El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con más de 64 millones de euros a Airbnb por publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, entre otros motivos. En un comunicado, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy explica este lunes que la resolución implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta.
Se trata de la segunda multa más alta de la historia impuesta por el Ministerio de Consumo, tras la de Ryanair, que ascendió a 108 millones de euros, por el recargo de equipaje de mano.
La resolución contra Airbnb deviene firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo por parte de la plataforma online de alquiler de viviendas turísticas.
Las infracciones de la normativa de consumo, identificadas en un total de 65.122 anuncios en Airbnb, y que han dado lugar a esta resolución son, por una parte, prácticas comerciales desleales con personas consumidoras y usuarias. Lo que incluye publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo así las obligaciones impuestas en la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad.
Y la publicación de anuncios de alojamientos turísticos indicando un número de licencia o registro que no se corresponde con la numeración utilizada por los registros, o la publicación de anuncios sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, incurriendo así en una práctica de publicidad engañosa.
Por todo ello, se impone a Airbnb una sanción por infracción grave, por importe de 64,05 millones de euros. Dicha cuantía es equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma como consecuencia de las prácticas sancionadas durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios desde el apercibimiento formulado por parte del Ministerio hasta su retirada por la plataforma.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente la orden de retirada dictada por el Ministerio en distintos autos, recoge el comunicado.
En segundo lugar, la sanción incluye el incumplimiento del régimen u obligaciones de los contratos celebrados a distancia, como omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento de uso turístico que se publicita en esta plataforma. esta infracción leve se sanciona con 10.000 euros.
La obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección - ya que la plataforma no ofreció respuesta a los requerimientos de Consumo durante la instrucción de este expediente- también se considera una infracción leve sancionada con 10.000 euros.
Así como el incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales dictadas por el órgano instructor con el fin de evitar la producción o continuación de riesgos o lesiones para los consumidores y usuarios durante la tramitación del expediente. Esta también es considerada una infracción grave sancionada con 55.000 euros.
Consumo tiene en curso varios expedientes sancionadores
En el ámbito de la vivienda, el Ministerio mantiene también en curso distintos expedientes sancionadores a agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler. Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas del país, según ha declarado.
“Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, señala en el comunicado, donde además destaca que “ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.