La Seguridad Social ha registrado una pérdida significativa de afiliados en dos de sus sistemas especiales más característicos entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025. Según los datos estadísticos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Sistema Especial Agrario ha perdido cerca de 139.000 afiliados medios en este período, mientras que el Sistema Especial del Hogar ha visto reducida su cifra en 67.600 personas. En términos relativos, estas caídas representan un descenso del 17% en el caso agrario y del 16,5% en el del hogar. Esta evolución ha abierto un debate sobre los factores que explican esta bajada, con interpretaciones divergentes por parte de las organizaciones empresariales y los sindicatos. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha relacionado esta pérdida de afiliados con el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) experimentado en los últimos años.
Según el informe de panorama económico del mes de febrero elaborado por la patronal, la subida del SMI, que acumuló un incremento del 61% entre 2018 y 2025 al pasar de 735 euros mensuales en catorce pagas a 1.184 euros, puede haber contribuido de manera notable al descenso de empleo en estos sectores. Para el año 2026, esta renta mínima ha vuelto a aumentar hasta los 1.221 euros mensuales. La CEOE subraya que, si se considera un período más largo, el alza del SMI entre 2014 y 2025 ha sido del 83,5%. El Sistema Especial Agrario cerró el ejercicio 2025 con una media de 672.439 afiliados. Esta cifra representa una reducción de 19.167 personas respecto al año anterior, lo que supone un descenso del 2,8%. La pérdida es aún más pronunciada si se compara con diciembre de 2018, cuando la media de ocupados en este sistema superaba los 811.000 trabajadores. La CEOE destaca en su informe que este sistema especial ha perdido empleo de manera ininterrumpida desde el año 2018.
En cuanto al Sistema Especial de Empleados del Hogar, el año pasado se cerró con una media de 342.993 afiliados. Este dato supone casi 11.000 afiliados menos que en el año 2024, con un descenso relativo del 3,1%, y 67.641 menos que en 2018, año en que la cifra era un 16,5% superior. La patronal española señala que la cantidad actual es muy inferior a la que se registraba diez años antes, en 2015, y que los retrocesos se han intensificado a partir del año 2018. La organización empresarial pone de relieve una aparente paradoja en esta evolución, ya que esta tendencia decreciente contrasta con la demanda social más elevada de este tipo de personal para tareas como el cuidado de niños y personas mayores o los trabajos domésticos. Cabe recordar que tanto el sistema especial agrario como el del hogar se integraron en el Régimen General de la Seguridad Social el 1 de enero de 2012, y han experimentado diversas modificaciones normativas a lo largo de los últimos años que han afectado a las condiciones de cotización y a los derechos de los trabajadores.
Los sindicatos atribuyen la caída a la regularización y a los nuevos derechos laborales
Desde la perspectiva sindical, las causas de esta disminución de la afiliación media, especialmente en el caso de las empleadas del hogar, deben interpretarse de manera diferente. Diversas organizaciones sindicales vinculan el descenso al impacto de la pandemia y, de manera muy destacada, al nuevo marco de derechos laborales introducido a partir del año 2022 para las trabajadoras domésticas. Los sindicatos sostienen que el mayor reconocimiento de derechos laborales a las empleadas del hogar, junto con las subidas del salario mínimo interprofesional, han contribuido a revalorizar este trabajo. Aunque es cierto que estos cambios han implicado un aumento de los costes de cotización, las organizaciones sindicales recuerdan que también se han establecido bonificaciones y reducciones para los empleadores con el fin de compensar este impacto.
Algunas voces sindicales, como la de USO, expresan dudas sobre si realmente se ha producido una reducción efectiva del número de personas que trabajan en el hogar. Estos sindicatos apuntan a la posibilidad de que una parte de estas trabajadoras no sean dadas de alta en la Seguridad Social y estén cobrando en economía sumergida, sin la protección social que comporta la afiliación al sistema. Esta hipótesis sitúa el foco no tanto en una desaparición de puestos de trabajo como en un posible incremento de la irregularidad en un sector tradicionalmente afectado por esta problemática. La reforma del año 2022 comportó cambios sustanciales para el colectivo. Se reconoció a las trabajadoras del hogar el derecho a cobrar la prestación por desempleo tras la extinción del contrato, lo que hizo obligatorio cotizar por este concepto a partir del 1 de octubre de 2022. Además, se eliminó la figura del desistimiento, que permitía al empleador finalizar la relación laboral sin una causa justificada. También se reconoció el derecho de las trabajadoras a disponer de reconocimientos médicos periódicos adaptados a los riesgos de su trabajo, así como a abandonar el puesto de trabajo en caso de episodios de acoso o violencia. Finalmente, se reforzó la obligación de formalizar el contrato por escrito y de tramitar el alta en la Seguridad Social.
El declive estructural del campo español
En cuanto al sector agrario, la pérdida continuada de empleo responde a factores estructurales que van más allá de las variaciones en el salario mínimo. Los expertos señalan que el campo español hace años que encadena pérdidas de empleo por causas económicas, sociales y derivadas del progreso tecnológico. El incremento de los costes de producción, la falta de rentabilidad de muchos productos agrícolas y los procesos de mecanización y automatización, que han reducido la necesidad de mano de obra, son factores clave en este declive. Estas transformaciones han tenido lugar en un sector que presenta una población trabajadora cada vez más envejecida y con graves dificultades para garantizar el relevo generacional.
Además, en los últimos años, el campo español se ha visto afectado por factores climáticos adversos como sequías prolongadas e inundaciones, que han dañado cosechas y puesto en dificultades explotaciones enteras. A todo esto se añade la competencia desleal y las importaciones procedentes de terceros países, que han presionado a la baja los precios de los productos del sector y han agravado la situación de muchos productores. Este conjunto de factores dibuja un panorama complejo para un sector que continúa perdiendo peso en el mercado laboral español.