entidades de polígonos y las 13 cámaras de comercio catalanas- es que las industrias que ya están establecidas en Catalunya desarrollen su actividad industrial en las mejores condiciones. Narcís Bosch, director de la UPIC, explica que actualmente solo hay 250 de los poco más de 1.400 polígonos existentes que tengan constituida una asociación para gestionar directamente el área industrial y responder a lo que piden sus industrias.
Bosch pone de ejemplo la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial de la Canya de Olot (Girona) y la APEU que funciona en el polígono Les Preses (Girona), muy próximo al de Olot. El director de la UPIC destaca que las Áreas de Promoción Económica Urbana (APEU) son una buena herramienta a la cual se deben suscribir todas las empresas ubicadas en la zona industrial. Su funcionamiento permite, por lo tanto, disponer de un presupuesto, definir el perímetro del polígono y hacer un plan de actuaciones que beneficie al conjunto de la industria.
Desde la UPIC se reivindica la prioridad de tener una buena clasificación de los polígonos existentes según "la calidad y su peso en el desarrollo de la cadena de valor de la industria, las infraestructuras, movilidad, digitalización...", porque se tienen que modernizar y adecuar a la industria 4.0. Bosch entiende la propuesta de fomento de nuevo suelo industrial porque "la oferta actual es baja, especialmente en las comarcas del área metropolitana de Barcelona y su zona de influencia". No obstante, insiste en el hecho de que hay muchos polígonos que se tienen que ordenar urbanística y tecnológicamente, porque también sería una manera de hacer aflorar suelo industrial libre en las zonas ya existentes, por medio de medidas como la agrupación de parcelas, por ejemplo.
El director de la UPIC argumenta que, para sacar adelante muchas de estas medidas, se debe partir de la colaboración público-privada e insiste en el papel que deben desarrollar los ayuntamientos. Bosch comenta que de unos años a esta parte se aprecia un cambio importante en el talante de los ayuntamientos más abiertos a colaborar con las empresas radicadas en las áreas del municipio, "porque son más conscientes de la importancia de tener buena industria, competitiva, innovadora..., ya que esto garantiza puestos de trabajo, atracción de talento, revitalización del municipio", entre otras cosas, y que lo más importante no es solo la recaudación de los impuestos, "aunque también".
Inversiones en la demarcación de Barcelona
El interés que se ha despertado por parte de los ayuntamientos se evidencia con la buena acogida que tienen las líneas de apoyo que instrumentaliza la Diputación de Barcelona. En los últimos 20 años, la Diputación de Barcelona ha destinado 86,6 millones de euros a la mejora de polígonos industriales, consolidando una línea de apoyo estable a los municipios.
La última convocatoria para el período 2025-2030 se ha dado un salto cualitativo y cuantitativo, con la aportación de 38 millones de euros, con el objetivo de reforzar esta política pública y dar respuesta a una demanda creciente del territorio. "La aspiración es continuar incrementando la inversión, mejorar el alcance de las actuaciones y avanzar hacia polígonos más competitivos, sostenibles y preparados para los retos futuros", explica la diputada de Desarrollo Económico y Turismo, Ana Maria Martínez. Además, este importe se incrementa con lo que aportan los entes locales. Por lo tanto, se están movilizando, a favor de los polígonos industriales, un total de 56,7 millones de euros.
La diputada expone que las inversiones se centran principalmente en la mejora de infraestructuras básicas y servicios de los polígonos: accesibilidad y movilidad, redes de agua y energía, seguridad, alumbrado, gestión de aguas, así como la incorporación de nuevas tecnologías y telecomunicaciones. También se promueve una visión más integral que incluye la sostenibilidad y la calidad del entorno productivo. Los ámbitos más solicitados de los proyectos seleccionados han sido la movilidad (73%), el agua (9%) y la energía (8%).
Infraestructuras antiguas
Ana Maria Martínez manifiesta que, a pesar de los avances, los polígonos industriales continúan presentando carencias importantes en ámbitos clave como la movilidad, el acceso a recursos hídricos, el suministro energético, la seguridad o las telecomunicaciones. "Más de la mitad de los polígonos existentes en la provincia son de antes del año 1978 y esto hace que la demanda de actuaciones sea muy elevada y pone de manifiesto que la oferta de recursos disponible hasta ahora es insuficiente para cubrir todas las necesidades existentes". Por este motivo, "es necesario continuar reforzando la inversión y la colaboración entre administraciones para acelerar la transformación de estos espacios, que son estratégicos para el desarrollo económico y la generación de empleo", insiste.
En este sentido, es importante sumar esfuerzos, alinear recursos y compartir criterios de actuación para dar una respuesta más eficiente a las necesidades del territorio. Por tanto, es bienvenida la decisión de la Diputación de Tarragona, que se ha sumado a la iniciativa y ha hecho una primera convocatoria de subvenciones para el fomento de Polígonos de Actividad Económica en su demarcación. Las necesidades son, en gran medida, similares en todas partes: modernización de infraestructuras, mejora de los servicios, adaptación a los retos energéticos y digitales, y más calidad de los entornos productivos.