La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes en Bruselas que tiene "una conversación pendiente" con el presidente, Pedro Sánchez, para avanzar en el acuerdo definitivo de la nueva Ley de la Vivienda, que lleva desde febrero de 2022 congelada por el debate en el Congreso, las diferencias entre los partidos de la coalición y as 800 enmiendas que ha recibido. De cara a este encuentro, Díaz ha defendido "el ejemplo de Portugal", que recientemente planteó la prohibición de nuevas licencias para pisos turísticos, la eliminación de visados golden y un tope a los precios de alquiler, y también el de Holanda, "que con otro signo político permite fijar techos y límites al precio del alquiler". Sobre la fecha de esta reunión que debe ser clave para desbloquear la Ley de Vivienda, Díaz se ha limitado a decir a los periodistas que "se enterarán", pero no ha querido precisarla. Lo ha dicho desde Bruselas, donde ha participado en el Consejo de ministras y ministros de Trabajo de la UE.
Precisamente, la limitación de la subida de los precios del alquiler es una de las principales medidas que frena a día de hoy el acuerdo definitivo entre los socios de coalición, ya que no se ponen de acuerdo en dónde poner el tope al precio medio. La nueva Ley debe también establecer la construcción de viviendas de alquiler público en promociones de vivienda nueva, así como dar ventajas a los pequeños propietarios que pongan sus pisos en el mercado a un precio asumible e incrementar los impuestos a las viviendas vacías, definir zonas de mercado tensionado donde limitar el precio del alquiler, regular los desahucios y crear programas con los ayuntamientos para construir vivienda social en parque público.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró hace unos días que el pacto estaba a punto de rubricarse, pero la ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, aseguró este domingo que el PSOE se frena por la presión de la patronal inmobiliaria y de los fondos buitre, en un acto de su partido, Unidas Podemos. "Tenemos la obligación de gobernar y gobernar y de aprovechar hasta el último minuto de este Gobierno para abordar los problemas estructurales de la vivienda. Y si no se ha aprobado en estos últimos tres años por compromiso con los derechos sociales, que lo hagan por lo menos por electoralismo", dijo Belarra.
De nuevo en un punto intermedio entre la beligerancia de Unidas Podemos y la postura del PSOE, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, da un paso al frente para erigirse en intermediaria para desencallar la cuestíón de la vivienda. Ejemplo de su tono menos agrio y su mayor sintonía con los socios de coalición ha sido su insistencia en "agradecer" al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, "su esfuerzo" por el recientemente alcanzado pacto para el cálculo de las pensiones.
Colau acusa a Calviño de frenar la Ley de Vivienda
A diferencia del tono conciliador de Díaz, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha acusado a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, de intentar frenar la aprobación de la Ley de Vivienda. "Actúa de portavoz de los lobbies", ha dicho, según informa Europa Press.
Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes, junto a la concejal de Vivienda, Lucia Martín, y el concejal del distrito de Sants-Montjuïc, Marc Serra, tras declarar ante la jueza que la investiga por presunta prevaricación y coacciones al fondo de inversión Vauras. Colau ha destacado la actuación del Ayuntamiento en materia de vivienda -asegura que es la administración que está haciendo más políticas en este ámbito- y ha reivindicado que lo están haciendo arriesgándose a que les pongan querellas: "Nos sentimos desamparados y desatendidos" por el Gobierno.
En ese sentido, ha interpelado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que "cumpla con su palabra y que demuestre que el presidente es él", aprobando la Ley de Vivienda y ofreciendo alternativas razonables a las familias vulnerables, ha dicho. Ha recordado que Sánchez "hace cinco años que se comprometió con Barcelona" a regular el precio de los alquileres y ha considerado incomprensible que el derecho a la vivienda sea una asignatura pendiente del Gobierno de coalición.
"La ley está paralizada porque sabemos que Calviño actúa de portavoz de los lobbies y está frenando esta tramitación, y quiere aguar o reducir esta ley para que no sea efectiva", ha criticado. Para Colau, Calviño "es totalmente contraria" a la regulación de la vivienda y ha opinado que la vicepresidenta primera quiere descafeinarla y que sea ineficaz. En la misma línea también ha acusado al exalcalde de Barcelona, Joan Clos (PSC), de actuar como "portavoz designado explícito de las grandes inmobiliarias que quieren parar esta ley".