El Gobierno de España ha solicitado a la Comisión Europea préstamos por valor de 84.000 millones que serán usados, prácticamente en su integridad, para que las empresas interesadas en participar en los programas de ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) puedan acceder a una financiación barata si la precisan. A diferencia de las ayudas que se han estado gestionando hasta ahora, estos créditos -que se podrán solicitar hasta 2026- son reembolsables, aunque a unas condiciones más favorables que las del mercado, no solo por debajo de los tipos a los que pudiesen acceder las empresas por su cuenta, sino inferiores a las que pueda financiarse el Tesoro español, según remarca el Gobierno. No obstante, los tipos de estos préstamos se determinarán en noviembre o diciembre, cuando el Gobierno español (el que esté en esos meses) firme con la Comisión Europa el acuerdo (Loan Agreement) e, irán variando, en función de las condiciones del mercado.
La Adenda al Plan de Recuperación explica que tendrán un vencimiento a largo plazo, de 30 años, diez años de carencia en el reembolso del principal y los pagos de intereses serán variables y dependerán del coste medio de financiación de la Comisión Europea. Con carácter general, los instrumentos financieros previstos en las nuevas inversiones pueden incluirse en los siguientes tipos: préstamos y líneas de crédito; garantías (avales públicos para la movilización de inversión); toma de participaciones en el capital social de empresas; e instrumentos de capital riesgo.
Financiación de 9 PERTE
Pero los préstamos se circunscriben a proyectos de inversión. Así, de los 84.000 millones que el Gobierno español puede solicitar como máximo a la Comisión Europea, 17.981 millones se destinan a inversiones ligadas a 9 de los 12 PERTE: 10.750 millones son para el de semiconductores o chip, 1.805 millones para la digitalización del ciclo del agua, 1.700 a descarbonización industrial, 1.295 millones para el de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento ERHA, 1.000 millones en préstamos para el vehículo eléctrico, y en menor volumen industria agroalimentaria (460 millones), la nueva economía de la lengua (401), salud de vanguardia (330) y aeroespacial (240).
Fuera de los PERTE, el Gobierno ha dispuesto los restantes 66.328 millones de euros en créditos en 14 fondos, de los que 11 son de nueva creación y 3 creados desde 2020, dos de ellos para apoyar a las empresas afectadas por el covid y el fondo Next Tech para financiar startups tecnológicas y empresas en etapa de evolución tecnológica. Sin embargo, habrá que ver la flexibilidad de los fondos destinados a créditos, pues el Gobierno irá solicitando a la Comisión Europea en función de la demanda de inversión de las empresas y podría darse el caso de que algunas de las partidas tengan excedentes o se queden cortas.
En cualquier caso, los 84.000 millones, aunque los obtenga la Comisión Europea en los mercados financieros para asegurarse unas mejores condiciones, pasarán a engrosar la deuda pública del Estado y también de las comunidades autónomas que se acojan a uno de los nuevos fondos, el de Resiliencia Autonómica dotado con 20.000 millones de euros. Y en caso de que se produzcan fallidos en los reembolsos por parte de las empresas, pasarán a contabilizarse como un gasto público y, por tanto, computará como déficit. Por este motivo, el Gobierno hace hincapié en que la concesión de los préstamos tendrá un “adecuada valoración de riesgos”. A tal fin, participan los agentes financieros de la Administración como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) (responsable de varios fondos), la Compañía de Financiación del Desarrollo (Cofides), las agencias financieras de Comunidades, y los gestores públicos de instrumentos financieros. También se ha asociado al Banco Europeo de Inversiones (BEI) por su experiencia en la financiación de proyectos de inversión en las Comunidades Autónomas.
14 fondos para canalizar la financiación
Entre los 14 fondos, destaca por su volumen financiero el de Resiliencia Autonómica, gestionado por el BEI, que permitirá a las comunidades autónomas participar en la gestión de los préstamos del MRR. Servirá para inversiones ligadas a la vivienda social y asequible y regeneración urbana; transporte sostenible; competitividad industrial y de las pymes; investigación, desarrollo e innovación; turismo sostenible; economía de los cuidados; gestión de aguas y residuos y transición energética. Puesto que suponen un endeudamiento de las comunidades, estarán sujetas al respeto estricto de los criterios de sostenibilidad fiscal. Por eso, el Gobierno establece que “su uso debe dirigirse a financiar inversiones seleccionadas y con un perfil adecuado de riesgo y de rentabilidad económica y social”.
El segundo fondo, por volumen, es la Línea ICO-verde, con 15.500 millones, destinado a inversiones ligadas a la transición ecológica; 7.000 millones van a la Línea ICO Empresas y Emprendedores para apoyar el crecimiento de estas empresas, con una parte especial a las empresas turísticas; 4.000 millones para startups tecnológicas; otros 4.000 millones para la Línea de promoción de vivienda social en alquiler para construir más viviendas y mejorar las existentes; 3.000 millones para el Fondo del Mecanismo RED creado con la reforma laboral que ha de servir para financiar la recalificación de trabajadores en sectores con problemas o el Fondo de Reforma de la inclusión social IMV con 2.530 millones de euros. Igualmente, un Fondo de Incentivos Fiscales dotado con 2.250 millones para fomentar la inversión verde de empresas y hogares; un instrumento de ciberresiliencia y seguridad con 2.200 millones destinados a programas de ciberseguridad en la administración y en sectores productivos de defensa, seguridad, aeronáutica y espacial.
Tras ellos, cuatro fondos más: el de Coinversión (FOCO) con 2.000 millones para coinvertir en empresas españolas con fondos soberanos e inversores institucionales; el Spain Audiovisual Hub con 1.500 millones en créditos a empresas audiovisuales; el fondo de empresas afectadas por la Covid (Sepi y Cofides) con 1.035 millones con el fin de reforzar la solvencia de empresas clave para el tejido productivo, un instrumento de garantía de apoyo a las pymes, dotado con 913 millones para reavalar o refinanciar operaciones de aval o garantía financiera de las Sociedades de Garantía Recíproca y el último fondo es el de Impacto social con 400 millones, dedicado a inversiones que buscan un impacto social/medioambiental con un retorno financiero como mínimo al capital principal invertido.