La Comisión Europea ha adoptado este viernes la revisión de los estándares europeos de información sobre sostenibilidad, que reduce en más de un 60% los datos obligatorios que las empresas deberán comunicar y recorta en más de un 30% los costes asociados a estas obligaciones. La medida, que se enmarca en la estrategia comunitaria para simplificar la carga administrativa, responde a las quejas recurrentes del tejido empresarial sobre el exceso de requisitos de información. La revisión hace el marco "más breve y claro" a la vez que mantiene las divulgaciones necesarias para que inversores y otras partes interesadas puedan evaluar los riesgos y los impactos de su actividad, según ha defendido el ejecutivo comunitario.

El nuevo marco establece un límite a las exigencias que las compañías obligadas a presentar estos informes podrán trasladar a sus proveedores y al resto de integrantes de su cadena de valor. Las grandes empresas no podrán reclamar más elementos de los previstos en un modelo voluntario de reporte, un movimiento que busca proteger a las pequeñas compañías de una cascada de solicitudes de información que a menudo supone una carga desproporcionada. Esta medida, que los sectores empresariales habían reclamado insistentemente, pretende equiparar las exigencias a lo largo de toda la cadena de suministro.

El Ejecutivo comunitario ha dado también luz verde a un modelo voluntario de reporte dirigido a las pequeñas empresas que quedan fuera del ámbito de aplicación de la directiva. Este instrumento, que no supone una obligación adicional para las pymes, está diseñado para facilitar su respuesta a las peticiones de información que les puedan trasladar grandes grupos y entidades financieras.

El objetivo es que las compañías de menor dimensión dispongan de una guía clara y simplificada para estructurar la información sobre sostenibilidad que sus clientes o proveedores les solicitan. El modelo voluntario se ha diseñado para reducir la carga administrativa sobre las pymes, que a menudo disponen de menos recursos para cumplir con las exigencias de información. La medida responde a una de las principales críticas que el sector empresarial había planteado a la normativa anterior, que consideraba desproporcionada en relación con la capacidad de las pequeñas compañías para generar y presentar los datos requeridos. La Comisión confía en que esta herramienta voluntaria permitirá a las pymes responder a las solicitudes de información sin tener que destinar recursos desproporcionados.

Las recomendaciones técnicas del grupo asesor

La propuesta incorpora las recomendaciones técnicas elaboradas por el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera, después de las consultas realizadas con empresas y otras partes interesadas durante el 2025. Este proceso participativo ha permitido a Bruselas ajustar los estándares a las necesidades reales de las compañías y de los inversores, que habían reclamado un equilibrio entre la información necesaria para la toma de decisiones y la carga administrativa que supone su generación.

Los dos actos delegados que formalizan esta revisión se remitirán ahora al Parlamento Europeo y al Consejo para su examen. La normativa entrará en vigor si ninguna de las dos instituciones formula objeciones durante el periodo de control de dos meses. En caso contrario, la revisión del estándar de información sobre sostenibilidad se convertirá en definitiva y las empresas deberán aplicar los nuevos requisitos en sus informes de los próximos ejercicios, lo que supondrá un alivio significativo para el conjunto del tejido empresarial europeo.