Millones de personas han accedido al mercado laboral a través de prácticas formativas que no se traducían en cotizaciones a la Seguridad Social. Este vacío en la vida laboral se convierte en un problema cuando se acerca la jubilación o se necesita acceder a prestaciones contributivas. Para enmendar esta situación, la Seguridad Social ha abierto una vía para recuperar las cotizaciones correspondientes a períodos de prácticas anteriores a 2024, una medida que puede ser decisiva para mejorar la futura pensión.
El mecanismo para regularizar estos períodos es un convenio especial que permite sumar hasta 1.825 días de cotización, es decir, el equivalente a cinco años completos. Esta opción no se aplica de manera generalizada, sino que está reservada para aquellas situaciones en que la persona realizó prácticas académicas sin que estas generaran ningún tipo de aportación al sistema. El interesado debe solicitar el convenio de forma voluntaria, ya que el proceso no se activa automáticamente.
Plazos y condiciones para acogerse
La normativa establece dos supuestos principales para poder beneficiarse de esta medida. En primer lugar, las prácticas no remuneradas realizadas antes de 2024 pueden ser objeto de regularización. En segundo lugar, para otros supuestos, como aquellas prácticas que sí tuvieron una contraprestación económica pero que no cotizaron adecuadamente, el límite temporal se retrotrae hasta el 1 de noviembre de 2011. La distinción entre ambas situaciones es clave para determinar qué períodos pueden ser recuperados.
El plazo para formalizar el convenio especial se extiende hasta el 31 de diciembre de 2028, lo que otorga un margen amplio para decidir si se quiere llevar a cabo la regularización. La persona interesada debe presentar la documentación académica que acredite la realización de las prácticas en los períodos indicados, y debe cumplir con los requisitos que la Seguridad Social ha establecido para cada caso. No todos los períodos de prácticas son recuperables, y será necesario revisar cada situación de forma individual.
El importe que se debe pagar para regularizar las cotizaciones se calcula a partir de la base mínima de cotización para contingencias comunes correspondiente al grupo 7 del Régimen General de la Seguridad Social. Si durante un mismo año existieron varias bases, se toma como referencia la que estaba en vigor el 31 de diciembre de ese ejercicio. A partir de estos datos, se calcula el importe de las cotizaciones de las mensualidades que se quieren recuperar, y luego se aplica una reducción mediante el coeficiente 0,77.
El resultado final es la cantidad que debe abonarse para formalizar el convenio. El coste final puede variar de manera significativa en función de los años que se quieran computar y de las bases aplicables en cada período. Por este motivo, es recomendable que cada persona haga el cálculo del importe que le correspondería antes de decidir si quiere formalizar el convenio. La Seguridad Social ha habilitado herramientas para facilitar este cálculo, aunque la persona interesada también puede dirigirse a sus servicios para obtener una estimación personalizada.
Las modalidades de pago
La normativa prevé dos fórmulas para abonar el importe derivado del convenio especial. La primera es el pago único, que permite liquidar toda la deuda en un solo ingreso. La segunda es el pago fraccionado en mensualidades, que puede extenderse hasta el doble del número de meses recuperados, con un límite máximo de 84 cuotas. Esta flexibilidad permite a cada persona escoger la opción que mejor se ajuste a su capacidad económica. La elección entre una modalidad u otra dependerá de la situación financiera de cada individuo. Aquellos que dispongan de un ahorro suficiente pueden optar por el pago único, mientras que los que prefieran distribuir el gasto en el tiempo pueden decantarse por el pago fraccionado. En cualquier caso, la Seguridad Social ha diseñado este sistema para facilitar que el mayor número posible de personas pueda acceder a la regularización de sus cotizaciones.
La recuperación de las cotizaciones por prácticas puede tener un impacto significativo en el cálculo de la pensión de jubilación. Cada año cotizado se traduce en un incremento de la prestación, y en algunos casos puede ser decisivo para alcanzar el período mínimo de cotización necesario para acceder a la jubilación. Además, la regularización también puede mejorar la base reguladora de la pensión, especialmente si los períodos recuperados corresponden a años en que las bases de cotización fueron elevadas.
Por tanto, la decisión de formalizar el convenio especial no es una cuestión menor, sino que puede tener consecuencias a largo plazo sobre la protección social de la persona. Aquellos que realizaron prácticas no remuneradas antes de 2024 disponen ahora de una herramienta para reparar aquel vacío que, en su momento, quedó fuera del sistema. El plazo hasta 2028 ofrece un margen para tomar una decisión meditada, pero es recomendable no aplazarla excesivamente para evitar posibles contratiempos de última hora.