La Comisión Europea ha presentado una propuesta de reglamento para limitar el acceso de las empresas chinas a los concursos públicos de los estados miembros. La iniciativa, que se enmarca en una reforma más amplia de la contratación pública en la UE, tiene como objetivo reforzar la industria europea y reducir la dependencia de suministros de terceros países en sectores considerados estratégicos. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Stéphane Séjourné, ha explicado que la norma permitirá rechazar ofertas de países que no garanticen un acceso simétrico para las empresas europeas, siempre que no existan acuerdos de reciprocidad con terceros países. La propuesta también establece que, como mínimo, el 30% de la asignación se base en criterios de calidad, priorizando el valor por delante del precio.

El nuevo reglamento, que debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, unificará las tres directivas actuales en una sola regulación y simplificará los procedimientos administrativos. Según la Comisión, los formularios actuales, que pueden llegar a las 200 páginas, se reducirán a solo cinco, lo que debe facilitar la participación de las empresas en los concursos. Bruselas también propone la creación de una plataforma digital única para todos los concursos públicos de la UE, que debe permitir a las empresas participar en diversos procesos sin tener que compartir la misma información repetidamente. Esta herramienta, según el ejecutivo comunitario, promoverá el acceso a nuevas oportunidades de negocio y aumentará el número de ofertas recibidas, a la vez que ofrecerá transparencia en las adjudicaciones y se convertirá en una herramienta contra la corrupción.

Criterios de calidad y preferencia europea

La Comisión apuesta por una contratación pública "más estratégica", que no se limite al producto más económico. La propuesta establece que al menos el 30% de los criterios de adjudicación estén basados en la calidad del producto o servicio, incluyendo aspectos sociales, medioambientales, de seguridad y resiliencia, así como la promoción de la innovación y la competitividad europea. Además, la norma permitirá a los estados miembros estipular en los requisitos de la oferta pública su preferencia por productos europeos, siempre que se respeten los acuerdos de reciprocidad con terceros países. La reforma de la contratación pública representa un sector que supone el 15% del PIB de la UE, unos 2,5 billones de euros anuales. Según las estimaciones de Bruselas, los cambios propuestos permitirían un ahorro anual de 650 millones de euros.

En paralelo, la Comisión ha presentado la Ley de Innovación Europea (EIA), que quiere facilitar el acceso de las empresas emergentes a los concursos públicos de innovación. La propuesta establece menos requisitos financieros y unos criterios de selección más adaptados a estas empresas, y prevé la creación de un marco europeo para valorar los activos de propiedad intelectual. La comisaria de Empresas emergentes, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, ha remarcado que la previsión es que en 2028 haya "un verdadero mercado único donde las ideas escalen más rápidamente, la financiación circule con más libertad y la autonomía estratégica de Europa crezca más fuerte".

La nueva legislación nace con el objetivo de afrontar algunos de los obstáculos que frenan la innovación en la UE, como la dificultad para acceder a financiación y la fragmentación de los mercados. La Comisión señala que, a pesar de disponer de investigadores, talento e ideas innovadoras, las empresas europeas a menudo tienen dificultades para conseguir financiación y se encuentran con normas diferentes según el Estado miembro. Uno de los ámbitos donde Bruselas detecta más margen de mejora es la contratación pública de I+D. Actualmente, estas compras representan unos 17.000 millones de euros anuales en la UE, aproximadamente el 0,6% de toda la contratación pública. El ejecutivo comunitario apunta que otras economías avanzadas destinan entre cinco y ocho veces más.

Para revertir esta situación, la ley propone establecer unas normas comunes para la contratación de I+D a escala europea, ya que actualmente no hay un marco compartido para una parte importante de estos concursos. El nuevo procedimiento permitiría que compradores públicos de diferentes estados miembros hagan contrataciones conjuntas y facilitaría que las nuevas tecnologías lleguen más rápidamente al mercado. El nuevo sistema también quiere adaptar los concursos a las características de las empresas innovadoras.

La propuesta establece que los requisitos financieros sean proporcionados y que los criterios de adjudicación tengan en cuenta la relación calidad-precio. También apuesta por especificaciones basadas en el resultado que se quiere conseguir, en lugar de definir de manera excesivamente concreta qué tecnología se debe utilizar. La contratación pública deberá dar, además, preferencia a los operadores europeos. La propuesta establece que al menos el 50% de las actividades de I+D vinculadas a los contratos se deberán llevar a cabo en países elegibles. Bruselas calcula que las nuevas reglas de contratación de I+D pueden generar 1.000 millones de euros de ahorro anual para los compradores públicos y 25.920 millones de euros adicionales de beneficios cada año para las empresas.