CaixaBank descarta que el traspaso de la participación del Estado desde el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) al Ministerio de Economía, vaya a tener algún impacto en la composición del consejo de administración o en la gestión de la entidad. "No cambia absolutamente nada", aseguró el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, durante la rueda de prensa de presentación de resultados del primer semestre.
Las declaraciones llegan un día después de que el Gobierno español aprobara una reforma por la que BFA Tenedora de Acciones, el vehículo con el que el Estado controla el 18% del capital de CaixaBank, dejará de formar parte del Frob y pasará a depender directamente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que dirige Carlos Cuerpo.
De esta forma, la participación pública, que convierte al Estado en el segundo mayor accionista de CaixaBank, seguirá canalizándose a través de BFA Tenedora de Acciones, aunque esta sociedad dejará de ser una filial del Frob para convertirse en una sociedad adscrita a Economía. El Ejecutivo ha asegurado que BFA mantendrá su naturaleza de sociedad instrumental y continuará ejerciendo los derechos políticos y económicos del Estado en CaixaBank "de la misma forma que hasta ahora".
Preguntado por las consecuencias de este cambio, Gortázar restó importancia a la modificación organizativa y aseguró que la entidad no prevé cambios en la representación en el consejo de administración ni en la relación institucional con el Estado. Actualmente, el Gobierno español está presente en el consejo del banco con una consejera dominical, Teresa Santero.
Por otra parte, el CEO recordó que la intención del Estado sigue siendo reducir progresivamente su participación en la entidad, aunque evitó poner plazos a esa desinversión. "Su intención es desinvertir el capital y lo harán cuando consideren", afirmó, al tiempo que insistió en que esa decisión corresponde exclusivamente al Gobierno.
Sobre una eventual ampliación del plazo para completar la salida del Estado del accionariado, como ya ha ocurrido antes, Gortázar señaló que, si el Ejecutivo considera necesario prorrogarlo, previsiblemente utilizará el mismo mecanismo empleado en ocasiones anteriores (mediante un real decreto), aunque recalcó que la decisión no le compete a ellos.
En cualquier caso, el consejero delegado cree que el Estado ha "acertado" en mantener la posición este tiempo, porque lo que valía 2.000 millones ahora vale 18.000 y esa ganancia de 16.000 millones es para los los españoles. "Evidentemente rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras", advertía, pero el banco seguirá "intentando" que así sea.
La salida de BFA del perímetro del Frob responde a la profunda transformación del organismo, que dejará de ejercer las funciones de resolución ejecutiva de entidades financieras —unas competencias que pasarán al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)— y pasa por crear una nueva autoridad independiente para combatir el blanqueo de capitales llamada Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI). La reorganización también concentrará en BFA la participación del Estado en Sareb.