El Gobierno español se plantea hacer permanente el impuesto extraordinario a la banca. El tributo, que en principio era sobre los ingresos generados durante 2022-2023 (y pagadero en 2023 y 2024) ya se ha prorrogado un año más. Pero el Ejecutivo quiere ir más allá y hacerlo duradero en el tiempo. De manera que los bancos, que ya cuestionaron la constitucionalidad del impuesto temporal en los tribunales, han querido marcar sus líneas rojas antes de que las Cortes puedan dar luz verde a esta decisión.
Principalmente, las entidades piden diálogo. Así se lo expresaron al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la ronda de contactos del pasado mes de enero y se lo hicieron saber este martes; Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncio la creación del impuesto temporal en el verano del 2022 lo hizo sin previo aviso al sector, lo que provocó sorpresa, una oleada de críticas y que se recurriera en los tribunales.
Por ello piden que esta vez sí se les tenga en cuenta. Además, si finalmente sale adelante, quieren que se revise cómo está planteado, ya que actualmente el impuesto es sobre ingresos y no sobre beneficios. Lo que además provoca una doble imposición.
Y a su vez, solicitan que se extienda a todas las entidades que operan en el país, aunque sean de menor tamaño o extranjeras. Porque si permanece como hasta ahora, tendrán que dejar de competir en determinados municipios.
La gran banca se siente discriminada
“Sobre el impuesto está todo dicho, es un impuesto anómalo, ya que en ningún país de Europa se ha hecho sobre ingresos”, señalaba el consejero delegado de Santander España, Ángel Rivera, este martes en un foro económico donde reconocía que “todavía” no saben si el Gobierno ha decidido extenderlo finalmente. Pero ante cualquier medida que se vaya a tomar les gustaría “debatirla, discutirla y valorarla”.
El CEO aseguraba que existe “una discriminación” con el impuesto actual porque “solo somos unos bancos los que los pagan”, los más grandes, “y no los extranjeros, ni los pequeños”. En este sentido, recordaba que el grupo Santander opera en muchos mercados y en todos “juegan con las mismas reglas”. De manera que en España piden lo mismo, “tener claridad en las reglas del juego”.
En el mismo encuentro, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar (que recordaba que pagaron 374 millones en año pasado por el impuesto, y pagarán cerca de 500 millones este año) aprovechaba para defender que “no es cierto que la banca está teniendo beneficios excesivos, ni caídos del cielo”.
Pero si las Cortes deciden hacer permanente el impuesto, hay dos factores que deben tener en cuenta. Uno es que la carga “no es fiscalmente gravable”. Por lo tanto, cuando realizan el impuesto sobre sociedades de año 2023, “hay 374 millones de supuestos beneficios sobre los que tenemos que pagar, que realmente ya se los ha llevado Hacienda”.
Por ello, Gortázar aseguraba que la banca está ante un caso “de doble imposición sangrante” que debe formar parte del debate en el que pensar si la intención del Gobierno es prolongar el tributo.
Y por otra parte, indicaba que en el top ten de bancos que más crédito conceden, los tres primeros son españoles y los siete siguientes extranjeros, pero solo los nacionales pagan este impuesto. “¿En qué país se penaliza a la banca propia?”, preguntaba.
La banca no puede competir si no hay condiciones iguales para todos
El ejecutivo del banco más grande del país también defendió que CaixaBank compite en la España vaciada con entidades, principalmente cajas rurales, que están exentas del impuesto. Lo que considera injusto.
“Tenemos 1.100 sucursales en la España vaciada y en 470 municipios estamos solos, la única sucursal es de CaixaBank. Pero esto tiene un coste. Y en dos terceras partes, las entidades competidoras están exentas del impuesto. Creo que no tiene sentido que nos penalicen por ser grandes. A la larga puede llevarnos a tomar decisiones de no competir donde están otros”.
Por ello, insistía en que a la hora de diseñar un impuesto permanente debe tenerse en cuenta. “Lo lógico es que si se quiere dar un paso más, haya un cierto debate con el sector y las asociaciones. Es bueno y es sano”.
Asociaciones y reguladores creen que no es el momento
La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, que aprovechó para insistir este martes en que los beneficios de la banca “no son caídos del cielo”, y que el rescate del sector financiero, no implicó a ninguna de las entidades actuales (que es lo que esgrime el Gobierno), defendió que no es el momento de hacerlo permanente.
Un posicionamiento muy alineado con el del Banco Central Europeo, el Banco de España o la Autoridad Bancaria Europea, también presentes en este foro. “Lo han dicho, vienen momentos de cambios, los tipos probablemente giren a la baja, el euríbor ya lo anticipa. Y no es el momento de ponerle al sector una mochila de 1.500 millones al año. Hay que escuchar a los reguladores”.