La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha abierto un expediente sancionador de gran alcance contra once empresas consultoras de ingeniería, acusadas de manipular licitaciones públicas mediante intercambios de información comercial de carácter sensible. El regulador considera que estas prácticas, presuntamente ilícitas, habrían tenido como finalidad distorsionar la concurrencia competitiva y repartirse irregularmente el mercado de contratación pública en el ámbito de la asistencia técnica y la ingeniería. Las compañías investigadas conforman un listado extenso y representativo del sector. Se trata de Alauda, Applus Norcontrol, Ciesm-Intevia, Estudios y Servicios de Movilidad y Gestión de Infraestructuras (Esmovilidad), Heymo, Incope, iPlan Movilidad, Prointec, Sener, Tema y TPF Getinsa Euroestudios. Todas ellas habrían participado, según la tesis del regulador, en una red de coordinación irregular para adjudicarse contratos públicos de consultoría y asistencia técnica de ingeniería convocados por una pluralidad de organismos estatales, autonómicos y locales.

El núcleo de la investigación se centra en la acusación de que estas empresas habrían presentado ofertas ficticias de manera concertada en diversos procesos de licitación. Esta técnica, conocida en el ámbito de la defensa de la competencia como bid rigging o manipulación de licitaciones, consiste en acordar previamente entre los competidores qué empresa se presentará con una oferta ganadora y cuáles lo harán con ofertas de cobertura, deliberadamente menos competitivas, para simular una concurrencia real y falsear la percepción del poder adjudicador.

Según ha informado la CNMC, el origen de la investigación se remonta al análisis detallado de diversas licitaciones concretas. En particular, el regulador ha centrado su atención en los contratos convocados por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, destinados a contratar servicios de consultoría y asistencia técnica en el ámbito de la ingeniería vial. Estos contratos, por su elevado volumen económico y su complejidad técnica, son especialmente atractivos para las grandes consultoras y han sido, presuntamente, objeto de reparto previo.

Las inspecciones y el alcance temporal del procedimiento

El expediente sancionador se ha abierto tras una fase de investigación previa que incluyó inspecciones simultáneas en varias sedes empresariales. Entre el 30 de enero y el 2 de febrero de 2024, los servicios de inspección de la CNMC visitaron las oficinas de Aecom Spain, Alauda, Prointec, SGS Tecnos y Getinsa. Posteriormente, entre el 25 y el 28 de noviembre de 2024, los inspectores actuaron en las sedes de Esmovilidad, Heymo, imesAPI y Tema. Estas entradas y registros, autorizadas judicialmente, tenían por objeto la recogida de documentación, correos electrónicos y cualquier otro soporte probatorio que pudiera acreditar la existencia de los acuerdos. La CNMC ha recordado que, con la incoación formal de este expediente, se abre ahora un período máximo de veinticuatro meses para la instrucción y resolución definitiva del procedimiento.

Se trata de un plazo habitual en procesos de esta complejidad, dado el volumen de empresas implicadas, la cantidad de contratos sospechosos de haber sido manipulados y la dificultad técnica de acreditar los acuerdos prohibidos. El regulador ha subrayado, en cualquier caso, que la incoación no prejuzga el resultado final de la investigación y que las empresas gozan de la presunción de inocencia durante la tramitación. Las conductas investigadas son contrarias al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que prohíbe expresamente todo acuerdo, decisión colectiva o recomendación que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional. Este precepto se asemeja, en sus términos esenciales, al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y constituye la piedra angular del derecho de la competencia en España.

Un sector bajo sospecha

En particular, la presunta manipulación de licitaciones públicas es considerada una de las infracciones más graves y perjudiciales para el interés general, ya que no únicamente perjudica a los competidores excluidos de manera fraudulenta, sino que lesiona directamente el erario público y, por tanto, a todos los ciudadanos. Los contratos adjudicados en condiciones de competencia falseada suelen presentar precios superiores a los que resultarían de una licitación genuinamente competitiva, además de poder implicar una selección de contratista no óptima desde el punto de vista técnico.

Este expediente sancionador se añade a una creciente lista de investigaciones abiertas por la CNMC en el sector de las grandes consultoras y empresas de ingeniería. La complejidad técnica de los contratos, la reducida dimensión del mercado en segmentos muy especializados y la larga trayectoria de relaciones empresariales entre los competidores generan, según los expertos, un entorno propicio para la colusión tácita o explícita. La resolución de este procedimiento, que podría derivar en multas multimillonarias y en la posible inhabilitación temporal para contratar con el sector público, constituirá un precedente de primer orden para el sector.

Las once empresas investigadas deberán afrontar ahora un largo proceso de instrucción, en el que tendrán derecho a formular alegaciones, proponer pruebas y defender la legalidad de su conducta. La CNMC, por su parte, deberá desplegar una carga probatoria suficiente para acreditar la existencia de los acuerdos prohibidos y su afectación al mercado. Mientras tanto, el sector de la ingeniería de consultas permanece a la expectativa de un caso que puede redefinir las reglas del juego en la contratación pública de asistencia técnica.