La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha desplegado hoy un ejercicio de equilibrio político entre la firmeza y la flexibilidad. Ante las cámaras de Televisión Española, Saiz ha negado con rotundidad que la sustancial modificación de la propuesta de cotizaciones para los autónomos para 2026 haya sido producto de la intervención personal del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Más bien, según su versión, es el resultado de un proceso de "escucha activa" a los representantes de los trabajadores autónomos, un colectivo históricamente sensible a las oscilaciones en sus obligaciones fiscales.

"Yo no camino con orejeras y soy consciente de que hay que sacar esto adelante porque se tiene que votar antes del 31 de diciembre", afirmó la ministra con una imagen de pragmatismo. "Hay que concitar los acuerdos y las suficientes mayorías. Es por eso que después de un proceso de escucha de estos últimos días y uniendo las diferentes sensibilidades de las diversas asociaciones, se presenta esta propuesta para 2026". Esta afirmación no solo justifica el cambio, sino que lo sitúa como parte de una estrategia deliberada y colegiada.

La segunda propuesta, llevada ayer a la mesa de diálogo, representa un alivio masivo respecto a la inicialmente planteada. El núcleo del cambio radica en una congelación directa de las cotizaciones para los autónomos con rendimientos netos más modestos, aquellos que se mueven entre los 670 y los 1.166,7 euros mensuales. Para el resto, las subidas previstas se reducen drásticamente, situándose entre un 1% y un 2%, lo que se traduce en un desembolso mensual adicional de entre 2,9 y 14,75 euros, cifras notablemente más asimilables para las pequeñas y medianas empresas.

Este nuevo escenario contrasta vivamente con el panorama que generó una ola de críticas hace semanas. La propuesta original de la Seguridad Social preveía incrementos que iban desde los 17,37 hasta los 206,24 euros al mes para 2026, dependiendo de los ingresos. Estas cifras fueron rechazadas por parte de varios grupos parlamentarios, incluyendo algunos de los socios de coalición del Gobierno, y por asociaciones emblemáticas de autónomos, que alertaron del riesgo de asfixia económica para miles de profesionales.

La ministra Saiz ha afirmado sentirse "absolutamente cómoda" con ambas propuestas. De esta manera, busca legitimar el trabajo técnico inicial de su departamento sin por ello restar validez a la rectificación posterior. Defendió que la primera propuesta, la de las cuotas más elevadas, "no se improvisó", sino que se fundamentó en "las evidencias y los datos" obtenidos durante el primer proceso de regularización de cuotas.

Como prueba de esta fundamentación, mencionó un dato revelador: el 60% de los autónomos decidieron "sobrecotizar" voluntariamente, optando por una cuota de 300 euros mensuales en lugar de los 200 mínimos, con el objetivo de mejorar su futura protección social. "Esta es una evidencia que sirvió para presentar aquella primera propuesta, que yo defiendo, porque hablamos de protección social y hablamos de un horizonte progresivo hasta 2032", argumentó, recordando que la ley de cotización por ingresos reales, aprobada en 2022, marca este camino hacia la plena implantación.

Más allá de los argumentos técnicos, la ministra ha puesto el acento en la ineludibilidad del plazo legal. Ha subrayado con énfasis la importancia crítica de que las nuevas cuotas se voten antes del 31 de diciembre, tal como queda establecido en la reforma de 2022. Es en este contexto que ha lanzado su promesa más personal y contundente: asegura que se "dejará la piel" para poder conseguir un acuerdo tanto en la mesa de diálogo social como en la posterior tramitación en el Congreso de los Diputados.

El reloj político corre, y el gobierno español es consciente de que necesita desactivar un frente de conflicto con un colectivo estratégico. Con la nueva propuesta ya sobre la mesa, el próximo fin de semana está previsto que el Ministerio se reúna de nuevo con las organizaciones de autónomos y los agentes sociales para intentar acercar posiciones definitivamente. La imagen de la ministra Saiz, oscilando entre la firmeza técnica y la flexibilidad política, será clave en estos últimos días de negociación, donde se juega mucho más que unos cuantos euros en una cuota; se juega la paz social con uno de los pilares de la economía española.