El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, traía preparado a su rueda de prensa de presentación del plan estratégico hasta 2027 un trozo de cable con el grosor de un antebrazo para escenificar como Hamlet con la calavera su "ser o no ser", su indignación contra el impuesto extraordinario a las energéticas que el Gobierno español quiere convertir en permanente. "Si alguien invierte en España y crea empleo industrial en España para producir este cable, tiene que pagar un gravamen extraordinario. En cambio, alguien que no invierte ni un euro en España, lo produce en el extranjero y lo importa desde el puerto de Bilbao, no paga", ha ejemplificado Imaz, que ha denunciado que el gravamen lo que hace es "discriminar" al que invierte en España.
Después de presentar un plan estratégico marcado por los entre 16.000 y 19.000 millones que pretende invertir hasta 2027, con un 35% dedicado a energías de bajas emisiones, y de dar a conocer unos resultados satisfactorios aunque con un 25% menos de beneficios que en 2022 (3.168 millones en 2023), Imaz ha dado un repaso a los planes de la empresa, con especial énfasis en este impuesto o en "el marco regulatorio y fiscal" que, insiste la empresa, amenaza algunas de estas inversiones. "Este gravamen lo que hace es discriminar al que está invirtiendo en España y favoreciendo al que no invierte en España, importa los productos y crea riqueza en otros países, ¿alguien puede sostener con la mirada alta que esto es social?", se ha preguntado Imaz.
Con todo, el plan estratégico espanta cualquier duda sobre las intenciones de Repsol de invertir en España. Pese a que el presidente Antonio Brufau llegó a decir que la carga fiscal amenaza inversiones, el plan estratégico prevé un escenario de elevada inversión en España, incluso en su tramo más pesimista, en el que ingresaría más de 10.000 millones en la Península, el 65% de los 16.000 de mínimo marcado por el plan estratégico.
El dirigente de la empresa energética ha resaltado no obstante su "respeto institucional" y ha reconocido tener "diálogo" con el Gobierno español, pero no ha desvelado si le han trasladado qué harán con este impuesto. Fuentes de la empresa insisten en que "confían" en que el Gobierno se eche atrás y retire el gravamen extra a las energéticas, que consideran inconstitucional. Entre las inversiones en juego por este impuesto y "por las condiciones macroeconómicas", ha apostillado Imaz, hay dos proyectos en Tarragona que suman 1.100 millones. Por un lado, una de entre 700 y 800 millones en una ecoplanta en El Morell para convertir residuos en metanol y, por el otro, una inversión de 320 millones para participar junto a Enagás Renovable, Iqoxe y Messer en un electrolizador de 150MW que debe ser el mayor colector de hidrógeno verde de la Península Ibérica.
Imaz ha explicado también que la reducción de beneficios en relación al año pasado se debe sobre todo a la subida de los precios del petróleo, a una producción de petróleo inferior a lo esperado y a la desinversión en países que la empresa dejó de considerar estratégicos, como Rusia, Ucrania, Ecuador, Canadá o Malasia "para mejorar el portfolio". De cara a 2027, un 65% de las inversiones irán a parar a la Península Ibérica y un 25% a los Estados Unidos, mientras que Chile, México e Italia concentrarán la mayor parte del resto. "Centramos nuestras inversiones en países de la OCDE, algo poco común en nuestro sector", ha destacado Imaz.
El CEO de la empresa ha puesto énfasis también en la importancia de atraer a los inversores, por lo cual esperan que los dividendos vayan creciendo de media un 3% anual hasta alcanzar entre 1,06 euros por acción en el peor de los casos y 1,26 en el mejor en 2027, tras anunciar un incremento del 30% hasta los 90 céntimos por acción ya en 2024, que ha ayudado a disparar a la empresa en Bolsa hasta un 5% a lo largo de la sesión del IBEX. Imaz ha justificado el elevado abono a accionistas, que puede alcanzar hasta el 35% del flujo de caja y 10.000 millones entre los 4.000 de pago de dividendos y las recompras de acciones hasta 2027, porque quieren realizar "un gran esfuerzo inversor". "Hemos reducido la deuda (4.700 millones en el periodo 2021-2023) y hemos buscado una sólida posición financiera. Tenemos credibilidad, solidez y activos para hacer una transformación seria de la compañía", ha dicho.
Descarbonización y petróleo
Pese al "compromiso muy serio de descarbonización" de la compañía, "no hay otra compañía de petróleo y gas que invierta el 35% en descarbonización", Imaz ha dejado claro que el petróleo seguirá siendo uno de los negocios principales de la empresa. "Seguimos apostando por la extracción de petróleo", ha dicho, y ha pedido una "descarbonización más inteligente" apuntando a las regulaciones europeas. "No estamos reduciendo las emisiones, las estamos exportando e incluso aumentando. Por cada industria con emisiones que cierra en Europa abre una en Turquía o China que, después, exporta su producto a Europa contaminando más", ha explicado.
También ha reconocido un freno a las expectativas del hidrógeno verde condicionado por los avances tecnológicos ya que "hay aplicaciones en las que va a costar más que se aplique" debido a que"es notablemente más caro el hidrógeno verde que el que podemos producir con gas natural". "El futuro del hidrógeno verde pasa por producir más electricidad para que el precio de la electricidad (que hay que utilizar para generarlo) baje", ha añadido Imaz.
Con todo y con eso, Imaz ha asegurado que aunque la electrificación tendrá un gran peso en la movilidad, "no toda la movilidad va a ser eléctrica". Y ha defendido el uso de combustibles renovables como las 250.000 toeladas que produce Repsol al año en su planta de Cartagena, que "tienen el mismo efecto reductor que la existencia de 400.000 vehículos eléctricos". "La diefrencia es que los 400.000 coches eléctricos nos han costado 4.000 millones de euros a los contribuyentes por la subvención al que lo compra y por el impuesto a hidrocarburos que paga quien tiene un coche de combustible, aunque sea combustible renovable", ha completado.
Este mismo viernes, también ha presentado resultados Iberdrola y también ha cargado contra el impuesto a las energétcias. La energética ha preparado incluso un gráfico para mostrar cómo los tributos han crecido un 100% de los 855 millones pagados en 2022 a los 1.702 en 2023, eso sí después de presentar unos resultados de récord con 4.803 millones de euros de beneficios, un 10% más que el año pasado. El presidente de la energética, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado que "no tiene ningún sentido" el escenario fiscal en España y ha contabilizado 38 impuestos diferentes en España, 18 del Gobierno central y otros 20 de las diferentes regiones, lo que genera una situación que "no es atractiva" para los negocios.