Con lo llegada del nuevo curso, la actividad parlamentaria y la del Consejo de Ministros se reanuda. En la agenda, hay futuras normativas y leyes en el ámbito empresarial que, si salen adelante, implicarán importantes cambios. Entre las novedades que están por venir, destacar las siguientes:
Reducción de la jornada máxima legal
El Ministerio de Trabajo del gobierno de Pedro Sánchez reanudará el lunes que viene, 9 de septiembre, la negociación sobre la reducción de la jornada, con el objetivo de cerrar un acuerdo en el cual esté la patronal CEOE y tener aprobado el cambio normativo necesario antes de final de año. En caso de ultimarse el acuerdo en la mesa de Diálogo Social, o en trámite parlamentario, este cambio supondrá un reto para la organización del trabajo y la productividad de las empresas, en función de la jornada laboral máxima prevista en los diferentes convenios colectivos del metal y otros.
Extinción de los contratos de trabajo
Después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 18 de enero de 2024, se prevé un cambio normativo, que condicionará y dificultar una causa de extinción del contrato que resultaba controvertida hasta la fecha. Así, se pretende eliminar la posibilidad de extinguir el contrato de trabajo por incapacidad permanente total sin hacer previamente ajustes para el mantenimiento del empleo. Con esta modificación, que afectará al art. 49 del Estatuto de los Trabajadores y a la espera del redactado definitivo de la norma, se permite que la decisión de extinguir el contrato de trabajo esté acondicionada a la voluntad de la persona trabajadora, que podrá optar por una adaptación razonable del puesto de trabajo o la reasignación de funciones, de estar interesado en continuar con la relación laboral.
Todo persigue unas condiciones laborales más transparentes y previsibles. Un aspecto pendiente de transposición la Directiva 2019/1152. En estos momentos, el Consejo de Ministros del pasado 6 de febrero de 2024 aprobó el anteproyecto de ley para la transposición de la referida Directiva, que supondrá cambios significativos que afectarán desde la estructura del contrato hasta la regulación de la jornada laboral y la limitación del pacto de exclusividad.
Ley de Movilidad Sostenible
Esta ley, que se pretende como derecho social, introducirá futuras obligaciones en materia de movilidad. Previsiblemente, las empresas con 500 o más empleados por centro, tendrán que elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo que faciliten el uso del transporte público, los vehículos eléctricos o el uso de la bici, siendo esta una medida alineada con el Colectivo Verde. Esta medida tendrá un impacto en la gestión de la movilidad corporativa y forma parte de las reformas que el Gobierno se ha comprometido con Europa en el marco del Plan de Recuperación.