La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 173 años de prisión para Francisco González, expresidente del BBVA, por la presunta contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar a empresarios, políticos y periodistas durante 12 años. En junio de 2024, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propuso juzgar por cohecho y revelación de secretos al BBVA y al que fuera presidente de la entidad, Francisco González, por la contratación de empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.

Para el expresidente de la entidad, Francisco González, la Fiscalía pide cinco años de prisión por el delito continuado de cohecho activo y cuatro por cada uno de los 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a tercero por los que se le acusa. 

El ministerio público también solicita una multa de 181,1 millones de euros a la entidad bancaria y a otra decena de personas, entre ellos, ex altos cargos del banco y al antiguo alto mando de la Policía Nacional, según fuentes jurídicas. Entre los llamados al banquillo figura el ex consejero delegado del banco Ángel Cano, para quien la Fiscalía solicita el sobreseimiento provisional, al considerar que han prescrito los delitos que se le imputaban. Mientras que pide 29 años y medio de prisión para Eduardo Arbizu, quien fuera máximo responsable del departamento de Regulación y Control Interno de la entidad. Para Antonio Béjar, ex jefe de riesgos del banco y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), reclama 27 años, la misma pena que para José Manuel García Crespo, antiguo responsable jurídico del banco. Para Eduardo Ortega, quien fuera director de los servicios jurídicos, la pena solicitada es de 26 años y medio. Otra petición de la Fiscalía recae en Óscar Santos, empleado de la entidad que supuestamente mantuvo la relación con el entorno de Villarejo hasta 2018, fecha en la que el policía jubilado ya estaba en prisión provisional. Para este trabajador reclama 43 años de cárcel.

También está imputado el excomisario de Policía Julio Corrochano. En su caso, el ministerio público reclama 243 años de prisión al sumar al delito de cohecho activo y 47 de descubrimiento y revelación de secretos de particulares otro de corrupción en los negocios.

El escrito de acusación también se dirige contra el BBVA como persona jurídica responsable, solicitando para la entidad la pena de multa de 5 años a razón de 5.000 euros al día por el delito continuado de cohecho activo y 5.000 euros al día durante dos años por los 48 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a tercero. Ello suma un total de 181,1 millones de euros.

A finales de febrero, la Sala de lo Penal avaló llevar al banquillo tanto al expresidente del BBVA como al propio banco, descartando diversos recursos de los investigados. En la resolución se rechazaron los 11 recursos de apelación interpuestos contra el auto por el cual el instructor puso fin a la investigación. Los magistrados, en línea con lo sostenido por la Fiscalía Anticorrupción y el instructor, argumentaron que "no resulta creíble el desconocimiento alegado" por el propio BBVA.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró probado que alguno de los contratos con CENYT -el grupo empresarial de Villarejo-- fueron ordenados entre 2004 y 2016 por el entonces presidente del BBVA, "que ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación por los contratos anteriores. 

Procesados en 2024

Fue en junio de 2024 cuando el entonces juez instructor, Manuel García Castellón, propuso juzgar al banco, a González y a Villarejo entre otros por delitos de revelación de descubrimiento y relevación de secretos. El magistrado, en un auto de 268 páginas, puso fin a la instrucción de la pieza separada 9 del 'caso Villarejo'.

El instructor relataba que el inicio de los hechos surgió con la contratación por el BBVA del que fuese comisario de Policía Julio Corrochano en septiembre de 2002. Dicha contratación contó con la expresa aquiescencia de su presidente ejecutivo, Francisco González, y permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.

El juez explicaba cómo el primero de ellos, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía, aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías, lo que le permitía, entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas de seguridad tuviesen acceso.

"Conociendo Julio Corrochano esta doble actividad de su amigo y compañero, José Villarejo Pérez, a través del denominado Grupo CENYT, le comunicó a su presidente, Francisco González, la existencia de tal anómalo e ilegal recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo", señalaba.

Lo que él mismo, indicaba el juez, "dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo".

A raíz de ello, concluyó el juez, se firmaron una serie de contratos para poner en marcha determinados proyectos de inteligencia que incluían seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguación de patrimonio de distintas personas, entre ellos empresarios, abogados o periodistas.