Un año después del gran apagón, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha defendido con rotundidad la gestión del operador del sistema. Corredor ha reiterado que Red Eléctrica "no falló" y que la causa real del incidente fue el incumplimiento de la obligación de control de tensión por parte de varias centrales de generación, una exigencia vigente desde el año 2000 en el procedimiento de operación 7.4. Corredor ha explicado que el apagón tuvo un origen "multifactorial". Según su versión, la primera ficha del dominó fue "un comportamiento irregular de una planta española" situada en la provincia de Badajoz, que provocó una "arritmia muy grave dentro del sistema eléctrico". A partir de aquel momento, se desencadenó una reacción en cadena en la que "se desconectaron cuando no debían" instalaciones que, por normativa, estaban obligadas a permanecer conectadas, entre ellas plantas de ciclo combinado de gas, nucleares e hidroeléctricas.
La presidenta de Redeia ha destacado que Red Eléctrica activó en solo dos minutos la sala de emergencias después de recibir el mensaje interno de "cero nacional". Desde aquel momento, el equipo técnico inició las tareas de reposición del sistema. Corredor ha insistido en que la función de la compañía es controlar el sistema en tiempo real y remitir esta información al regulador, pero que "la supervisión de que se cumplan o no las obligaciones de los demás le corresponde al regulador". Frente a las conclusiones preliminares de algunos informes, Corredor ha subrayado, en una entrevista en RNE, que la hipótesis de una falta de programación por parte de Red Eléctrica "se ha descartado en todos los informes técnicos posteriores". El informe de los expertos europeos ha acreditado que la causa fue una cadena de comportamientos inadecuados de plantas que no hicieron el control de tensión que estaban obligadas a hacer.
La confidencialidad de los informes
Sobre la identificación de las empresas concretas, la presidenta ha asegurado que Redeia cumple sus obligaciones de confidencialidad y que "nunca nadie de esta compañía ha citado el nombre de ninguna empresa, ni el nombre de ninguna planta". A este respecto, ha señalado que muchas de las 67 empresas implicadas se han negado a que su información sea pública e incluso a trasladarla a los expertos que investigan el caso. Corredor ha destacado que, después del apagón, se ha actualizado el procedimiento de operación 7.4 para corregir dos debilidades: la falta de retribución por prestar el servicio de control de tensión y la ausencia de penalizaciones por no hacerlo. El nuevo esquema, aprobado el pasado mes de julio, incorpora ahora las renovables, prevé una retribución para las plantas que presten el servicio y establece sanciones para las que incumplan.
La presidenta ha avanzado que Redeia deberá destinar "13.000 millones de euros de aquí a 2030" para reforzar la red de transporte. Ha concretado que el año pasado la compañía invirtió "1.500 millones de euros", una cifra que supone "multiplicar por cuatro lo que se hacía en 2019". Corredor ha recordado que el sistema eléctrico español es cada vez más renovable: aproximadamente el 70% de la potencia instalada es renovable, lo cual obliga a introducir "herramientas mucho más precisas" para operar el sistema.
Finalmente, preguntada por su relación con las grandes compañías eléctricas, Corredor ha denunciado que la "agresividad" de algunos directivos ha sido muy elevada y que han utilizado el nombre de Red Eléctrica "para atacarnos y para defenderse". Bajo su criterio, que se use el nombre de una empresa "al servicio de España desde hace 40 años" para defender intereses particulares, ha provocado que "las relaciones personales sean inexistentes hoy en día".