La plataforma de propietarios de vivienda Som Habitatge ha denunciado este lunes la "inconstitucionalidad" de la nueva regulación de viviendas de temporada y de habitaciones, que busca limitar su uso y su rentabilidad. Según Sergio Nasarre Aznar, catedrático de derecho civil que ha elaborado un informe técnico, el hecho de regular el alquiler de habitaciones y de temporada dentro del marco de la vivienda "legaliza la infravivienda" y contempla "el sinhogarismo" como una opción. "El legislador debe buscar soluciones, pero no puede equiparar la temporalidad a la vivienda, porque es una situación de precariedad".
Los portavoces de los propietarios y los técnicos que han analizado el texto creen que la regulación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ya preestablecía que el alquiler de temporada debía estar justificado y que no era una residencia habitual ya delimitaba los usos y sanciones pertinentes. "Hay que hacer leyes con rigor", ha dicho Nasarre. La nueva regulación estipula que los precios del alquiler de temporada deben cumplir con el mismo tope de precios que el alquiler habitual y aquí radica la crítica principal de los propietarios, que, sin embargo, han insistido en que hay que "controlar" que el alquiler de temporada se usa para situaciones temporales y que, si no, "se trata de fraude".
Puesto que el alquiler de habitaciones y el de temporada no deben ser considerados como vivienda, según sentencias citadas por el estudio, es inconstitucional equipararlo con la nueva regulación, en resumen.
El catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Girona Joan Manuel Traiter también ha criticado que las nuevas normas "no se han hecho con el debate que el estado social y democrático obliga al Parlamento", sino "por medidas urgentes que son parches y usurpan el debate legítimo al Parlamento".
Sobre las proposiciones de ley contra la compra especulativa, a pesar del informe que el pasado mes de febrero presentó el Govern a favor de prohibirla, Traiter cree que "no hay ninguna memoria, no hay ninguna audiencia", y que, por lo tanto, "se saltan todos los controles económicos técnicos" y "informes de parte". "No es la manera normal de legislar. YA que estamos en el estado de derecho, respetemos las formas".
Los propietarios no presentarán por ahora un recurso al Tribunal Constitucional, sino que ponen los estudios "a disposición de los partidos políticos y del Gobierno" para que estimen las medidas o bien presenten los recursos.
El informe de los expertos denuncia que las medidas tienen "consecuencias negativas para el mercado" y generan "un tratamiento territorialmente asimétrico en España para los propietarios. "La comunidad autónoma incide directamente en la formación del precio y en la estructura contractual del mercado del alquiler". La regulación de los pisos de temporada y de habitaciones no solo altera el mercado para los propietarios, denuncian, sino que "tiene efectos indirectos sobre la movilidad residencial y el establecimiento, lo que puede producir efectos disuasorios sobre la movilidad residencial".
Finalmente, el informe de los expertos alerta de una "injerencia en el derecho de propiedad privada" en esta regulación, que además "implica trasladar a estos inmuebles los efectos negativos" ya identificados: "aumento de la renta en alquileres de municipios no controlados, reducción de la movilidad laboral, un aumento de la vivienda en propiedad, una reducción de las construcciones nuevas destinadas al alquiler, una reducción de la calidad de las viviendas y una disminución de la oferta de las viviendas de alquiler".