La Unión Europea y el Mercosur llegan finalmente, este sábado, a un momento definitivo. La firma del acuerdo de asociación estratégica entre los dos bloques regionales no es solo un evento comercial; es la materialización de un proyecto político de largo alcance que pretende reconfigurar las relaciones entre dos de las principales economías del mundo.

El trayecto, que se ha alargado durante casi 26 años, refleja la complejidad de unir dos continentes con realidades económicas, sensibilidades sociales y presiones internas divergentes. La ceremonia, que tendrá lugar en la capital de Paraguay, Asunción, simboliza el cierre de una larga etapa diplomática.

La capital paraguaya, que ejerce la presidencia del Mercosur, se convierte así en el escenario de un hecho histórico. Por parte europea, el acto contará con la presencia de figuras de primer orden como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, acompañados del comisario de Comercio, Maroš Šefčovič.

Su asistencia subraya la importancia capital que Bruselas atribuye a este pacto, concebido no solo como un instrumento para el intercambio de bienes, sino como un pilar fundamental para la proyección geopolítica de la UE en un contexto global cada vez más fracturado y competitivo.

Desde la perspectiva del Mercosur, el evento será presidido por los mandatarios de Paraguay, el anfitrión Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi; y de Argentina, Javier Milei. Sin embargo, el camino desde la firma solemne hasta la aplicación plena y efectiva del acuerdo se presenta lleno de retos e incertidumbres.

El mecanismo prevé la posibilidad de una entrada en vigor interina de la parte comercial, una vez que el primer país del Mercosur la ratifique, sin necesidad de esperar la aprobación formal del Parlamento Europeo. Esta vía, sin embargo, se ha convertido en un foco de tensión y controversia.

La fuerte oposición del sector agroalimentario europeo, especialmente activo en países como Francia, Polonia, Irlanda o Austria, y la amenaza explícita de diversos eurodiputados de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE si se procede de esta manera, han obligado a la Comisión a adoptar una posición de extrema cautela. Bruselas evita por ahora aclarar si optará por la aplicación provisional o si, por el contrario, esperará pacientemente el dictamen de la Eurocámara.

El Parlamento Europeo se encuentra, efectivamente, en una encrucijada. Los grupos políticos se muestran profundamente divididos ante el texto, con fracturas que discurren más por líneas de interés nacional que por afiliaciones ideológicas tradicionales. La cámara tiene la facultad de aprobar o rechazar el acuerdo en conjunto, pero no de modificar su contenido. La próxima semana, el pleno del Parlamento debatirá dos resoluciones que instan a impugnar la firma.

Consciente de estas tensiones, la Comisión Europea ha llevado a cabo un ejercicio de equilibrios para atenuar las críticas más severas, especialmente las procedentes del mundo agrario. El resultado ha sido la inclusión de un conjunto de cláusulas de salvaguardia reforzadas, diseñadas para proteger sectores europeos considerados sensibles, como la carne de vacuno, las aves de corral, los huevos, los cítricos o el azúcar.

Estas medidas establecen mecanismos de alerta más ágiles y unos umbrales de activación más estrictos que los inicialmente previstos, lo que permite a Bruselas investigar y aplicar medidas correctoras si las importaciones de estos productos aumentan un 5% y los precios caen en la misma proporción en un plazo de tres años. Este compromiso fue clave para convencer a países reticentes como Italia y mitigar, hasta cierto punto, la angustia de un sector que teme la competencia de las grandes explotaciones del Cono Sur.

Más allá de las disputas internas, la magnitud geoestratégica y económica del acuerdo es indiscutible. La nueva área de libre comercio abarcará un mercado de 700 millones de personas, el más grande del mundo. Se eliminarán progresivamente más del 90% de los aranceles que actualmente gravan los intercambios, lo que según las estimaciones de la Comisión supondrá un ahorro de hasta cuatro mil millones de euros anuales para las empresas europeas en derechos aduaneros, además de simplificar los trámites administrativos.

Para Europa, el acuerdo también asegura un acceso privilegiado a materias primas críticas y recursos naturales esenciales, un factor capital en la actual estrategia para diversificar los suministros y reducir las dependencias consideradas de riesgo.

El acuerdo de asociación incluye pilares de cooperación política y diálogo estructurado en materias como la lucha contra el cambio climático, la transición digital y los derechos laborales. Se trata, en esencia, de una apuesta común por consolidar un eje transatlántico alternativo, basado en valores democráticos y sostenibilidad, en un momento histórico marcado por la inestabilidad internacional, las tensiones comerciales y la necesidad de articular alianzas sólidas ante el ascenso de otras potencias globales.