La Generalitat ha empezado a aplicar las sanciones previstas por la ley de vivienda, que aprobó su régimen sancionador en 2025. Las primeras multas, que ya han sido notificadas, ascienden a 30.000 euros cada una y han recaído en tres grandes tenedores que han incumplido la normativa. Además, la Agència de l'Habitatge ha cerrado tres expedientes más que todavía no se han notificado, mientras que el resto de procedimientos continúan en diferentes fases de tramitación.
La puesta en marcha del régimen sancionador supone un paso adelante en la aplicación de la ley, que hasta ahora había carecido de un mecanismo eficaz para perseguir los incumplimientos. El número de expedientes abiertos por la administración catalana no ha dejado de crecer desde que se inició la actividad inspectora. Actualmente, hay 654 procedimientos en tramitación, que pueden derivar en nuevas sanciones o ser archivados en función de las pruebas que se aporten. A esta cifra se añaden 423 diligencias previas, que son el paso previo a la apertura de un expediente formal. La mayoría de las investigaciones se concentran en incumplimientos de los topes de precio del alquiler, que afectan principalmente a propietarios que han superado los límites establecidos por la ley.
El proceso, según informa EFE, se inició en febrero de este año, cuando la Generalitat anunció la apertura de los primeros 13 expedientes. En aquel momento, seis expedientes estaban en manos de la Agència de l'Habitatge y siete más los tramitaba la Agència Catalana de Consum. En marzo, el ejecutivo informó de que ya tenía 423 diligencias previas abiertas y 22 expedientes en fase de sanción. A finales de abril, el número de expedientes abiertos había aumentado hasta los 529, la mayoría de ellos por incumplimiento de los topes del alquiler.
Desde entonces, la Agència de l'Habitatge ha continuado su labor inspectora y ha abierto nuevos expedientes, mientras que la Generalitat ha reforzado sus equipos con la incorporación de cien inspectores más, tal como se acordó a finales del año pasado. Este refuerzo ha permitido acelerar la tramitación de los expedientes y ha facilitado que se puedan imponer las primeras sanciones. La creación de una Dirección General de Disciplina, prevista en el acuerdo presupuestario entre el PSC y los Comuns, debe contribuir a fortalecer todavía más el sistema.
Las sanciones previstas por la ley
Las multas que prevé el régimen sancionador catalán oscilan entre los 3.000 y los 900.000 euros, en función de la gravedad de la infracción. Las primeras sanciones impuestas, de 30.000 euros, corresponden a infracciones consideradas graves, pero la ley prevé sanciones más elevadas para casos de reincidencia o para aquellas irregularidades que se consideren muy graves. El régimen sancionador, que fue aprobado en 2025 con los votos del PSC, ERC, Comuns y CUP, establece el marco para perseguir las irregularidades en materia de vivienda.
Las irregularidades más frecuentes que ha detectado la Agència de l'Habitatge son el incumplimiento de los topes del alquiler, que representan el 79% de los expedientes abiertos. Otras infracciones investigadas incluyen la repercusión indebida de gastos de gestión inmobiliaria, la falta de constancia de la condición de gran tenedor o la no inclusión del precio en la documentación contractual. Estas irregularidades, que afectan a grandes propietarios como a pequeños tenedores, son el objetivo principal de la inspección.
Las primeras sanciones impuestas por la Generalitat suponen una advertencia para los propietarios que incumplen la ley de vivienda. Las multas de 30.000 euros, que ya han sido notificadas a los afectados, demuestran que la Administración está dispuesta a utilizar las herramientas que le ofrece el régimen sancionador para hacer cumplir la normativa. La Agència de l'Habitatge, que ha sido la encargada de instruir los expedientes, continuará investigando las denuncias y las irregularidades que detecte en el marco de sus competencias.
El refuerzo de la inspección, que se ha traducido en la incorporación de cien inspectores nuevos, y la creación de la Dirección General de Disciplina, son las dos patas de la estrategia de la Generalitat para garantizar el cumplimiento de la ley. El ejecutivo confía en que estas medidas, junto con la publicidad de las sanciones, tendrán un efecto disuasorio sobre los propietarios que están tentados de incumplir la normativa. Las próximas semanas se prevé que se cierren más expedientes y que se impongan nuevas sanciones, que podrían llegar a los 900.000 euros en casos de reincidencia o de infracciones muy graves.