La proposición de ley del taxi que se registró en el Parlament de Catalunya en septiembre ha puesto al sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en pie de guerra, porque las restricciones que se le imponen suponen, en la práctica, su expulsión de Barcelona y Catalunya, según han denunciado este miércoles Uber y la patronal del sector, Unauto, en un acto en Foment del Treball.
La ley todavía tiene camino por recorrer y no tiene fecha de entrada en vigor, pero la limitación de tiempo de espera tras la contratación y ámbito de actuación –prevé las VTC solo en el ámbito interurbano–, entre otras medidas que prevé la norma, eliminará estos 3.000 vehículos, lo que supondrá la desaparición de 6.000 puestos de trabajo en Catalunya y pérdidas económicas, ha explicado Uber.
Lola Vilas, directora general de Uber en España, ha cifrado en 72 millones de euros lo que dejarán de ingresar las arcas públicas en contribuciones sociales e impuestos, más 55 millones que tendrán que gastar en prestaciones de desempleo. También calculan que las empresas de suministros dejarán de facturar 60 millones de euros.
Vilas ha explicado la apuesta de Uber por Barcelona, pero admite que lo tienen difícil: “Quieren prohibir las VTC en el área metropolitana de Barcelona, donde están el 90%. Quieren incrementar el tiempo mínimo de espera, y ponen unas restricciones a la plataforma, que nos hará muy difícil actuar. El mismo Tito Álvarez reconoce públicamente que el objetivo de la ley es eliminar un sector, y saben que los tribunales la acabarán tumbando”.
A continuación, ha relatado quién sale perdiendo. Además de los empresarios de las VTC, ha denunciado que “el usuario pierde en tiempo de espera y precios más altos”, que también “impacta en la marca Barcelona”, que “sería un freno a la electrificación que lideran las VTC” y que incluso los taxistas perderán, porque “no podrán dar cobertura a la demanda”.
José Manuel Berzal, responsable de Unauto en Catalunya, ha denunciado que “no se está escuchando a los ciudadanos, que serán los principales perjudicados”. La patronal de las VTC ha iniciado la campaña ¿Qué está pasando?, colocando carteles en los reposacabezas de los vehículos para denunciar que no se está escuchando a los usuarios y que serán los grandes perjudicados, y “para que sepan que el Govern y cinco partidos se están sometiendo a Tito Álvarez, que solo representa al 10% del sector del taxi”.
El objetivo de la campaña es “dar la palabra a los usuarios”, que gracias a esta podrán enviar mensajes, vía correo electrónico, directamente al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para que frene la ley, por “la maldad que comporta”. “Queremos tener libertad para poder trabajar, no perder nuestro puesto de trabajo, que las empresas sigan invirtiendo y que las plataformas podamos seguir funcionando. No queremos pasar a otras medidas que no nos gustaría hacer, pero si las tenemos que hacer, las haremos”, ha concluido Berzal, como recurrir a los tribunales
Una ley contraria al TJUE y la Constitución
El sector ha encargado un informe jurídico sobre una ley que están seguros de que va en contra de la justicia de la Unión Europea y de la Constitución española, y que han presentado sus autores, José Esteve y Marc Tarrés, que son, respectivamente, catedrático de derecho administrativo y profesor titular de derecho administrativo de la UB.
La primera duda que han expresado es por qué se ha tramitado como una proposición de ley, algo que suelen hacer los partidos de la oposición, y no un proyecto de ley, ya que el partido del Gobierno, el PSC, es quien ha liderado su elaboración, a pesar de que en la foto también aparecen ERC, Junts, los Comunes y la CUP. “La proposición de ley obvia una serie de trámites que habrían sido preceptivos en un proyecto de ley. Información y audiencia pública, que implica escuchar a todos los sectores; necesita una memoria normativa y de impacto económico, que no tenemos, etc.”
También ven claro que va en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de junio de 2023, que hacía referencia precisamente a la denuncia de dos empresas de VTC de Barcelona. El TJUE consideraba que la limitación de una VTC por cada 30 taxis no tenía sentido y que el taxi no es un servicio de interés económico general, lo que “desmontó el marco jurídico catalán”. A pesar de ello, ahora “se está intentando reimplantar el mismo modelo con otras bases”.
“La ley construye una realidad paralela. Dice que los taxis ofrecen un servicio público y los VTC no, y no es así. Solo tienen obligaciones de servicio público los servicios de interés económico general, y el taxi no lo es. La contradicción absoluta llega en el momento en el que prevé el otorgamiento de licencias a vehículos VTC en los casos en los que la demanda no fuera cubierta por el taxi, que es un supuesto en el que sí debería actuar un servicio público”, opinan los dos profesores de la UB. Por todo ello, denuncian que “se está estableciendo un monopolio del taxi, porque, si quiere, puede llegar a donde quiera, pero si hay espacios donde no quiere, entonces puede intervenir la VTC”.
Los autores del informe han recordado que esto puede tener responsabilidades patrimoniales públicas, ya que si la justicia española o europea acaba anulando la ley, se tendrán que pagar indemnizaciones.