La empresa bonÀrea Energia, la filial que comercializa combustibles del grupo BonÀrea Agrupa con sede en Guissona (Lleida) tiene abierto un contencioso con la Agencia Tributaria española para reclamar la devolución de los 8,56 millones de euros que pagó entre 2013 y 2018, cuando estuvo vigente el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos. Este impuesto fue puesto en marcha por el exministro del PP Cristóbal Montoro y posteriormente declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La empresa alega que, dado que el impuesto fue declarado ilegal, tiene derecho a su devolución, según ha avanzado este miércoles el diario Segre. BonÀrea Agrupa considera que también tiene derecho a los intereses de demora (entre un 3,75% y un 5% anual). Hasta ahora, sin embargo, la reclamación de BonÀrea ha sido desestimada en todos los estamentos a los que se ha presentado la demanda: la delegación de la Agencia Tributaria en Lleida, el Tribunal Económico Administrativo Regional y el Tribunal Económico Administrativo Central y, hace unas semanas, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, según la citada fuente informativa. 

Fuentes de la empresa han confirmado a ON ECONOMIA que actualmente está analizando en detalle el contenido de la resolución de la Audiencia Nacional para valorar su posicionamiento al respecto. Por el momento, no se ha adoptado ninguna decisión al respecto. El siguiente paso que podría emprender la empresa, si así lo decide finalmente, sería acudir al amparo del Tribunal Supremo.

La demanda en la Audiencia Nacional se ha desestimado porque, como determina la sentencia que también avala las tesis de la Agencia Tributaria, BonÀrea repercutió la subida del impuesto en el precio del combustible que fue vendiendo a sus clientes a lo largo de los seis años de vigencia del recargo ilegal. Por lo tanto, considera que devolver lo recaudado supondría un "enriquecimiento injusto" para la empresa leridana porque, en la práctica, el tributo no lo habrían soportado sus cuentas sino los bolsillos de los automovilistas. Un argumento que BonÀrea no suscribe.

En mayo de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró ilegal la modificación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el IEH que permitió a las comunidades autónomas aplicar un suplemento propio sobre el tributo en el periodo mencionado. El tribunal consideró que era contrario al derecho comunitario establecer gravámenes diferenciados en cada territorio sobre un mismo producto destinado a un mismo uso. En la fecha de esta resolución comunitaria, se calculó que Hacienda debía pagar las devoluciones del tributo por valor de unos 5.000 millones de euros a los contribuyentes afectados.

La mencionada reforma de Montoro se hizo después de que también la Justicia tumbase el llamado céntimo sanitario, una tasa sobre los consumidores que también se diseñó y aplicó a los hidrocarburos (gasolina y gasoil) entre 2002 y 2012.

A partir de 2019, con las dos tasas cuestionadas por las autoridades judiciales, España reformuló el impuesto sobre los hidrocarburos, con un reglamento vigente hoy por hoy. Tiene implantación en todo el Estado español y es de 0,47269 euros el litro.