El consejero cántabro de Industria, Eduardo Arasti, ha pedido este viernes a los fondos acreedores del Grupo Celsa "mayor concreción de las medidas a adoptar y garantías" del cumplimiento de los compromisos, de forma que sean "vinculantes y exigibles". También ha reclamado al Gobierno central que haga suyas las condiciones particulares exigidas por la comunidad autónoma para preservar el carácter estratégico de Celsa, en el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizará el Plan de Reestructuración.

Arasti ha hecho estas afirmaciones tras el pronunciamiento público de los acreedores, pues considera que ha sido "demasiado genérico" la manera en la que los fondos asumen el compromiso de preservar la nacionalidad española de la compañía; así como el mantenimiento de la plantilla, el mantenimiento de las capacidades productivas en España; y la búsqueda de un socio industrial español, recoge la Agencia EFE.

El titular de Industria de Cantabria reclama "exhaustividad en la concreción de las medidas", en línea con el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno en septiembre para defender la integridad, la viabilidad, la actividad y el empleo del Grupo Celsa en Cantabria y en España, en el que la región establecía una serie de condiciones particulares que la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, trasladó por carta al ministro de Industria, Héctor Gómez.

En el acuerdo aprobado, Cantabria reclama en primer lugar al Ejecutivo central que tome las medidas necesarias o autorizaciones preceptivas para garantizar el mantenimiento del centro principal de intereses, así como el domicilio fiscal y social del Grupo Celsa en España. Además, le insta a que impida "las modificaciones que supongan la desaparición, la disminución de actividad o volumen de negocio o cualquier otra forma de pérdida de valor de los centros de trabajo ubicados en Cantabria y en España".

El Gobierno cántabro ve necesario que el Plan de Reestructuración incluya compromisos específicos en gestión del grupo, endeudamiento y política financiera, recursos humanos, inversiones productivas, transición ecológica y tecnología y sistemas, y que se verifique periódicamente para poder adoptar medidas correctoras, "si se produjeran desviaciones significativas".

En cuanto al control accionarial, propone que haya un accionista o accionistas españoles de referencia con una participación que permita el ejercicio de facultades de control o derecho de veto, en su caso, sobre determinadas decisiones estratégicas societarias. Finalmente, plantea la creación de un Consejo de Administración, con presencia de consejeros independientes, que fomente la integración de todas las visiones estratégicas necesarias para preservar el valor del Grupo Celsa.